Organizaciones militares venezolanas denunciaron a Nicolás Maduro y Padrino López ante la CPI por crímenes de lesa humanidad

 

Fuente: infobae.com

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Tres organizaciones de militares en la reserva denunciaron, ante la Corte Penal Internacional (CPI), este sábado 15 de marzo, a Nicolás Maduro Moros y al Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López “por estar presuntamente incursos en el delito de exterminio, contemplado en el artículo 7(b) del Estatuto de Roma de la CPI, como crimen de lesa humanidad”.

Destacan los oficiales que el delito por el que señalan a Maduro y a Padrino se habría “llevado a efecto mediante acciones concretas, sistemáticas, generalizadas y públicas, destinadas a causar la destrucción del sector más vulnerable de la población venezolana como lo son los ancianos; en especial al personal de militares retirados, sometidos a pensión y/o jubilación”.

Solicitan que, en consideración a la formal denuncia presentada por el Fiscal ante la Corte, “presente con carácter de urgencia” el informe ante la Sala de Cuestiones Preliminares (Sala 1) para que conforme al artículo 15 y 53 del Estatuto de Roma de la CPI, “se abra definitivamente el juicio a los altos criminales responsables de estos delitos denunciados”.

Agregan que, de ser procedente, “se solicite la detención o comparecencia ante esa instancia internacional de los denunciados para que se inicie el respectivo enjuiciamiento en su carácter de imputados”.

La comunicación enviada a Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), está suscrita por los oficiales retirados General de Brigada (EJ) Juan Antonio Herrera Betancourt, General de División (EJ) Rafael Ángel Montero Revette y el Coronel (GN) Hidalgo Antonio Valero Briceño, quienes respectivamente presiden el Frente Institucional Militar (FIM), Movimiento de Militares Retirados (MMR) y la Asociación Defensores Populares de la Nueva República (DPR).

“Las míseras pensiones, sumadas” y las “deficiencias del sistema de seguridad social” de civiles y, en especial, de militares en situación de retiro, cuyo sistema de seguridad y bienestar social propio del que gozaban fue destruido por los dos denunciados, reflejan la demostración de la denuncia, según el juicio de Herrera, Montero e Hidalgo.

Califican de insostenible la situación actual como “consecuencia de las devaluaciones sucesivas e intencionales, producto de la mala praxis política, económica y por la alta corrupción, que ha devastado el patrimonio público”.

Aseveran que es por esa razón que Maduro Moros y Padrino López “iniciaron, desde hace años, sus acciones de privación de alimentos, medicinas y servicios públicos básicos que afectan primordialmente a los adultos mayores”.

Recuerdan los presidentes de las tres organizaciones, FIM, MMR y DPR, que la moneda nacional, el bolívar, en los años 2008, 2019 y 2021, fue devaluada suprimiéndole catorce ceros, lo que “sumado a las continuas decisiones en contra del poder adquisitivo han sido tan alarmantes que hoy, el salario mínimo vital y las correspondientes pensiones de jubilación, tienen tres años continuos anclados en 130 bolívares”.

Ello corresponde a que “la última vez que se fijó el salario mínimo vital que, en el año 2022, la tasa del cambio oficial era de 1 dólar = 28,00 bolívares”. Para la fecha en la que hacen la solicitud a la CPI “el dólar se cotiza a 66,43, bolívares y sigue sumando diariamente. Ante esta brutal realidad, la pensión se reduce a un salario de 1,95 dólares mensuales y sigue en caída”. Califican de inhumano ese salario que “priva a millones de venezolanos de los básicos alimentos y la posibilidad de adquirir los medicamentos, afectando especialmente a millones de personas de la tercera edad que dieron su aporte y contribución para pensiones y jubilaciones que le garantizaría una vejez digna. Hoy estas personas están irremediablemente condenados a muerte temprana”.

Considerando de dramática la situación reiteran que constituye la sistemática aplicación del “delito de exterminio” contemplado en el artículo 7 (b) del Estatuto de Roma, por cuanto Nicolás Maduro y su Ministro de la Defensa “se ajustan en perfecta medida al supuesto normativo citado como crimen de lesa humanidad”. Citando el Estatuto de Roma resaltan: “El Exterminio comprenderá la imposición intencional de condiciones de vida, la privación del acceso a alimentos o medicinas, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población”.

Los generales Herrera Betancourt y Montero Revete, así como el coronel Hidalgo, le explican a la CPI que la cesta básica “para garantizar una vida con alguna dignidad posible, de acuerdo a la Organización no Gubernamental (ONG), Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros (FVM) era para el mes de enero 2025 superior a los 800 dólares como ingreso mensual necesarios para cubrir alimentación y otros servicios básicos”.

Agregan que solo la canasta alimentaria “se calcula en 498,47 dólares mensuales para una familia de cinco personas, obviamente el venezolano pensionado o jubilado, necesitará de 255 salarios mínimos, solo para satisfacer únicamente las necesidades alimentarias”.

La consecuencia es que “cerca de ocho millones de venezolanos han emigrado a otros países, en busca de mejores condiciones de vida, lo que puede constituir el delito de lesa humanidad de Traslado Forzoso de Población contemplado en el artículo 7(d) del Estatuto”.

Mencionan que por esas razones se habrían incrementado en los últimos años, “la tasa de suicidios, y fallecimientos por falta de medicinas y asistencia médica”.

“En forma alarmante se ha evidenciado el aumento de suicidios en el caso de ancianos militares retirados a los que el gobierno de Nicolás Maduro y la gestión de Vladimir Padrino no les dejó otra opción”.

En el año 2001 la pensión de un general de brigada, “una de las más altas de los militares en retiro era el equivalente en moneda norteamericana de mil setecientos dólares mensuales (1.700 dólares). En la actualidad ese monto total mensual es de dieciséis dólares (16 dólares). ¿Cómo vive un militar con esas pensiones?”, se preguntan. “En la muestra comparativa de pensiones de militares en retiro por grados en América Latina y España, se observa la abismal diferencia con las pensiones de los militares”.

La máxima bonificación que reciben en la actualidad los militares retirados son dos bonos compensatorios, uno de alimentación equivalente a 45 dólares y un bono de guerra económica equivalente a 90 dólares, lo que suma 151 dólares mensuales, frente a la cesta básica de 500 dólares mensuales. “¿Cómo enfrentan los militares retirados esta crisis mientras el costo de vida sigue aumentando?”, es la pregunta que muchos se plantean.

“El régimen de Nicolás Maduro viola también el artículo 39 de la Ley Orgánica de Seguridad Social de la FANB, promulgada el 29-12-2015, denominada Ley Negro Primero, al negar a los militares retirados, algunos bonos que se otorgan a militares activos”.“El citado artículo regula la homologación del ingreso del retirado en la misma cantidad que su grado similar en actividad, condición aceptada en la gran mayoría de las Fuerzas Armadas del mundo”.

Aseveran los oficiales que “como medida necesaria para el plan de sistemática extinción de los militares jubilados, esa homologación que ya existía en forma previa y ratificada por la nueva ley aprobada por Nicolás Maduro, conocida por su ministro desde su publicación, en diciembre 2015, tampoco la han hecho efectiva”.

Al contrario “tal aprobación significó el inicio de todas las acciones ejecutivas para el sistemático exterminio denunciado”, dicen el GB (Ej) Juan Antonio Herrera Betancourt, presidente del Frente Institucional Militar; el GD (Ej) Rafael Montero Revette, Presidente del Movimiento de Militares en Retirados; y el Coronel (GN) Hidalgo Valero Briceño, de la Asociación Defensores Populares de la Nueva República.