RAMIRO SANCHEZ MORALES
En una democracia, el acceso a la información y la libertad de expresión son derechos fundamentales que permiten a la ciudadanía participar de manera activa y consciente en la vida política del país. Estos principios no solo están reconocidos en la Constitución Política del Estado de Bolivia, sino que también son pilares esenciales para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio del poder. Bajo esta premisa, más de 100 organizaciones, entre ellas la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), han respaldado una iniciativa del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que busca reinstaurar los debates electorales obligatorios entre candidatos a la Presidencia de Bolivia. Esta propuesta, presentada ante la Asamblea Legislativa, representa un avance significativo hacia una democracia más participativa e informada.
¿Qué es un debate electoral y por qué es importante?
Un debate electoral es un espacio de diálogo público en el que los candidatos a cargos de elección popular presentan y defienden sus propuestas, ideas y planes de gobierno ante la ciudadanía. Este intercambio de ideas no solo permite contrastar posturas, sino que también fomenta la reflexión y el análisis crítico sobre los desafíos que enfrenta el país. Los debates son una herramienta fundamental para que los votantes conozcan a fondo a quienes aspiran a representarlos, evaluando no solo sus propuestas, sino también su capacidad de liderazgo, coherencia y preparación para asumir responsabilidades públicas.
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En un contexto como el boliviano, donde el nivel educativo ha experimentado un declive en las últimas dos décadas, los debates se convierten en una oportunidad invaluable para que la ciudadanía se informe y ejerza su derecho al voto de manera más consciente y responsable. Además, estos espacios contribuyen a reducir la desinformación y los prejuicios, promoviendo una cultura política basada en el diálogo y el respeto. En un escenario político marcado por la polarización y la manipulación mediática, la implementación de debates obligatorios constituye una herramienta efectiva para combatir las noticias falsas y fortalecer el pensamiento crítico de los electores.
El derecho a conocer a los candidatos
El derecho a conocer a quienes aspiran a gobernar es inherente a la democracia. La ciudadanía no solo tiene el derecho, sino también la necesidad de saber quiénes son los candidatos, cuáles son sus propuestas y cómo planean abordar los problemas del país. Este derecho está íntimamente ligado a la libertad de expresión y al acceso a la información, reconocidos como derechos humanos fundamentales en instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En Bolivia, este derecho está consagrado en la Constitución Política del Estado. El artículo 21 establece que «las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente». Además, el artículo 106 garantiza la libertad de expresión, señalando que «toda persona tiene derecho a comunicarse y a expresar sus pensamientos y opiniones por cualquier medio de difusión, sin censura previa». Estos principios constitucionales refuerzan la importancia de los debates electorales como un mecanismo para garantizar que la ciudadanía esté debidamente informada.
La libertad de expresión: Un derecho humano y constitucional
La libertad de expresión es un derecho humano fundamental que permite a las personas expresar sus ideas, opiniones y críticas sin temor a represalias. En Bolivia, este derecho está protegido por la Constitución y por tratados internacionales ratificados por el Estado. La libertad de expresión no solo beneficia a los individuos, sino que también fortalece la democracia al promover el debate público, la diversidad de ideas y la transparencia en la gestión pública.
Los debates electorales son una expresión concreta de este derecho. Por un lado, permiten a los candidatos ejercer su libertad de expresión al presentar sus propuestas y defender sus posturas. Por otro lado, garantizan a la ciudadanía el derecho a recibir información veraz y plural, lo que es esencial para tomar decisiones informadas en las urnas. En este sentido, los debates no solo son un espacio de diálogo político, sino también un mecanismo para fortalecer la democracia y la participación ciudadana.
Una tradición perdida y la necesidad de recuperarla
En Bolivia, la tradición de los debates presidenciales se extinguió tras la llegada de Evo Morales a la Presidencia en 2006. Durante su mandato, que se extendió hasta 2019, se evitó sistemáticamente la exposición pública de planes de gobierno y el debate con oponentes políticos. Esta falta de diálogo, sumada al dominio partidario en la Asamblea Legislativa Plurinacional, limitó la fiscalización y el contrapeso político, debilitando el sistema democrático. Este silencio se aprovechó para usar el poder discrecionalmente sin la fiscalización que corresponde en un estado constitucional de derecho, que se dice que es democrático.
La ausencia de debates ha dejado a la ciudadanía con información parcial y muchas veces sesgada, lo que impide una evaluación objetiva de los candidatos y sus propuestas. En contraste, en países con democracias más consolidadas, los debates electorales son eventos clave en cada proceso electoral, brindando a los ciudadanos herramientas para discernir y evaluar con profundidad a sus futuros líderes.
La iniciativa del TSE de reinstaurar los debates electorales obligatorios representa una oportunidad para recuperar esta tradición y fortalecer la democracia boliviana. Al obligar a los candidatos a debatir públicamente, se garantiza que la ciudadanía tenga acceso a información clara y directa sobre las propuestas de quienes aspiran a gobernar. Además, se fomenta una cultura política basada en el diálogo y el respeto, en lugar de la imposición y el autoritarismo.
Conclusión: Hacia una democracia más transparente y participativa
En un momento en el que el nivel educativo ha descendido y la desinformación puede influir en las decisiones políticas, los debates se convierten en un antídoto contra la ignorancia y la manipulación. La obligatoriedad de los debates es más que una norma electoral: es un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas que empodera al ciudadano y fortalece la institucionalidad democrática.
Es hora de que los candidatos asuman su responsabilidad de debatir y de que la ciudadanía exija su derecho a conocer a quienes aspiran a gobernar. Esta iniciativa no solo beneficia a los votantes, sino que también contribuye a la construcción de un país más justo, transparente y democrático. Es el tiempo de conocer y evaluar a los candidatos, a sus críticos, detractores y simpatizantes. Este es un elemento que nos permitirá avanzar en democracia.
Es también importante en caso de que la Asamblea Legislativa no apruebe este proyecto y la convierta en Ley, que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en aplicación de la Constitución, de los derechos de la ciudanía, de la propia Ley Electoral y de su ejercicio como órgano de poder, busque las salidas alternativas, que se encuentren dentro del margen constitucional y legal para avanzar en este proyecto.
¡Apoyemos los debates electorales obligatorios como un paso hacia una democracia más fuerte y participativa!