El presidente del Colegio de Economistas de Bolivia, Jorge Akamine, expresó su preocupación respecto a la norma transitoria de la Ley 1613, señalando que su aplicación podría generar efectos negativos en la economía nacional debido a su carácter confiscatorio.
Fuente: El Mundo
Akamine explicó que la normativa presenta intenciones de confiscación, lo que podría afectar a distintos sectores productivos y comerciales del país. En este sentido, advirtió que la implementación de la medida podría desalentar la inversión y generar incertidumbre en los agentes económicos.
Asimismo, manifestó que la planificación y legislación en torno a esta norma ha carecido de un análisis profundo sobre su impacto en la estabilidad económica. «Se percibe una intención de regulación que podría ser perjudicial para el sector privado, especialmente para aquellos vinculados con la producción y comercialización de bienes esenciales», afirmó.
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El economista también hizo referencia a la preocupación de distintos sectores empresariales, quienes consideran que la medida afectará la circulación de productos y fomentará el contrabando.
«Los pequeños productores podrían verse gravemente afectados si no se toman en cuenta sus necesidades y se establecen regulaciones que perjudiquen su producción», señaló.