El uso de recursos en las campañas autonomistas de Santa Cruz, Beni, Tarija y Pando es investigado. Prefecto Costas dice que quieren inhabilitar su candidatura
Procesado: el prefecto Costas, ayer, en la Fiscalía de Distrito de Santa Cruz, tras declarar ante un fiscal de Recursos
LA MAYORÍA DE LOS JUICIOS SON POR MALVERSACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS
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La Prensa
El proceso judicial por malversación de fondos instaurado contra el prefecto cruceño, Rubén Costas, no es el único. El fiscal general del Estado, Mario Uribe, informó ayer que cinco autoridades departamentales en funciones y tres ex prefectos tienen juicios abiertos por éste y otros delitos.
Ernesto Suárez, de Beni; Mario Cossío, de Tarija; Savina Cuéllar, de Chuquisaca, y el oficialista Alberto Luis Aguilar, de Oruro, afrontan procesos, al igual que las ex autoridades de Pando Leopoldo Fernández; Manfred Reyes Villa, de Cochabamba, y José Luis Paredes, de La Paz.
Costas es procesado por una presunta malversación de 10,2 millones de bolivianos en la organización del referéndum aprobatorio del Estatuto Autonómico de Santa Cruz que se realizó el 4 de mayo de 2008.
Esta autoridad departamental prestó ayer sus declaraciones informativas ante un fiscal en Santa Cruz y justificó el uso de esos recursos económicos.
Su colega Suárez también es enjuiciado por supuesta malversación de fondos en la compra de seis generadores de electricidad y nepotismo. Además, la Contraloría General del Estado investiga el empleo de capitales públicos para la organización del referéndum autonómico en Beni, el 1 de julio.
Cossío tiene al menos ocho juicios iniciados por el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, dos de los cuales ya tienen imputación formal. Éstos se refieren a presuntos sobreprecios en la construcción de obras. También está en investigación el desembolso de al menos cinco millones de bolivianos para la organización de la consulta autonómica en Tarija, el 22 de julio de 2008.
La autoridad tarijeña negó en varias oportunidades estas denuncias y aseguró que forman parte de una persecución política. La Fiscalía General, el 26 de agosto de este año, ordenó el inicio de una investigación contra la prefecta chuquisaqueña, Savina Cuéllar, respecto del contrato para la supervisión de la tercera fase del estadio Patria, suscrito entre la Prefectura y el arquitecto Raúl Rivera Ramírez, quien fue sentenciado a ocho años de cárcel por un caso de corrupción, pero aún así consiguió ingresar en el gobierno departamental.
Cuéllar dijo que contrató a ese funcionario sin conocer sus antecedentes penales y confiando en su buena fe.
Asimismo, la causa fue abierta contra las vocales de la Corte de Justicia de Chuquisaca Elena Lowenthal y Teresa Rosquellas que fallaron a favor de Rivera Ramírez dejando de lado la sentencia previa.
La ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, presentó una denuncia contra el prefecto de Oruro, Alberto Luis Aguilar (MAS), y otros cuatro funcionarios por presunta corrupción y daño económico de 91.000 bolivianos por la firma de contratos supuestamente irregulares. Ayer, el fiscal Uribe dijo que este caso está en proceso de investigación.
En lo que se refiere a ex autoridades, Leopoldo Fernández es procesado por uso indebido de recursos. Transparencia denunció que el ex funcionario departamental, detenido preventivamente en el penal de San Pedro por la masacre de Porvenir, giró cheques de cuentas fiscales a la ex presidenta del Comité Cívico de Pando Ana Melena de Suzuki para la campaña autonómica de julio de 2008.
Incluso en los informes de descargo de la autoridad aparecen millonarias sumas de dinero para el transporte de mototaxistas a la ciudad de Santa Cruz y apoyo al Consejo Nacional Democrático (Conalde).
También tiene un juicio abierto por supuesto sobreprecio en la construcción de al menos diez obras civiles.
El ex prefecto de La Paz José Luis Paredes tiene un proceso abierto por la Fiscalía General por un supuesto enriquecimiento ilícito durante su gestión prefectural.
Paredes apareció con 1,7 millones de dólares depositados en una cuenta familiar y que supuestamente estaban destinados para una fundación.
Manfred Reyes Villa, quien actualmente es candidato a la Presidencia por el Plan Progreso para Bolivia, tiene una demanda en su contra por la compra de un lote de vehículos a fines de 2006 supuestamente con sobreprecio.
Estos casos están radicados en la Fiscalía General y pueden ser remitidos a las fiscalías de Distrito para que profundicen las investigaciones. Están en proceso de auditaje en la Contraloría General del Estado gastos realizados durante las movilizaciones de la “media luna” por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) en agosto y septiembre de 2008.
Prefecto dice que quieren inhabilitar su candidatura
El prefecto cruceño, Rubén Costas Aguilera, acusó al Gobierno de pretender inhabilitarlo como candidato en las elecciones departamentales y municipales de abril de 2010, con la instauración de un proceso penal que, en su criterio, no tiene fundamento legal.
La autoridad se presentó este jueves ante el Ministerio Público a prestar su declaración informativa sobre la presunta malversación de 10,2 millones de bolivianos en la organización del referéndum aprobatorio del Estatuto Autonómico del 4 de mayo de 2008, que no contó con respaldo jurídico.
Acompañado de sus abogados, la autoridad departamental se hizo presente en dependencias de la Fiscalía de Distrito, donde también declararon los secretarios de Autonomía de la Prefectura cruceña, Carlos Dabdoub, y de Hacienda, José Luis Parada.
A diferencia de los vocales de la Corte Departamental Electoral, quienes el martes se acogieron al silencio, Costas señaló que la inversión de dicho monto económico fue aprobada en el marco de la legalidad por la Asamblea Legislativa Departamental, ex Consejo Departamental.
Explicó que los fondos empleados para la consulta salieron de los gastos corrientes y no de los recursos destinados a la inversión pública; sin embargo, la Ley Safco dispone que los recursos deben ser empleados para los fines que fueron aprobados, en este caso sueldos y compras.
Apuntes
Son cinco los prefectos en funciones y tres las ex autoridades que tienen juicios abiertos.
Representantes de la “media luna” son investigados por usar fondos para referendos ilegales.
El Fiscal General dijo que la mayoría de los procesos es por malversación de fondos.
Costas justifica el referéndum
Rubén Costas declaró que los gastos por el estatuto son legales. Lo acusan de malversar fondos. El Fiscal General anunció que enjuiciará a ocho prefectos.
EL DÍA, Viernes, 2 de Octubre, 2009
El prefecto cruceño Rubén Costas negó ayer la comisión del delito de malversación de fondos en la administración del referéndum autonómico del 4 de mayo, en el marco de un juicio que ha iniciado la Contraloría General al mando del ex-diputado masista Gabriel Herbas.
Costas expresó que la consulta fue constitucional porque nació de la recolección de firmas y del sentimiento del pueblo y que no fue frenada por el Tribunal Constitucional hasta donde se acudió de acuerdo al procedimiento.
Asimismo enfatizó que los 8 millones de bolivianos que se gastaron salieron del gasto corriente, “de la propia austeridad” y que no dejaron de construir ni un puente ni pedazo de carretera, como estaba diciendo “algún alcahuete del centralismo”.
Asimismo subrayó que no reconocían al Contralor General, Gabriel Herbas, que le sigue el proceso, por ser un “servil al Gobierno de Evo Morales” que fue puesto para declararle la guerra a los opositores.
Costas declaró desde las 9.15 por espacio de una hora y media acompañado de su abogado Williams Herrera ante el fiscal Iván Montellano que llegó desde Sucre.
Durante la jornada de ayer también comparecieron sus secretarios, de Autonomía Carlos Dabdoub, de Defensa Legal Vladimir Peña, de Finanzas José Luis Parada.
“De lo que estoy satisfecho es de haber servido y promulgado una resolución del Consejo Departamental, que es histórica, que se vio reflejada en un 86 por ciento de cruceños que votaron por este referéndum», manifestó al explicar que es la primera vez que se presenta ante un tribunal de justicia.
También se refirió al fiscal Montellano y dijo haber observado un trato cordial y objetivo.
Costas recibió el apoyo del presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, Óscar Urenda, el presidente cívico Luis Núñez y hasta el fundador de la Unión Juvenil Cruceñista, Carlos Valverde Barbery, que portando banderas blanco y verde llegaron hasta las puertas de la Fiscalía de Distrito de la Av. Monseñor Rivero.
Por la tarde el fiscal Montellano, quien el miércoles había recibido el testimonio de ocho vocales de la Corte Departamental Electoral, retornó a Sucre y anunció que volverá la próxima semana a tomar declaraciones a 23 consejeros departamentales que también figuran entre los citados.
Mientras tanto en Sucre, el Fiscal General de la República anunció que por lo menos ocho fiscales serán procesados por delitos de daños lesivos al Estado, es decir malversación de fondos.
“Van a ser procesados todos, aunque el único que se salva es el de Potosí (Mario Virreira)”, dijo.
Los referendos para la aprobación de sus estatutos se llevaron adelante en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija.
“Todo el tiempo se la pasan atacándonos y nunca atacan a los que mataron en La Calancha”, respondió la prefecta chuquisaqueña, Savina Cuéllar, que está también en la mira porque este lunes una comisión de diputados que investiga el caso de terrorismo llegará hasta Sucre para investigar unos supuestos vínculos que tendría con Eduardo Rózsa como su asesor.
“Es una persecución contra todos los opositores a mí me van a citar por la toma de trancas en Cotoca”, adelantó el diputado de Podemos, Wilfredo Áñez, quien revelara que Ignacio Villa, el testigo clave de terrorismo, se había arrepentido.
Tuto: Evo es jefe de una pandilla
El jefe de Podemos, Jorge Quiroga, dijo ayer que “no puede ser que un fiscal y un contralor masista se dediquen a investigar este tipo de casos dejando de lado varios casos de corrupción”.
En ese sentido enumeró el caso de los tractores, de los pasaportes, de Catler y últimamente del Mutún.
“Don Evo Morales no es jefe de Gobierno es jefe de una pandilla de maleantes”, subrayó.
Por su parte el ex consejero departamento, Delmar Méndez, señaló que el inicio de procesos contra los prefectos es una segunda oleada de hostigamiento del Gobierno para apropiarse de las prefecturas después del referéndum revocatorio.
“En el revocatorio tumbaron a algunos prefectos, los que no pudieron los tumbaron con golpe militar y ahora van por los que quedan porque es estratégico para el Gobierno tener el control de las prefecturas”, dijo.
El abogado constitucionalista José Antonio de Chazal dijo que es sintomático que los procesos sean selectivos.
los delitos
El proceso • Fue iniciado por el contralor general, Gabriel Herbas, por la malversación de 11 millones de bolivianos que emplearon para el referéndum del 4 de mayo.
Los acusados • Son el prefecto del departamento Rubén Costas y su gabinete, además de los consejeros departamentales y los vocales de la Corte Departamental Electoral. Son 36 personas en total.
Delitos • La malversación de fondos está en el artículo 144 del Código Penal y se refiere a que “cuando el funcionario público diere a los caudales que administra, percibe o custodia, una aplicación distinta de la que fuera destinada”.
Las penas • Se establece una sanción de un mes a un año de reclusión.
Fase investigativa • Las declaraciones de los vocales de la Corte Electoral y de la Prefectura se realizan en el marco de la etapa de investigación y en caso de hallar indicios los llevarán ante un juez cautelar.
En la jornada
Llevaron banderas para apoyar a Rubén Costas
A las afueras de la Fiscalía cruceña llevaron banderas para distribuir a la gente que llegó con cohetes para dar su respaldo al gabinete de la Prefectura que declaraba.
El presidente de la Brigada Parlamentaria dio el apoyo
El presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, Óscar Urenda, llegó hasta las puertas de la Fiscalía de Distrito para dar su apoyo moral al prefecto Rubén Costas.
Cívico señala que la consulta involucra a todo el pueblo
El presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Núñez, dijo que la consulta del 4 de mayo involucró a todo el pueblo cruceño que aprobó con su voto la aprobación de los estatutos.
Carlos Dabdoub se acogió al derecho al silencio
La decisión que se tomó fue que así sea. La decisión fue hacer conocer que el referéndum fue constitucional y que no hubo ningún tipo de malversación de fondos.