Presentaron la denuncia ante un juzgado en Roboré. Desde allí se determinó una inspección in situ.
Fuente: eldeber.com.bo
Hace unos días, comunarios de la TCO Turubó este, del municipio de San José de Chiquitos, juntos a los del Valle de Tucabaca y apoyados por el subgobernador de la provincia Chiquitos, Hugo Antonio Salmón Rivero, llegaron hasta el juzgado de Roboré. Allí exigieron a las autoridades jurisdiccionales una investigación por la alteración y contaminación del río San Lorenzo.
La demanda presentada por la comunidad indígena de Buena Vista es contra Marco Andrés Maggi, propietario de un predio ganadero, que para construir dentro de sus tierras ha reducido el caudal del río y contaminado sus aguas.
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El impacto de las obras
Los comunarios de Ipias, San Juan, Ramada y Entre Ríos afectados por el accionar del empresario, se hicieron presentes en el lugar junto a la autoridad provincial, además de una considerable cantidad de personas del Comité de Gestión del Área Protegida Municipal de Tucabaca, quienes se sumaron a la demanda
La escasez de agua ha provocado pérdida de cultivos y animales, enfermedades y un deterioro en la calidad de vida.
El río San Lorenzo es vital para el consumo humano, la pesca y la agricultura. Forma parte de una red hídrica crucial para ecosistemas como los bofedales y humedales de Otuquis y San Matías.
Estudios recientes señalan que la TCO Turubó ha sufrido la mayor pérdida de recarga hídrica subterránea del país en los últimos 30 años.
Las demandas de las comunidades
Las 240 familias afectadas demandan la remoción de las obras, la restauración del ecosistema y una compensación económica por los daños provocados.
El abogado de la defensa de los comunarios, Rodrigo Herrera, destacó la novedad de la demanda, puesto que no existe precedentes de una comunidad que demande a una empresa ganadera por obstrucción de ríos.
La defensa del demandado
En tanto, desde la defensa de Marco Andrés Maggi sostienen que la obra no afecta el flujo del agua y que cuenta con los permisos ambientales correspondientes.
José Antonio Rivero, miembro del equipo jurídico del demandado, asegura que cuentan con un estudio hidráulico que respalda su versión. Es más, aseveran que los «encharcamientos» son por la pendiente natural del terreno.
Próximos pasos
Según se conoció, el juez a cargo del caso determinó abrir una fase de «producción de pruebas», que incluye una visita in situ y un peritaje técnico-legal, misma que tiene como fecha y hora para realizarla, el viernes 11 de abril a las 09:00. La comunidad espera que esta etapa se concrete, tras una suspensión previa.
Un precedente
El caso del río San Lorenzo podría sentar un precedente para la defensa de derechos colectivos y la protección de cuencas en Bolivia, según indicaron desde la defensa de los comunarios.