El representante Regional Adjunto para América del Sur de la Ocina del Alto Comisionado de la ONU, Xavier Mena, recordó que en el Cuarto Examen Periódico de Derechos Humanos se recomendó al Estado boliviano adoptar medidas de protección.
Fuente: ANF
En la audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los defensores de la reserva y fauna Tariquía denunciaron que son víctimas de persecución judicial por parte del Estado boliviano por proteger su territorio. Mientras que el Gobierno negó esas afirmaciones y afirmó que se trata de un grupo autodenominado de “medioambientalistas”.
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Nosotros hemos manifestado nuestro rechazo porque el ingreso de estos grandes proyectos en la reserva de Tariquía causaría la desaparición, en otras palabras, la muerte de esta reserva, por eso nos hemos opuesto. En octubre de 2024, se inicia un proceso en contra de los defensores de Chiquiacá y una compañera de Tariquía, estamos viviendo momentos de zozobra y no hay seguridad en nuestras comunidades”, explicó el dirigente de Tariquía Francisco Romero.
El Estado negó que se haya iniciado una persecución judicial y la asesora legal corporativa de Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Julia González, indicó que se trata de un grupo de “autodenominados medioambientalistas” a quienes también acusó de agredir a los funcionarios de la estatal petrolera y de Petrobras.
“Este conflicto involucra a un grupo de autodenominados medioambientalistas y defensores de la tierra, quienes se han opuesto a las actividades legítimas y reguladas de exploración y perforación llevadas a cabo por empresas nacionales como Petrobras (sic) y YPFB (…) Lamentablemente, la oposición a estas actividades ha llevado a actos de violencia y agresión que no pueden ser ignorados”, afirmó la funcionaria.
Este viernes, se llevó a cabo la 192 sesión pública de la CIDH donde se trató la “criminalización de personas defensoras del medio ambiente” audiencia que fue concedida a solicitud de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originario Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), la central de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, con el apoyo del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB).
En tono altivo, la asesora legal continuó con su intervención y señaló que las acciones en las que presuntamente incurrieron los defensores son inaceptables, además se adecuan a tipos penales establecidos en la normativa vigente.
“Estos actos son inaceptables y se adecúan a los delitos tipificados por los artículos 303 bis, atentados contra la libertad del trabajo; artículo 161, impedir o estorbar el ejercicio de sus funciones; artículo 130, instigación pública a delinquir y artículo 293, amenazas del Código Penal Boliviano”, manifestó.
Al respecto, la líder de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los ríos Tuichi, Beni y Quiquibey, Ruth Alípaz, cuestionó la descalificación que hizo la funcionaria de la estatal petrolera y consideró que se trata de un desprecio. Aclaró que están defendiendo su territorio y la vida de las comunidades indígenas.
“Nos preocupa cómo el Estado cataloga a quienes defendemos derechos en Bolivia, es el hecho del desprecio de decir que son grupos autodenominados activistas o se declaran como defensores. Lo que estamos haciendo es defender la vida no solo de nosotros, sino de otro tipo de vida y fuentes de agua para la sociedad civil ¿qué más necesitamos demostrar al Estado? Estamos cumpliendo con ese rol”, protestó.
En ese contexto, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, confirmó que los defensores del medio ambiente están siendo perseguidos de manera judicial, a la vez, observó la falta de transparencia por parte de YPFB al momento de proporcionar información sobre los proyectos hidrocarburíferos, el inadecuado proceso de la consulta previa.
“La defensoría emitió un pronunciamiento de rechazo al uso desproporcionado de la fuerza pública e instó al Estado (a) promover alternativas de solución. El 29 de octubre, también advierte de una denuncia presentada por YPFB contra 29 personas (…) el 17 de enero se ha realizado una consulta pública donde la defensoría ha participado y donde se ha evidenciado la necesidad de informar a las comunidades sobre los posibles impactos del proyecto y que debió adecuarse a la normativa”, puntualizó.
Recomendaciones
En ese contexto, el representante Regional Adjunto para América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Xavier Mena, recordó que durante el Cuarto Examen Periódico de Derechos Humanos se recomendó al Estado boliviano adoptar medidas para proteger a los defensores del medio ambiente.
A la vez, consideró que la denuncia que realizaron las autoridades indígenas del Ayllu Acre Antequera, del departamento de Oruro, sobre la contaminación de su territorio por la minería y otros casos muestran la urgencia de fortalecer los mecanismos de protección que pueda garantizar su trabajo sin temor a represalias.
“Durante el cuarto examen periódico universal se recomendó al Estado adoptar medidas para proteger a las personas defensoras de ataques y represalias, incluso aquellas cuya autoría provenga de autoridades gubernamentales. Un caso ilustrativo es del territorio indígena Ayllu Acre Antequera donde las autoridades indígenas han sido judicializadas por defender el territorio y exigir consulta previa por actividades mineras. Entonces, este caso subraya la urgencia de fortalecer los mecanismos de protección para las personas defensoras en el país”, declaró.
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