De aprobarse la medida en Bolivia, miles de adultos mayores perderían una fuente crucial de ingresos, incluso aquellos con pensiones bajas. Esto representa un retroceso en la protección social y plantea una pregunta clave: ¿quién debe asumir el costo del ajuste económico, la población más vulnerable o el Estado?
Foto: ABI
Fuente: Brújula Digital
Mirna Quezada Siles
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En Bolivia, la Renta Dignidad es más que una transferencia monetaria, es un pilar fundamental de la seguridad social para los adultos mayores. Sin embargo, el gobierno ha propuesto una modificación en el Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado 2025, que eliminaría este beneficio para ciertos jubilados. La justificación oficial es la necesidad de redirigir los recursos a sectores más vulnerables pero… ¿es ésta realmente la mejor solución? ¿Puede ponerse en riesgo un derecho fundamental?
De aprobarse la medida, miles de adultos mayores perderían una fuente crucial de ingresos, incluso aquellos con pensiones bajas. Esto representa un retroceso en la protección social y plantea una pregunta clave: ¿quién debe asumir el costo del ajuste económico, la población más vulnerable o el Estado?
Heredera del Bonosol y Bolivida
La Renta Dignidad no es un regalo del gobierno de turno, sino la evolución de programas de asistencia que han garantizado un ingreso mínimo a los adultos mayores durante décadas.
En 1996, durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, se creó el Bonosol (Bono Solidario), financiado con las utilidades de las empresas capitalizadas. Este programa otorgaba Bs 1.300 anuales a personas mayores de 65 años. Sin embargo, según manifestaban algunos analistas de ese tiempo, tuvo dificultades de financiamiento.
En 1998 el gobierno de Hugo Banzer Suárez lo reemplazó por el Bolivida, reduciendo el monto a Bs 395 anuales porque se consideraba insostenible realizar mayor erogación de dinero en este beneficio. Esto generó fuertes protestas en la población e incluso se creó la Asociación de Bonosolistas en el país.
De retorno a la presidencia de Bolivia, Sánchez de Lozada restableció el Bonosol con su nombre original. El 28 de noviembre de 2002 se promulgó una nueva ley que elevó el monto anual a Bs 1.800 para todas las personas mayores de 65 años. Además, se estableció que quienes tenían 21 años al 31 de diciembre de 1995 tendrían derecho a recibirlo al cumplir los 65 años.
En 2007, el gobierno de Evo Morales Ayma transformó el Bonosol en la actual Renta Dignidad, que amplió la cobertura a personas de 60 años o más, con pagos mensuales de Bs 350 (Bs 4.550 anuales para quienes no tienen jubilación y Bs 3.900 para jubilados). A lo largo de los años, esta renta ha sido un factor clave en la estabilidad económica de miles de familias.
De eliminarse la Renta Dignidad ¿quiénes serían los afectados?
Según fuentes del área económica, el PGE 2025 propone eliminar la Renta Dignidad para ciertos jubilados con el argumento de que algunos perciben ingresos elevados. La suspensión afectaría a jubilados que continúan trabajando en el sector público o privado, así como a empresarios, accionistas y directores de empresas con estabilidad económica. También se aplicaría a militares retirados que reciben jubilaciones equivalentes al 100% de su último salario.
Las modificaciones establecen que quedarían excluidos de la Renta Dignidad los jubilados con ingresos del Tesoro General de la Nación (TGN), quienes reciben una fracción de la compensación de cotizaciones del antiguo sistema de reparto y se jubilaron con las AFP o la Gestora, jubilados del sector privado, accionistas o directores de empresas privadas y beneficiarios de gastos funerarios por el fallecimiento de su cónyuge.
Si bien la medida busca excluir a sectores con mayores ingresos, también impactaría a jubilados con pensiones reducidas, quienes dependen de la Renta Dignidad para cubrir sus necesidades básicas, afectando así a los más endebles económicamente.
Marco legal
La Renta Dignidad tiene un respaldo normativo que también ha evolucionado con el tiempo. Su base legal comenzó con la Ley 1732 de 1996, que estableció el Sistema de Regulación Financiera (SIREFI) para supervisar las pensiones. En 1998, la Ley 1864 creó la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros (SPVS), reemplazada en 2010 por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) bajo la Ley Nº 065.
El Decreto Supremo 29400 de 2007, emitido por el gobierno de Evo Morales, formalizó la creación de la Renta Dignidad como un beneficio universal y no contributivo. En 2009, el Decreto Supremo Nº 0071 creó la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones y en 2010, la Ley Nº 065 amplió su competencia, convirtiéndola en la APS, bajo el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo fue creada por la Ley N° 065 de 2010 como una Empresa Pública Nacional Estratégica con autonomía administrativa y financiera. Su implementación marcó el fin de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) Previsión BBVA y Futuro de Bolivia, que dejaron de operar en mayo de 2023 y desde entonces, la Gestora Pública administra las jubilaciones y la Renta Dignidad en Bolivia, centralizando el Sistema Integral de Pensiones también bajo la tutela del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Financiamiento y forma de pago
El Bonosol se financiaba con las utilidades de las empresas capitalizadas (como Corani, Guarachi, Valle Hermoso, Entel, Ferroviaria Andina, Ferroviaria Oriental, Petrolera Andina, Petrolera Chaco y Transredes) y su pago estaba a cargo de las AFP a través de entidades financieras, supervisadas por la ex SPVS. Para garantizar que todos los beneficiarios accedieran al bono, se implementó una estrategia de comunicación masiva, que incluyó anuncios en radio, televisión y prensa, además de brigadas móviles que recorrieron comunidades alejadas.
El Bolivida, por su parte, se financió con los Fondos de Capitalización Colectiva (FCC). Su pago también se realizaba a través de entidades financieras y brigadas móviles. En esta etapa, se reforzó la campaña de información, utilizando medios locales y regionales para asegurar que nadie quedara sin cobrar.
La Renta Dignidad se sostiene con el Fondo de la Renta Universal de Vejez (FRUV), cuyos ingresos provienen del 30% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y dividendos de empresas estatales. A diferencia de los programas anteriores, su administración pasó a la Gestora Pública, y su pago se efectúa a través de bancos, cooperativas y puntos de pago móviles que llegan a zonas rurales. Sin embargo, la reducción en la producción de gas ha disminuido los ingresos del IDH, generando un déficit anual de Bs 1.000 millones.
El siguiente cuadro, sacado del documento “Diez años de regulación” (Resumen Ejecutivo 1998-2008) de la ex SPVS muestra la evolución de las transferencias económicas destinadas a los adultos mayores en Bolivia, desde la creación del Bonosol en 1997, su transición a Bolivida y su posterior consolidación como Renta Dignidad en 2008. Se detallan los montos otorgados, el número de beneficiarios y el total pagado en cada periodo, reflejando el impacto y la expansión de estas prestaciones en la población.
**Bs 200 para beneficiarios que no perciben renta o pensión y Bs 150 para beneficiarios rentistas y pensionados
Sistema de pensiones y la dignificación de la vejez
Un especialista en pensiones, que prefirió mantenerse en el anonimato, explicó que la jubilación tiene como objetivo reemplazar los ingresos del trabajador al llegar a cierta edad, idealmente cubriendo entre el 50% y 70% de su salario. En el antiguo sistema de pensiones, los trabajadores que aportaban durante 25 años podían recibir una pensión equivalente al 70% de su sueldo. Sin embargo, con la implementación del sistema de capitalización individual a través de las AFP y, posteriormente, la Gestora, ya no se garantiza un porcentaje fijo del salario, sino que la pensión depende del ahorro acumulado en la cuenta individual, lo que en la mayoría de los casos no alcanza ni el 40% del salario previo a la jubilación.
Adicionalmente, señaló que este sistema sólo protege a una minoría de trabajadores, ya que menos del 20% de la población en Bolivia está afiliada a la seguridad social de largo plazo. Es por eso que para quienes nunca aportaron, se creó “una medida extraordinaria”: el Bonosol que posteriormente evolucionó hasta convertirse en la Renta Dignidad.
El experto destacó que este beneficio mejoró la cobertura de la seguridad social, fortaleciendo las economías familiares y dignificando la vejez. Y -efectivamente- varios estudios han demostrado que la Renta Dignidad (antes Bonosol y Bolivida) no solo renovó la autoestima de los adultos mayores, sino que también cambió su rol dentro de las familias, permitiéndoles contribuir económicamente y, en muchos caos, convertirse en el sostén principal.
Los riesgos de eliminar la Renta Dignidad
Dentro lo señalado anteriormente, eliminar la Renta Dignidad para ciertos jubilados no solucionará la crisis fiscal, pero sí tendrá graves consecuencias sociales. La pobreza en la vejez aumentará, afectando a quienes dependen de este ingreso para cubrir necesidades básicas. La desigualdad también se profundizará ya que muchos jubilados con pensiones reducidas quedarán en una situación económica precaria. Además, la economía familiar se verá afectada, sobre todo en zonas rurales donde este ingreso es fundamental.
En lugar de recortar la Renta Dignidad, el gobierno debería explorar alternativas para garantizar su sostenibilidad, como optimizar la recaudación tributaria, reducir la evasión fiscal, reasignar recursos de sectores menos prioritarios, fortalecer la inversión en hidrocarburos para aumentar los ingresos del IDH y crear un fondo complementario con aportes privados e internacionales.
La vejez no debería ser sinónimo de pobreza ni abandono. La Renta Dignidad ha permitido a miles de bolivianos vivir con mayor tranquilidad en su última etapa de vida. Bolivia necesita un sistema de seguridad social sólido y sostenible.