Los agentes de la Policía de Trinidad aprehendieron al funcionario y lo trasladaron a celdas policiales. Fue sindicado por uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica
[Foto Fiscalía. ] / El momento de la aprehensión del funcionario de Derechos Reales.
Fuente: UNITEL
En medio de las pesquisas nacionales que ejecuta el Consejo de la Magistratura a las oficinas de Derechos Reales luego del escándalo en Santa Cruz, ha salido a la luz otro caso de presunta corrupción, esta vez en oficinas de Trinidad.
Por este reciente caso, revelado esta semana, un registrador fue aprehendido y ahora aguarda la audiencia de medidas cautelares.
El fiscal departamental de Beni, Gerardo Balderas, informó este sábado que esa repartición activó una investigación en contra del registrador de Derechos Reales de Trinidad, Freddy G. S. Á.
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Los agentes de la Policía de Trinidad aprehendieron al funcionario y lo trasladaron a celdas policiales. Fue sindicado por uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Según la denuncia, aprovechando su cargo de registrador, Freddy ordenó la modificación del sistema SINAREP de Derechos Reales para “levantar” un asiento de titularidad de una empresa privada que lo denunció ante las autoridades, dijo Balderas.
El fiscal del caso, Jorge Limpias, detalló que la declaración del informático fue clave para la investigación porque reveló que el registrador ordenó eliminar y modificar el asiento A-5 de una matrícula a través de una papeleta de modificaciones y una resolución administrativa.
También recalcó que toda modificación que realizó como informático fue por orden del registrador, procedimiento que está respaldado con documentación y solicitudes formales.
La decana del Consejo de la Magistratura, Gabriela Araoz López, y el consejero Carlos Spencer Arancibia informaron el jueves que la institución presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra seis funcionarios de la Oficina de Derechos Reales de Trinidad.
Las investigaciones revelaron que un grupo de funcionarios manipuló los registros para anular anotaciones preventivas de inmuebles, lo que generó un perjuicio económico estimado en Bs 6 millones.
Santa Cruz
A principios de febrero, un tribunal envió a la cárcel al juez y dos funcionarios investigados por el presunto desvío de Bs 2 millones a cuentas de particulares.
En este caso también son investigados tres funcionarios, dos recibieron detención preventiva mientras que el último fue dejado en libertad.
Fuente: UNITEL