Tras su victoria en las elecciones presidenciales de 2020, el 9 de noviembre de ese año, Luis Arce posesionó a sus 16 ministros (posteriormente reabriría el Ministerio de Culturas para tener 17 carteras de Estado) que lo acompañarían durante toda la gestión.

Sin embargo, cuatro años y dos meses después, el mandatario cambió 19 veces de ministros, lo que refleja una inestabilidad que ha caracterizado a su gobierno.

Ministros

Al momento de asumir el mando, Arce defendió la conformación de un gabinete calificado como “tecnócrata”, alejado en su mayoría de la representación de las organizaciones sociales, lo que generó molestias dentro de la facción tradicional y radical del Movimiento Al Socialismo (MAS).

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Según el mandatario, la estrategia buscaba la recuperación de la economía, tras la crisis dejada por el gobierno transitorio de Jeanine Áñez. No obstante, la realidad mostró que mantener a su equipo no sería tarea fácil.

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras ha sido donde más cambios se realizaron, cinco titulares hasta la fecha, a raíz de varios conflictos y polémicas.

Corrupción

Wilson Cáceres, su primer ministro, fue obligado a renunciar apenas un mes después de su designación tras revelarse que había contratado a su esposa como jefa de gabinete. Su sucesor, Edwin Characayo, fue sorprendido en flagrancia recibiendo un soborno de $us 20.000 (un adelanto de un monto mayor) para no cerrar un predio, lo que le valió una condena de ocho años de cárcel.

Desde entonces, el cargo ha pasado por varias manos hasta recaer en Yamil Flores, quien asumió en agosto de 2024.

El Ministerio de Medio Ambiente y Aguas también ha estado marcado por la controversia. Juan Santos Cruz, su primer ministro, fue destituido en 2023 tras ser implicado en un escándalo de corrupción por cobrar sobornos para adjudicar obras en el denominado “caso coimas”. Su reemplazo, Rubén Méndez, permaneció menos de un año en el cargo antes de ser relevado por Alán Lisperguer, quien también terminó siendo investigado por ganancias ilícitas a inicios de 2025. Actualmente, la cartera está a cargo de Álvaro Ruiz, en un cambio claramente electoral que de gestión.

El Ministerio de Educación continuó con la tendencia. Adrián Quelca, el primer ministro del área, enfrentó denuncias por favorecer a postulantes a cargos directivos dentro del sistema educativo. Aunque no se le comprobó responsabilidad penal, el escándalo minó su continuidad y fue reemplazado por Édgar Pary, quien también enfrentó acusaciones por tráfico de influencias. Actualmente, Omar Veliz ocupa el cargo, pero su gestión ya está bajo la lupa por denuncias de nepotismo que él niega reiteradamente.

Cambios por salud

En el Ministerio de Salud, el primer designado, Édgar Pozo, renunció tras contagiarse de COVID-19 en plena pandemia. Su sucesor, Jeyson Auza, fue removido sorpresivamente tras más de dos años en el cargo. Actualmente, la cartera está en manos de María Renée Castro, cuestionada por no ser médico de profesión, sino bióloga.

También por un tema de salud y «cuestiones familiares», el Ministerio de Planificación del Desarrollo tuvo que cambiar a su primera titular, Felima Mendoza, en junio de 2022. Su lugar lo asumió Sergio Cusicanqui, quien ocupaba el cargo de viceministro del Tesoro y Crédito Público. El Gobierno le confío la tarea de preparar el Censo de Población y Vivienda y desde su posesión se mantiene cercano a Arce, defendiendo sus políticas económicas.

Cambios

Si bien algunos cambios fueron motivados por escándalos de corrupción o cuestionamientos al desempeño, en otros casos las destituciones responden a presiones políticas y pugnas internas del MAS. Organizaciones y sectores afines al oficialismo han exigido constantemente la remoción de ministros que, a su juicio, no representaban sus intereses.

Es el caso del Ministerio de Minería que tuvo tres titulares hasta la fecha. El primero de ellos, Ramiro Villavicencio, intentó renunciar en marzo de 2023, debido a la polémica Ley de Oro, que obligaba a algunos productores a vender el metal al Banco Central de Bolivia (BCB). Su sucesor, Marcelino Quispe, no logró tener contacto con las organizaciones y no duró ni un año en el cargo. El actual ministro, Alejandro Santos, un exdirigente de las cooperativas mineras, responde a una demanda del sector de tener una autoridad que defienda sus necesidades.

Trabajo solo tuvo dos ministros. De manera sorpresiva, en 2024 Verónica Navia fue destituida para el ingreso de Erland Rodríguez. Después se conoció que la exministra no logró en su gestión lograr el apoyo ni atender los pedidos de la Central Obrera Boliviana (COB) y otros sectores.

De manera similar y en el mismo día, Culturas cambió de titular, entrando Esperanza Guevara por Sabina Orellana. El ministerio fue cuestionado durante toda la gestión, pero se pensó en Guevara como la persona ideal para organizar las actividades para el Bicentenario de este año.

El Ministerio de Relaciones Exteriores fue un caso particular, pues Rogelio Mayta tuvo que dejar su cargo como canciller debido a que asumió como magistrado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) y empezó a residir en Quito, Ecuador. Para llenar el vacío, Arce confío en la tarijeña Celinda Sosa que tendría que enfrentar la integración de Bolivia a bloques económicos como el Mercado del Sur (Mercosur) y los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).

2024

En 2024, Arce tendría que ver partir a dos de sus ministros de mayor confianza. Debido a las presiones de múltiples sectores por la falta de combustible, el Presidente destituyó a Franklin Molina, titular del Ministerio de Hidrocarburos, luego de negarse a esta decisión durante mucho tiempo. Su lugar lo asumió Alejandro Gallardo. Si bien los problemas por carburantes persisten, durante su breve gestión Gallardo facilitó la importación de combustibles para consumo propio por parte de privados y abrió la posibilidad de realizar su venta.

En septiembre de 2024, Arce tuvo que aceptar la renuncia del ministro de Justicia, Iván Lima, el más cuestionado durante la gestión, debido a ser visto como el defensor de los magistrados prorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Su lugar lo asumió el hasta entonces procurador general del Estado, César Siles.