Entre los analistas políticos y muchos líderes de opinión, se ha generalizado la idea de que el tema central del debate electoral en Bolivia es la economía, y más concretamente, la crisis. Aunque es evidente que esta cuestión preocupa profundamente a la población, una mirada más acuciosa nos debería hacer entender que el problema de fondo —el que realmente definirá las preferencias electorales— es el rol del Estado, no solo en la economía, sino, fundamentalmente, en el orden institucional del país, y en la legitimidad y relevancia de las decisiones políticas en su vida cotidiana.
Las elecciones de 2025 no definirán únicamente un cambio de gobierno o de partido. Se convertirán en una especie de plebiscito sobre la continuidad del estatismo populista o su reemplazo por un modelo que privilegie la libertad individual, redefina la relación entre el Estado y la sociedad, deconstruya el corporativismo y reconfigure la forma de generar y distribuir riqueza. Pese a su enorme relevancia, esta contradicción —planteada por primera vez en varias décadas— no parece ser comprendida ni siquiera por los propios defensores del discurso liberal.
Solo así se explica por qué los posibles candidatos de la oposición se concentran en propuestas económicas muy similares entre sí, limitándose a abordar temas coyunturales de la agenda mediática, sin proponer un discurso coherente, creíble e integral sobre el país que podría diseñarse a partir de 2026. Esta disonancia se muestra en las encuestas de percepción ciudadana, cuyos resultados son tan disímiles y volátiles, que más parecen sensaciones que opiniones formadas.
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La banalidad de las frases efectistas y la superficialidad de las ofertas transmitidas por los candidatos generan el riesgo latente de que los estrategas de campaña impongan un discurso difuso sostenido en proposiciones generales, repetitivas y cercanas a la demagogia, o peor aún, en el fortalecimiento de un nuevo modo de personalismo donde lo central sea el candidato y no la propuesta.
Al parecer, el problema de fondo radica en la limitada comprensión de los partidos y sus líderes sobre los cambios estructurales ocurridos en la sociedad durante el último lustro; en la brecha generacional que separa a los votantes de 2006 de los de 2025; y en la incapacidad de los políticos para diseñar una alternativa al modelo vigente, y menos para trazar una hoja de ruta que nos permita transitar desde el proyecto de poder del MAS hacia un país más unido, justo y genuinamente próspero.
Esta confusión conceptual explica, por ejemplo, que los temas que predominan en el debate electoral actual resulten intrascendentes, superficiales, poco significativos y alejados de las cuestiones esenciales. Basta con revisar los materiales de publicidad electoral que circulan en las redes sociales para evidenciar una tendencia al uso de videos cortos producidos con una trivialidad pasmosa, sin ningún contenido, mensaje ni relevancia.
Para el Movimiento Al Socialismo, esta desorientación resulta favorable. Hasta ahora, el discurso de sus potenciales candidatos se centra en repartirse la responsabilidad de la grave crisis generada en casi veinte años de desgobierno y minimizar su cuota de culpa en la ineficiencia, la corrupción y la falta de previsión. El “proceso de cambio” instaurado en 2009 es un tema que relegan, pues resulta indefendible ante la actual crisis y, además, asumen que su permanencia está asegurada, dado que los opositores tampoco la cuestionan seriamente. Eliminarlo implicaría una reforma constitucional, algo que, en campaña, nadie quiere proponer.
Los temas esenciales de la campaña no pueden concentrarse en el tipo de cambio, las empresas públicas, la atracción de inversiones o la digitalización. Si bien estos son asuntos relevantes y requieren propuestas concretas, deben insertarse en un debate más profundo sobre el horizonte de país que debemos construir, superando la falsa dicotomía entre el continuismo del MAS y la elección de cualquier otro partido.
El mayor riesgo en este escenario es que prevalezca la lógica del mercadeo electoral tradicional, que sigue asumiendo que la gente vota guiada únicamente por emociones desprovistas de reflexión, que las encuestas definen la voluntad popular, que basta con conectar superficialmente con los votantes y, sobre todo, que las alianzas con líderes, dirigentes o grupos sociales garantizan el apoyo electoral.
Bolivia enfrenta una oportunidad única de redefinir su futuro a través de los instrumentos democráticos, no solo para cambiar las políticas económicas y superar la crisis profunda, sino, sobre todo, para construir un nuevo paradigma que nos permita reencontrar nuestra identidad nacional, integrarnos y proyectar un futuro común. La visión y la decisión de los candidatos definirán si avanzamos hacia ese horizonte o si continuamos atrapados en el atraso y la división.
Ronald Nostas Ardaya
Industrial y expresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia