La Procuraduría ha interpuesto la solicitud formal de “ejecución de bienes embargados”, con el fin de garantizar la recuperación del monto estipulado en la sentencia. Esta medida busca que los seis bienes embargados de los implicados sean utilizados para cumplir con la reparación económica establecida.
Fuente: Red Uno
La Paz, Bolivia.-
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El procurador General del Estado, Ricardo Condori, exigió la ejecución del pago de 3.005.280 dólares a favor del Estado boliviano en cumplimiento de la sentencia del caso Misiles Chinos. Esta decisión afecta a los ocho sentenciados responsables del daño ocasionado en este proceso.
“La Procuraduría General del Estado avanza en sus procesos, ya estamos en plena etapa de ejecución de la sentencia del caso Misiles Chinos. Como Procuraduría, no solo estamos exigiendo que se ejecutoríe el pago de más de 3 millones de dólares, sino que se haga la ejecución de los bienes embargados de los sentenciados”, manifestó Condori.
En este sentido, la PGE ha interpuesto la solicitud formal de “ejecución de bienes embargados”, con el fin de garantizar la recuperación del monto estipulado en la sentencia. Esta medida busca que los seis bienes embargados de los implicados sean utilizados para cumplir con la reparación económica establecida.
El proceso de reparación del daño fue iniciado por la PGE en coordinación con el Ministerio Público, el Ministerio de Defensa y el Comando General del Ejército, resultando en la resolución emitida por el Juzgado de Sentencia 2 en noviembre de 2023.
Dicha resolución ordena el pago correspondiente por parte de los sentenciados: el coronel del Ejército Ciro Valdivia Murguía; el excomandante general del Ejército, Marcelo Antezana; el exjefe de Estado Mayor, Marco Vázquez Ortiz; el exinspector general del Ejército, Víctor Hugo Cuéllar; el coronel David Torrico Vargas; el coronel Wilbert Sánchez; el exministro de Defensa, Gonzalo Méndez, y el excomandante en Jefe de las FFAA, almirante Marco Justiniano Escalante.
El caso Misiles Chinos data de octubre de 2005, cuando 36 misiles de fabricación china, propiedad del Ejército boliviano, fueron entregados de manera irregular a la Embajada de Estados Unidos para su desactivación. La entrega respondió a preocupaciones sobre su posible uso en actos terroristas. Un año después, los misiles retornaron al país completamente desmantelados por especialistas estadounidenses, bajo el argumento de que Bolivia no contaba con la capacidad técnica para llevar a cabo dicha tarea.