El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, señaló que el acuerdo entre el Gobierno y la CEPB significa aceptar el principio de la norma cuestionada.
[Foto: Cainco] / Jean Pierre Antelo, presidente de la Cainco
El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, cuestionó el acuerdo entre empresarios y el Gobierno sobre la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE). Remarcó que la única solución es la abrogación inmediata.
“Llamar ‘acuerdo’ a una dilación para reglamentar una norma que debe ser abrogada es aceptar su principio, y en este caso, el principio es nefasto: facultar al Estado a confiscar productos bajo el pretexto del agio es dinamitar la seguridad jurídica de la cadena productiva”, publicó en sus cuentas de redes sociales.
Llamar ‘acuerdo’ a una dilación para reglamentar una norma que debe ser abrogada es aceptar su principio, y en este caso, el principio es nefasto: facultar al Estado a confiscar productos bajo el pretexto del agio es dinamitar la seguridad jurídica de la cadena productiva.
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— Jean Pierre Antelo (@jpierread) February 12, 2025
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y el Gobierno acordaron el martes congelar la aplicación de la disposición adicional séptima de la Ley Financial referida a los decomisos de productos en caso de agio y especulación.
Un día después suman las críticas. En su publicación, Antelo señaló que la cadena productiva está cansada de estar en “el banquillo de los acusados”, de que se le frene la exportación y se le infunda miedo para comercializar en el país.
“No son privilegios, son reglas claras. La única solución es la abrogación inmediata como muestra de visión país”, señaló.