En el Senado aprobaron en días pasados el proyecto de ley de ‘impugnación de anexos ilegales del PGE’. El Comité multisectorial señala que solo irá al diálogo si hay una derogación de la polémica disposición.
A casi una semana la aprobación del proyecto de ley de ‘impugnación de anexos ilegales del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025’ en el Senado, la iniciativa legislativa aún no fue puesta en la agenda de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, según confirmó el parlamentario arcista Andrés Flores (MAS-IPSP).
Tal proyecto de ley contempla, entre otras medidas, la derogación de la disposición adicional séptima, misma que contempla decomisos y confiscaciones por parte de instancias estatales si se considera que un producto tiene precio elevado y que desencadenó en una movilización multisectorial que se llevó adelante este lunes en diferentes regiones del país.
“No tenemos conocimiento de este proyecto de ley que han aprobado en el Senado, pero esto es simplemente perjudicar al gobierno, perjudicar al país. Yo creo que no tiene ni pies ni cabeza”, sostuvo el legislador arcista.
Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados
La propia Comisión había iniciado el análisis del proyecto de ley del PGE en diciembre, eliminando esta disposición; no obstante, al no ser tratada por el pleno de Diputado y en el Senado, entró en vigencia el 1 de enero sin las respectivas modificaciones.
Para Flores, detrás de esta iniciativa legislativa -impulsada por un senador evista- hay una intención de bloquear al Gobierno nacional, al resaltar que no han recibido hasta la fecha el proyecto de ley y sostuvo que el tema de la disposición debe ser tratado a través de la reglamentación, por lo que pidió a los sectores movilizados sentarse a dialogar.
Sin embargo, desde el Comité multisectorial cerraron filas y ratificaron que no irán a ningún diálogo con el Gobierno hasta que no haya una derogación de esta disposición que consideran que atenta con la iniciativa privada y la seguridad jurídica.
“Nosotros siempre hemos estado en el diálogo, nunca hemos cerrado las puertas, pero no vamos a sentarnos en una mesa hasta que no esté derogada la disposición séptima”, señaló al respecto el presidente en ejercicio de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking.
El dirigente recordó que en el mes de diciembre se había advertido que tal disposición estaba “entrando de contrabando” en la Ley Financial; no obstante, la misma entró en vigencia a inicios de enero sin pasar el filtro de la Asamblea Legislativa.
Además del mencionado proyecto de ley, hay otros dos que se centran en la derogación de este apartado: uno que fue presentado desde la bancada de Comunidad Ciudadana el pasado 16 de enero y otro -con las mismas características – impulsado por el Comité multisectorial.
Los movilizados anunciaron que irán aun ampliado la próxima semana con miras a asumir nuevas medidas y no se descarta la radicalización de las medidas de presión, de acuerdo con el reporte que dieron de manera conjunta este lunes.