Diego Gutiérrez, defensa de Marco Antonio Pumari, denunció que desde la última audiencia por el caso Golpe de Estado I, el 20 de marzo, el exlíder cívico no fue trasladado hasta el penal de Cantumarca, Potosí, y continúa recluido en el penal de San Pedro de La Paz.

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“De manera sorpresiva nos hemos enterado el fin de semana que Marco Antonio Pumari no ha sido trasladado. Hay que tomar en cuenta que no existe ningún tipo de orden judicial ni mandamiento para que Pumari continúe en La Paz”, señaló el jurista.

Además, recordó que el mismo tribunal determinó que Pumari permanezca en el penal de Cantumarca con detención preventiva.

Enfatizó que Régimen Penitenciario no tiene tuición para modificar la detención preventiva, sino es el mismo tribunal que debe ordenar la situación legal.

“No se lo ha hecho y no se nos ha notificado con ningún cambio. Este tipo de cambio tiene que venir por parte de una audiencia de modificación de medidas cautelaras, situación que no ha ocurrido hasta la fecha”, indicó.

El 10 de marzo, el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, informó que pedirá a la Justicia la permanencia de Pumari en La Paz ante las posibles audiencias continuas en el caso Golpe de Estado I.

“Vamos a pedir al juez, si es que va a hacer las audiencias más continuas, que Marco Antonio Pumari permanezca en La Paz, en el penal de San Pedro. Nosotros vamos a garantizar su estadía y que no tenga ningún problema al interior del centro penitenciario”, dijo Limpias.

Señaló que, el traer y llevar a Pumari desde la cárcel de Cantumarca, genera una logística que obedece a un gasto para el Estado y la administración penitenciaria.

Sobre la salud de Pumari, Gutiérrez señaló que el exlíder cívico se encuentra bien; sin embargo, dijo que el cambio de temperatura hace que le afecte a su presión arterial.

“Él tiene tratamiento particular en Potosí, ya que Régimen Penitenciario no cuenta ni con los insumos suficientes para darle un Paracetamol o un Ibuprofeno. Él está pagando un tratamiento médico particular y eso nos preocupa. Su presión está aumentando y puede pasar como ocurrió en la anterior audiencia, (que) pueda sufrir algún tipo de descompensación”.

El caso Golpe de Estado I se refiere a todos los hechos precedentes a la caída y renuncia del entonces presidente Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019.

Dentro de este caso se encuentran imputados Luis Fernando Camacho, y Pumari, además de exjefes militares.

El hecho fue denunciado por la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty a finales de 2020.

Los acusados, en 2019, jugaron un papel particular en la crisis poselectoral devenida de las cuestionadas y suspendidas elecciones generales del 20 de octubre, calificadas como “fraude” por la oposición y “manipulación dolosa” por la misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA).

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