Según datos de la Defensoría del Pueblo no hay ni una sanción por las torturas cometidas por los agentes del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) de la Policía Boliviana.
Fuente: ANF / La Paz
La noche del jueves 16 de enero, Juan Laura, chofer de ocupación, acudió voluntariamente a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz para brindar su declaración sobre la desaparición de su exnovia. Su vida cambiaría drásticamente en las próximas horas. En vez de una investigación científica y proceso justo, se convirtió en víctima de una brutal sesión de tortura a manos del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI).
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Este delito, pese a las prácticas en instancias policiales no tiene ninguna sanción. Las autoridades policiales, la fiscalía, el juez y en este caso el propio abogado defensor de Juan “normalizan” o eluden su responsabilidad sobre el tema. Según datos de la Defensoría del Pueblo no hay ni una sanción por torturas.
Las amenazas de muerte y el aislamiento total de sus familiares, se convirtió en una táctica policial para vulnerar los derechos fundamentales y posibilitar la tortura. El ITEI sostiene que en las primeras horas de detención es cuando se cometen estas torturas.
La pesadilla comienza
Juan fue recibido por el policía Mario Sirpa y trasladado a la FELCC de la calle Sucre. Ahí, sin explicaciones, le informaron que su caso estaba vinculado a trata y tráfico de personas. Sin derecho a defensa ni pruebas en su contra, lo esposaron y le tomaron fotos sosteniendo un cartel incriminatorio.
Pese a que informó al fiscal de turno, Ramiro Hinojosa, que desconocía el paradero de su exnovia y que lo que le hacían era un abuso, este guardó silencio, permitiendo que el horror continúe.
A la mañana siguiente, fue sacado de su celda por un policía de civil y llevado al último piso de la FELCC, donde opera el DACI. Sin preámbulos, el policía lo abofeteó y lo increpó: “¿Dónde está? ¿Dónde la has matado?” Ante la negativa de Juan, el agente llamó a tres de sus compañeros del “talento humano” y ordenó: “Sométanlo a este”.
Fue inmovilizado en el suelo, boca abajo. Uno de los agentes se sentó en sus piernas mientras otro le dobló los brazos dolorosamente hacia atrás. La golpiza incluyó patadas en la cadera y golpes en la espalda. No podía respirar. Para acentuar su tormento, le colocaron una bolsa negra en la cabeza hasta que perdió el conocimiento.
Entre risas, los policías grababan la sesión de tortura con sus celulares. Uno de los agresores, un agente de baja estatura con bigote, demostró especial sadismo, mirándolo con desprecio, describe. Cuando Juan se desmayaba, lo reanimaban con agua fría solo para continuar con la agresión.
Después de una hora de tormento, Juan, al borde del colapso, accedió a decir lo que sus torturadores querían escuchar: “La maté, está enterrada en mi casa”. Inmediatamente, los agentes llamaron a Sirpa: “Ya confesó, vamos a su casa”.
En una vagoneta, los cuatro verdugos lo llevaron a su domicilio. Juan intentó ganar tiempo, esperando que alguien lo viera. Cuando una vecina notó su estado y cuestionó a los policías, estos lo subieron de inmediato al vehículo y reiniciaron las amenazas: “Nos has utilizado, ahora sí te vamos a matar”.
Golpes en el trayecto, amenazas de ser llevado a la Cumbre para ser electrocutado y ejecutado. En su desesperación, intentó abrir la puerta de la vagoneta para lanzarse, pero no lo logró.
Juan Luis Ledezma, coordinador del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) de la Defensoría del Pueblo, afirmó a ANF que la tortura sigue siendo utilizada como un método de investigación dentro de la Policía boliviana.
Indicó que, si bien el nivel de gravedad ha disminuido, persisten prácticas como los golpes, la asfixia con bolsas plásticas y la privación de agua y alimentos para debilitar a los detenidos.
“Todavía se utilizan técnicas como, por ejemplo, poner una bolsa plástica en la cabeza hasta hacer desmayar por la falta de oxígeno, o temas de no dar agua, no dar ningún tipo de alimentación para hacer disminuir las capacidades (…), la tortura sigue siendo utilizada como método investigativo de la policía”, afirmó el funcionario a ANF.
La complicidad del sistema
Al volver a la FELCC, lo subieron directamente al DACI para evitar que otros notaran su estado. La tortura continuó con bates en las piernas y golpes hasta perder nuevamente el conocimiento.
Uno de los agentes, finalmente, reconoció: “Este no sabe nada, no va a hablar”. No obstante, las amenazas se intensificaron. “No has visto nada, si hablas, tu familia pagará”. Para humillarlo, lo obligaron a besar el suelo ensangrentado y limpiar su propia sangre con su chamarra.
Incluso la capitán Gabriela Coca, directora de Trata y Tráfico, lo visitó, observó su estado y se limitó a decir: “Mañana vendrá un investigador”. Nada hizo para frenar la brutalidad.
El investigador Eduardo Aspi Pucho, enviado por Coca, también reconoció la rutina de tortura: “¿Ya lo han sometido a este cuate allá arriba?”. Las torturas en el DACI son un método de investigación científica.
Indiferencia judicial y extorsión
Durante su audiencia virtual, Juan mostró sus heridas al secretario del fiscal, pero este no reaccionó. Ni los fiscales ni el abogado de la defensa pública lo respaldaron.
Juan le dijo a su abogado, Gustavo Laime Flores, toda la tortura que había sufrido para que haga una denuncia pública, y este le respondió: “no me metas en todo este show que ha pasado”.
Mientras tanto, los policías intentaban extorsionarlo: “Yo gano más de 10.000 dólares por caso. ¿Cuánto tienes para que no te mate?” Ante su respuesta de que solo contaba con unos 3.000 bolivianos, la amenaza fue directa: “Pensé que tenías más, te vamos a matar”.
Durante su detención, se le impidió recibir visitas de su familia. Los policías le negaron agua y comida. Solo pudo ver a su familia el jueves 23 de enero, al salir de la cárcel de San Pedro. Nunca recibió apoyo legal ni ayuda psicológica.
Emma Bravo, directora ejecutiva del Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI), subrayó que la Policía y las Fuerzas Armadas, en complicidad de fiscales y jueces, siguen siendo las principales instituciones que cometen tortura en Bolivia, pese a tratarse de un delito de lesa humanidad.
“Decimos esto porque muchas de las personas que nos han dado testimonio o que se tratan en el ITEI, nos dicen: ‘yo le he mostrado al juez las marcas de la tortura y me ha dicho: ¿Eso? Bueno’, y no se anota”, señaló Bravo en la presentación de la Coalición Ciudadana contra la Tortura.
Agregó que como institución conocieron el caso de una mujer joven que fue “bárbaramente torturada” en 2022 en la FELCC, y cuando ella lo denunció ante el juez, que incluso casi la violan, éste le respondió: “No significa nada”.
Hoy, Juan Laura vive con el trauma de aquellos días interminables. “Cada vez que escucho mi nombre, creo que vuelvo a estar en las celdas. Cuando veo un policía, me escondo. No quiero saber nada de ellos”, confiesa.