El abogado Eusebio Vera denunció que el sistema penitenciario boliviano funciona como una estructura económica que genera ganancias a gran escala, sin que exista un control adecuado por parte del Gobierno.
“A nadie le conviene tocar ese tema porque, así como se encuentra, es una máquina de generar dinero a gran escala. Todo centro penitenciario es un negocio a todo nivel. Evidentemente ingresan personas de escasos recursos, pero no saben cuánta economía se mueve al interior de estos recintos penitenciarios”, afirmó Vera a ANF.
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Según el jurista, el Gobierno no tiene interés en implementar un esquema de control efectivo en las cárceles. “Ese es el problema, y al Gobierno, como no le conviene tampoco tener un esquema de control adecuado, obviamente no va a hacer nada”, agregó.
Vera recordó que hace años se propuso la construcción de un nuevo centro penitenciario para trasladar a los internos de San Pedro, sin embargo, el proyecto nunca se concretó porque “así como está, al Gobierno le conviene que se generen problemas, que se genere malestar, le gusta el caos, la anarquía y así es como hemos sido gobernados durante los últimos 15 a 20 años”.
El abogado explicó que este problema ha sido advertido por múltiples expertos en el tema carcelario, e incluso por organismos internacionales, pero sin que se apliquen soluciones reales. “Hay expertos que se han pronunciado y siempre se han pronunciado, pero no existen soluciones reales, nunca. Yo he estudiado esto durante 10 a 15 años, todo el mundo se pronuncia, pero no hay soluciones reales”, lamentó.
De acuerdo a ley, la institución encargada de velar por la seguridad y resguardo de los detenidos preventivos es la Policía boliviana junto con la dirección de Régimen Penitenciario; sin embargo, en la práctica, la realidad es otra.
“Todo cuanto acto suceda al interior de cualquier cárcel en Bolivia es responsabilidad primero de Régimen Penitenciario, porque es la institución que tiene el control administrativo de todas las cárceles del país. Pero si bien tiene el control en la parte administrativa, no tiene el control en la parte funcional. Los que en realidad controlan en la mayoría de los centros penitenciarios del país son los mismos presos, quienes se otorgan seguridad entre ellos mismos”, explicó Vera.
El abogado subrayó que este fenómeno ha sido objeto de análisis y debate durante muchos años, pero las condiciones de los penales siguen sin cambios.
Las cárceles en Bolivia han sido señaladas como focos de corrupción y violencia, donde el autogobierno de los internos genera condiciones propicias para la extorsión, el tráfico de influencias y otros delitos.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado reiteradamente la situación de los reclusos y han exigido que el Estado asuma su responsabilidad en la administración y seguridad de los centros penitenciarios.
Pese a las denuncias, la falta de políticas públicas efectivas mantiene el problema en estado latente, lo que genera preocupación en la sociedad y en los especialistas en derechos humanos y justicia penal.
Fuente: ANF