Gobierno ofrece Pando a cocaleros avasalladores


TIPNIS. Almaraz dijo que ellos casi matan al Director Jurídico de su Vice. Cocaleros buscan venganza e indígenas denuncian el uso de armas de guerra. Los cabecillas del asentamiento ilegal en el área protegida son ex dirigentes cocaleros que llevaron a unas trescientas familias a la zona.

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Repliegue: los colonos que se asentaron en el Isiboro esperaban ayer a autoridades nacionales en Villa Tunari



La Prensa

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Almaraz ofrece tierra en Pando y anuncia juicio a los cocaleros

GOBIERNO CREE QUE DIRIGENTES DEL TRÓPICO E INDÍGENAS PROMOVIERON AVASALLAMIENTO

El 12 de junio, el presidente Evo Morales entregó los títulos ejecutoriales a los indígenas del TIPNIS.

El viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, ofreció ayer tierras en el departamento de Pando a los avasalladores del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), aunque advirtió de que enjuiciará a los dirigentes por los hechos de violencia producidos entre el viernes y sábado.

Ayer, en conferencia de prensa, Almaraz sostuvo que “la situación está bajo control”, aunque lamentó la muerte de una persona y las heridas de bala sufridas por otras dos.

El sábado 26, en la comunidad San Miguelito, indígenas y cocaleros, quienes ingresaron unos 50 kilómetros en el área protegida, se enfrentaron con violencia.

El director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Juan Carlos Rojas, y el secretario general de la Prefectura de Cochabamba, David Herrera, fueron comisionados para reunirse con representantes de los cocaleros para hacer el ofrecimiento formal de dotación de tierras en Pando.

El encuentro debió cumplirse desde las 20.00 de ayer en Villa Tunari, pero la intensa lluvia, según explicó Herrera a La Prensa, caída a la altura de El Sillar hizo que el viaje se haga con mayor lentitud.

Herrera dijo que Rojas sufrió similar retraso, por lo que la reunión se llevará a cabo en el curso de las siguientes horas.

Este diálogo, que no supondrá negociaciones para la entrega de lotes en el parque, será el mecanismo que se aplicará para evitar que los casi 300 afiliados al Sindicato 16 de Octubre vuelvan a avasallar el territorio indígena, pese a la violencia con que actuaron el viernes 25, cuando se les entregaba memorandos para que salgan del área.

En el lugar se asentaron los sindicatos Valle Encantado, Nueva Estrella, Minera Llallagua, Urkupiña, Independencia, Uncía y Santa Rita.

Un contingente policial permanece en la zona para evitar que otras o las mismas personas se establezcan en la reserva, aunque se conoce que hay otros campamentos ilegales dentro de los límites del TIPNIS que, según Almaraz, serán desalojados.

Los títulos ejecutoriales fueron firmados y entregados el 12 de junio por el presidente Evo Morales, por lo que al ser tierras comunitarias de origen no son susceptibles de ser invadidas o transferidas a particulares.

Repliegue de cocaleros

Desde el lunes por la tarde y el martes por la mañana, 160 policías junto con efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) destruyeron cultivos ilegales de coca en el TIPNIS y quemaron alrededor de 100 chozas abandonadas por los cocaleros que se replegaron a Villa Tunari.

También fue demolida la sede del Sindicato 16 de Octubre, que no pudo —anotó— ser erigida por campesinos pobres, y los organismos del orden secuestraron motores generadores de electricidad, bicicletas y fulminantes para la detonación de dinamita.

Almaraz no concurrió a una reunión prevista para el martes a las 11.00 en la Alcaldía de Villa Tunari, porque dijo que el operativo de erradicación de cocales se prolongó más de lo que esperaba.

Esa acción fue la tercera de esta naturaleza que se realiza en el Isiboro Sécure desde que Evo Morales asumió la Presidencia. “El origen de este conflicto fueron los asentamientos ilegales en un área protegida, de propiedad legalmente constituida” a favor de las etnias chimane, yuracaré y mosetén.

Alejandro Almaraz dijo que ambos bandos estaban armados con machetes, cuchillos, escopetas, rifles, flechas y dinamita, que sólo portaban los avasalladores.

Los atacantes aseguran que permanecen en la zona desde hace unos cinco años.

El Gobierno no descarta la posibilidad de que los asentamientos ilegales hubieran sido promovidos por delegados de las Seis Federaciones del Trópico cochabambino y ex dirigentes de organizaciones indígenas.

“Es la hipótesis que tenemos. Es plenamente válida. Hay personas que desde hace tiempo promovieron estos asentamientos y no es descartable que estas personas estén dentro de los sindicatos campesinos del trópico de Cochabamba y de los indígenas”.

Son “inmorales, irresponsables y despreciables” quienes se valen de sus cargos para lucrar y permitir los asentamientos, por lo que el Viceministerio de Tierras proseguirá la investigación del caso, independientemente de la tarea que desarrolla el Ministerio Público sobre el asunto.

“Como autoridades, tenemos la responsabilidad de enjuiciar con todo rigor a las personas que son causantes de estos asentamientos y realizar profundas investigaciones hasta determinar la responsabilidad de cada caso”.

La autoridad dijo conocer la identidad de los promotores de los problemas, aunque al igual que el fiscal de Villa Tunari, no quiso revelar quiénes son.

En el área invadida se encontraron grandes extensiones de hoja de coca y “pequeños cultivos” de maíz, soya y otros.

“Es evidente que estos asentamientos estaban dedicados sobre todo al cultivo ilegal de coca (…) y que esa coca ilegal puede ir al narcotráfico. Me parece altamente probable”.

Según versiones de los indígenas, los avasalladores son alrededor de 700, aunque el Gobierno calcula que se trata de unas 300 personas.

Abogado del Estado casi muere en San Miguelito

El abogado Freddy Vásquez, funcionario del Viceministerio de Tierras, estuvo a punto de ser asesinado el viernes 25 en la comunidad de San Miguelito, situada dentro de los límites del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), por unos 300 cocaleros exaltados que se resistieron a recibir órdenes de desalojo de la región.

Una comisión del Viceministerio de Tierras y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), junto con un grupo de 15 policías, se presentó el viernes 25 en esa aldea para distribuir intimaciones para que los avasalladores abandonen el área protegida.

Los aproximadamente 300 afiliados al Sindicato 16 de Octubre reaccionaron con furia ante las explicaciones de los enviados desde La Paz.

El viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, explicó que los avasalladores estaban armados con machetes y agredieron a Vásquez.

“Solamente la oportuna intervención de los policías evitó que el abogado sea asesinado”.

La comitiva huyó del lugar, mientras los indígenas se preparaban para resistir un nuevo avance de los colonizadores, por lo que establecieron un punto de bloqueo en el camino de acceso a la comunidad de San Miguelito. Entretanto, la comisión se establecía en Villa Tunari, capital municipal distante a aproximadamente dos horas de viaje en vehículo.

Un día después, los colonizadores avanzaron sobre el lugar y se produjeron los choques, que consistieron en intercambio de disparos y flechas, explosión de cachorros de dinamita y peleas cuerpo a cuerpo entre los bandos.

Los policías y fiscales encontraron en el lugar los casquillos de las balas, los impactos de éstas en los troncos de los árboles, pedazos de flechas en la vegetación y fulminantes empleados para la detonación de la dinamita.

El Ministerio Público de Villa Tunari colectó toda esa evidencia y otros elementos para determinar quiénes fueron responsables de los hechos.

El parque tiene 44 años

El Parque Nacional Isiboro Sécure fue creado el 22 de noviembre de 1965 mediante el Decreto Supremo 7401 y adquirió la característica de Territorio Indígena a través del Decreto Supremo 22610 de 24 de septiembre de 1990.

Tiene una superficie de 12.362,96 kilómetros cuadrados. El área está ubicada entre la provincia Moxos del departamento del Beni y la provincia Chapare de Cochabamba. Incluye a los municipios benianos de San Ignacio de Moxos y Loreto, además de Villa Tunari y Orochata, en Cochabamba.

En el lugar habitan los pueblos yuqui, yuracaré, chimán y mosetén.

Los primeros, de quienes quedan unos 140 individuos, viven en la parte del parque más próxima a Santa Cruz, y sufren enfermedades pulmonares que los diezman. Fueron contactados y reducidos hace unos 50 años.

Los yuracaré ocupan la parte central del área. Se calcula que son 2.800 personas. Se dedican principalmente a la agricultura.

La etnia chimán cuenta con unos 9.000 individuos. Éstos se dedican principalmente a la pesca y la recolección de hoja de jatata.

El pueblo mosetén habita tanto el área protegida como otras regiones del departamento de La Paz. Son alrededor de 1.700 personas que se dedican al cultivo de arroz, maíz, yuca, plátano y otros.

Colonos esperan a autoridades

Los aproximadamente 300 afiliados al Sindicato 16 de Octubre aguardaban anoche bajo una intensa lluvia la presencia del secretario general de la Prefectura de Cochabamba, David Herrera, y del director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Juan Carlos Rojas, en la población de Villa Tunari.

Parte de los colonizadores que se replegaron del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) se hallaba a las puertas de la Alcaldía Municipal y otra parte ante una escuela próxima al Palacio Consistorial, en la plaza principal de esa localidad.

Los cocaleros esperan conocer la propuesta gubernamental de reubicación que ambas autoridades les formularán, para tomar decisiones en torno a las acciones que llevarán a cabo en los próximos días. La llegada de la comisión no se produjo hasta las 22.00, debido a las malas condiciones climáticas en la región.

Si la propuesta de desplazarse hacia Pando resultara atractiva, el contingente completo buscará acomodo en la región amazónica; pero si las condiciones no fueran consideradas favorables a sus expectativas, los colonos anunciaron que podrían regresar al área protegida o, en su defecto, dirigirse a la ciudad de Cochabamba para declarar una huelga de hambre masiva.

Los avasalladores aseguran que permanecieron en el lugar durante unos cinco años, lo que, según ellos, les da derechos; pero la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria prohíbe el asentamiento de campesinos o la transferencia a privados de tierras comunitarias de origen con títulos ejecutoriados, lo que sucede en este caso.

Datos

El secretario general de la Prefectura del valle, David Herrera, busca una solución al conflicto.

La autoridad partió a Villa Tunari alrededor de las 18.30 para reunirse con los cocaleros.

Lleva la misión de ofrecerles tierras en Pando o en otras regiones del país.

En Pando, el Gobierno asentó hasta el momento a unas 500 personas en tres puntos.

El Ejecutivo espera que unas 200 personas regresen a Pando desde sus lugares de origen.

En breve, 200 zafreros de la castaña serán asentados definitivamente en la provincia Abuná.

Reserva natural

Los cocaleros ingresaron unos 50 kilómetros dentro de los límites del Isiboro Sécure.

Los avasalladores se organizaron en al menos siete centrales sindicales agrarias.

El Gobierno desalojará a todas las personas asentadas en el área protegida.

Cocaleros buscan venganza e indígenas denuncian el uso de armas de guerra

Los cabecillas del asentamiento ilegal en el área protegida son ex dirigentes cocaleros que llevaron a unas trescientas familias a la zona.

OPINION

Los conflictos surgidos en el Parque Nacional Isiboro Sécure, entre una facción de cocaleros que quiere asentarse en un área protegida y los indígenas yuqui y yuracarés, tienden a agravarse. Los familiares y compañeros del fallecido Fortunato Rodríguez anunciaron que buscarán venganza en las próximas horas y los caciques yuracarés denunciaron que los cocaleros están muy bien armados.

Ernesto Sánchez, uno de los representantes del Sindicato 16 de Octubre, en el Parque Isiboro Sécure, declaró a la Red Uno que los cocaleros que llegaron a esa zona, situada a 30 kilómetros de San Miguelito, lo hicieron armados hasta con metralletas.

“Llegaron tirando petardos, gritando Patria o Muerte, tirando dinamita. Eso nos preocupa, porque nos dimos cuenta que las personas que usaban las metralletas, estaban encapuchadas, si usan dinamitas y esas armas de guerra no sabemos qué pensar ya, de milagro no nos mataron, los otros colonos tenían rifles y pistolas”, sostuvo.

El fiscal Erick Pinto dijo que ya fueron identificados los seis cabecillas que llevaron al grupo de colonos hasta la reserva forestal del parque 16 de Octubre. Según las primeras pesquisas, son ex dirigentes de las seis Federaciones del trópico, que fueron sindicados de ofrecer tierras a más de 300 familias que no son originarias y fueron trasladadas en camiones hasta la zona.

“Por motivos de seguridad en la investigación, no podemos dar los nombres ni de qué lugares son”, aseveró el representante del Ministerio Público.

En tanto, en la zona de puerto Zudáñez, mientras el cadáver de Fortunato Rodríguez, un transportista de 30 años que dejó en la orfandad a tres niños y al que le ofrecieron tierras para cultivar coca en el Parque Nacional, era enterrado en un camposanto, sus familiares, amigos y compañeros anunciaron que vengarán su muerte y volverán a la reserva forestal para asentarse. Aseguraron que los indígenas estaban ebrios y los atacaron con armas de fuego el fin de semana. Por su parte, los indígenas yuracarés anunciaron que se defenderán con sus armas ancestrales, los arcos y las flechas.

Gobierno negocia con los colonos invasores

El director del INRA, Juan Carlos Rojas, tiene la responsabilidad de negociar, en Villa Tunari, la reubicación de los colonos en Pando. Se denunció que indígenas vendieron tierras de las zonas protegidas. La Fiscalía investiga.

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PATRULLAJE POLICIAL • Efectivos de la Unidad Móvil de Patrulla Rural (Umopar) en el parque Isiboro Sécure, el 2004. Llegaron al lugar para erradicar cultivos de coca.

La Razón

El Gobierno, a través del viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, aseguró que es “altamente probable” que los cultivos de coca de los colonos del Isiboro Sécure se desviaban al narcotráfico, pero pese a ello aseguró que una comisión se trasladó hasta Villa Tunari para negociar con los colonos su reubicación a Pando.

Un contingente de más de 160 policías destruyó la madrugada del lunes cultivos de coca y de otros productos que estaban sembrados en una extensión de 50 kilómetros de la reserva nacional. “Que esa coca ilegal pueda ir al narcotráfico, me parece altamente probable”, denunció Almaraz en conferencia de prensa.

Añadió que el asentamiento del sindicato 16 de Octubre pudo estar promovido por gente de las federaciones de cocaleros del Chapare y de los indígenas. “Es una hipótesis plenamente válida; hay personas que desde hace tiempo han estado promoviendo estos asentamientos”, afirmó.

A pesar de las acusaciones, Almaraz anunció que enviaron una comisión del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), a la cabeza de su director Juan Carlos Rojas, a Villa Tunari para negociar la reubicación de los colonos a 75 hectáreas de tierras en el departamento de Pando.

El lunes, el director de Planificación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), Edwin Camacho, denunció la presencia del narcotráfico en los hechos de violencia del sábado, que cobraron la vida de una persona. “Se presume que este movimiento de choque podría estar inclusive promovido con gente vinculada al narcotráfico”, aseguró ese día.

Almaraz fue cauto en este aspecto. “No puedo decir que las personas que hayan inducido a estos asentamientos ilegales estén vinculadas con el narcotráfico; pero por supuesto tampoco puedo descartarlo”, afirmó.

No obstante denunció que en ese asentamiento se notó la inversión de “bastante dinero”.

“Hay motores de luz nuevitos, varias motocicletas, armas de fuego, dinamita, una sede social grande, que tenía cosas que no son baratas y que no las puede comprar un campesino que llega ahí por su cuenta”, cuestionó.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) coronel Óscar Nina, recordó que en los alrededores del parque se encontraron y destruyeron este año 25 fábricas de cocaína, “cuya materia prima (la coca) probablemente pudo haber llegado de este lugar (de la zona de los colonos)”.

La comisión de negociación, probablemente iniciará hoy las negociaciones con los colonos en Villa Tunari. “Vamos a dialogar con estas personas, dirigentes de este sindicato 16 de Octubre, pese a que cuando fuimos los del viceministerio (a la zona) nos respondieron con machetazos, con extrema violencia”, afirmó Almaraz, quien participó del operativo del parque Isiboro Sécure.

El operativo de desalojo acabó con la quema de 100 chozas y cultivos, entre ellos de coca. No se detuvo a ningún colono porque abandonaron el lugar con destino a Villa Tunari, en el Chapare. La Fiscalía inició las investigaciones de los hechos que cobraron la muerte, por herida de bala, de una persona.

“Tenemos la responsabilidad de enjuiciar con todo rigor a las personas que son causantes de estos asentamientos”, dijo Almaraz.

Situación

Datos • Un informe de Naciones Unidas estableció que el 2008 se contabilizaron 2.063 hectáreas de coca en los parques nacionales Isiboro Sécure, Carrasco y Madidi.

Compromiso • El Gobierno anunció que se eliminarán los cultivos de coca de los parques nacionales porque son ilegales. El 2008 se reportó la existencia de 30.500 has de coca.

Resguardo • 20 policías se quedaron a resguardar el territorio indígena TIPNIS.

Acusan a dirigentes indígenas

El secretario general de la Prefectura de Cochabamba, David Herrada, denunció ayer que dirigentes del Consejo de Indígenas del Sur (Conisur) del parque Isiboro Sécure ofrecían a los colonos del área protegida consolidar su derecho propietario sobre las tierras que ocuparon.

Identificó a Arico Villche como uno de los dirigentes que habría firmado un convenio con los colonos. “En varias oportunidades les ofreció consolidar el asentamiento a cambio de 10 mil dólares”, aseguró.

Marco Emilio Fabricano, familiar del dirigente Marcial Fabricano, también habría ofrecido tramitar el derecho propietario de los asentamientos ilegales.

“Ofreció (a los colonos) consolidar el asentamiento a cambio de cinco mil dólares e incluso rebajó (su pedido) hasta 50 por ciento, pero solo recibió 2.800 bolivianos, el 13 de septiembre”.

El vicecacique del Conisur, Cástulo Semu, aseguró que no conoce que sus afiliados hayan negociado. “Vamos a reunirnos con todos los miembros de la comunidad para ver si tienen algo de verdad estas denuncias”.

Tres desalojos en el TIPNIS

En el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) se ejecutaron, con el operativo del sábado, tres acciones de desalojo de colonos que se asentaron ilegalmente en esta zona natural protegida, informó ayer el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz.

La autoridad admitió que la extensión del parque nacional dificulta un efectivo control, por lo que muchos de los colonos desalojados vuelven a las tierras de las cuales fueron echados.

“Hemos realizado hasta la fecha tres operativos (de desalojo)”, informó en referencia al operativo en el parque Isiboro Sécure, donde el sábado se registraron hechos de violencia que cobraron la vida de un colono.

El comandante de la Policía de Cochabamba, coronel Carlos Quiroga, informó que en la zona permanecerán 20 policías para evitar, precisamente, la retoma de los asentamientos ilegales.

Almaraz recordó que sobre el TIPNIS tienen derecho propietario las comunidades indígenas de los yuracarés, mojeños y chimanes, asentados —dijo— ancestralmente en este territorio.