“Hace poco se pronunció el TCP (Tribunal Constitucional Plurinacional) y señala que tenemos que pagarle daños y perjuicios. Estaría rondando 1.300.000 bolivianos que hay que pagarle a Diego Pary porque se le habría vulnerado su derecho de no participar en la elección presidencial 2020 en su calidad de senador”, indicó el vocal electoral a Cadena A.

Ya en octubre de 2024, el TCP se pronunció en favor de Pary y ordenó indemnizarlo por daños, perjuicios, costas, gastos judiciales, así como el lucro cesante y daño emergente ocasionados por las autoridades demandadas.

En febrero de 2020, el TSE inhabilitó la candidatura de Pary a primer senador por el departamento de Potosí. Lo mismo pasó con el expresidente Evo Morales, que iba como candidato a primer senador por Cochabamba.

Entonces, el TSE estaba presidido por el vocal Salvador Romero. El exembajador calificó su inhabilitación como una “decisión política”.

Ante la primera decisión de su inhabilitación, Pary presentó un “recurso extraordinario de revisión” ante el TSE con el objetivo de revertir su inhabilitación, pero Romero ratificó su decisión.

Tahuichi justificó la inhabilitación e indicó que Pary no “cumplía” los requisitos de residencia porque éste estaba registrado en La Paz y no en Potosí.

“Quiero recordar que la normativa electoral señala que para ser candidato a senador o diputado es haber residido en la circunscripción a la que se postula. Históricamente, por jurisprudencia, siempre hemos cotejado ese dato mediante el certificado de domicilio electoral. El señor Diego Pary presentó un domicilio electoral con residencia en la ciudad de La Paz, en Alto Obrajes, y por ese efecto fue aquella vez inhabilitado”, dijo.

Pary fue canciller en la última parte de la gestión presidencial de Evo Morales y este último estaba de embajador de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).