La norma busca que responsables de vulneraciones asuman el costo económico, protegiendo el patrimonio estatal.
Fuente: La Razón
La Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el Proyecto de Ley de Acción de Repetición Emergente del Pago de la Reparación Patrimonial de Daños y Perjuicios en el Marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
La medida tiene como objetivo recuperar al menos $us 3 millones que el Estado boliviano ha pagado como consecuencia de sentencias y acuerdos de solución amistosa dictados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).
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“Hubo mucho daño económico por parte de la irresponsabilidad de algunos servidores públicos de distintos niveles de Estado, en cuanto a vulneración de derechos humanos y, por estas situaciones, ha pagado unos montos cuantiosos el Estado boliviano; por esa razón, se trabajó esta ley con el objetivo de resguardar la economía del país”, explicó la presidenta de la comisión, Olivia Guachalla.
Ley
El proyecto, que consta de 18 artículos, una disposición adicional única, una disposición transitoria y tres disposiciones finales, establece que una vez que el Estado sea notificado con una sentencia de la Corte-IDH o se alcance un acuerdo de solución amistosa se iniciará un procedimiento administrativo en la Procuraduría General del Estado.
Durante este proceso, se emitirá un dictamen preliminar que, posteriormente, se convertirá en un título de fuerza coactiva, permitiendo que un juez civil dicte sentencia y ordene el pago de los daños económicos al responsable.
La iniciativa fue defendida por el ministro de Justicia, Cesar Siles, y el subprocurador Gustavo Medina, quienes destacaron la importancia de garantizar que quienes vulneren derechos humanos asuman las consecuencias financieras de sus actos.
Según el Ministerio de Justicia, hasta la fecha el Estado ha desembolsado más de $us 3 millones por estos conceptos, situación que la nueva ley busca corregir.
La norma se remitió al pleno de la Cámara de Diputados para su tratamiento y su posible remisión a la Cámara de Senadores antes de su entrada en vigencia.