La activista asegura que nunca fue citada ni mencionada en la investigación y que usaron su imagen sin sustento
Fuente: eldeber.com.bo
Ana María Morales, abogada y activista de la plataforma “Abogados Somos Todos”, negó cualquier relación con el caso que investiga el presunto intento de golpe de Estado del 26 de junio de 2024. A través de un video difundido en redes sociales, Morales aseguró que el Gobierno incurrió en un grave error al incluir su fotografía en el documental “¿Qué pasó el 26J?”, que fue presentado la noche del jueves.
“No conozco los datos, nunca he sido citada a declarar y me parece extraño que ahora se lance un documental donde se menciona mi nombre como supuesta ministra de Justicia en un eventual gabinete de facto”, señaló Morales.
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Explicó que su nombre completo es Ana María Morales Campos y que existe otra persona con el mismo nombre y apellido, cuyo segundo apellido también comienza con la letra “C”, que trabajó en altos cargos del sistema judicial y está vinculada con sectores “evistas”. Morales cree que pudo haberse producido una confusión entre ambas identidades.
«No sé si es que es un error de la gente de la producción, que se mandó un documental sin ni siquiera verificar los datos ni del cuadernillo ni de nada; porque, les repito, yo en dos años nunca he sido convocada a declarar sobre este tema, que me gustaría hacerlo porque no tengo ninguna vinculación«, insistió.
Documental del gobierno
El documental, presentado por el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, y difundido en presencia del presidente Luis Arce, incluye una lista de supuestos “ministros civiles” que acompañarían al excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, en caso de consolidar un gobierno de facto. Entre los mencionados figuran también Jorge Valda, Jaime Dunn, Gonzalo Chávez y Paul Coca.
Horas después de la presentación, la Policía aprehendió en Santa Cruz al abogado Jorge Valda, acusado de haber asesorado al activista Fernando Hamdan en una supuesta reunión con Zúñiga. Valda fue trasladado a La Paz y su defensa sostiene que el procedimiento fue ilegal. La aprehensión provocó una ola de críticas por parte de la sociedad boliviana.