Urquidi presenta una petición al Ministro de Medio Ambiente y Agua para aclarar la demora del proyecto que beneficiará a 200 juntas vecinales.
El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Enrique Urquidi / Cortesía
Fuente: https://lapatria.bo
El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Enrique Urquidi, ha manifestado su preocupación por la lentitud en la ejecución del proyecto de Agua Potable para Recientes Asentamientos Urbanos (Apraur) en Oruro. Este proyecto, que debía comenzar en febrero de 2025, ha enfrentado retrasos a pesar de haber recibido financiamiento aprobado durante los últimos dos años.
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Solicitud de informe al ministro
Urquidi anunció que solicitará un informe al Ministro de Medio Ambiente y Agua, Álvaro Ruiz García, para conocer las razones detrás de la postergación del proyecto. Este plan beneficiaría a 200 juntas vecinales en la zona Este de la ciudad, lo que hace aún más urgente la necesidad de respuestas.
Detalles del financiamiento
El financiamiento y la ejecución de este proyecto se formalizaron mediante la publicación en la Gaceta Oficial de la Ley 1495, el 28 de febrero de 2023. Esta ley se refiere al contrato de préstamo N° 4647/BL-BO con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de hasta $us 100.000.000,00.
Transparencia en la ejecución
El diputado Urquidi enfatizó que, debido a la demora y a las denuncias de la población afectada, realizará una Petición de Informe Escrito (PIE) al ministro Ruiz García. En esta solicitud, pedirá que se expliquen los detalles técnicos y administrativos que han causado el retraso en la fase II del proyecto Apraur.
Impacto en la comunidad
“Es necesario que se transparente la situación de este importante proyecto para la provisión de agua potable en la ciudad de Oruro y que la población sepa si ya existen recursos desembolsados, qué planificación existe y cuál es la situación contractual con la empresa Ecoblad SRL, que fue la adjudicataria de este proyecto”, argumentó el diputado.
La falta de avance en este proyecto ha generado inquietud entre los ciudadanos, quienes dependen del acceso a agua potable. La situación actual pone en riesgo el bienestar de las comunidades beneficiarias y plantea interrogantes sobre el manejo administrativo del financiamiento destinado a mejorar los servicios básicos en Oruro.