En medio de una disputa por curules en el Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, la autoridad denunció haber sido agredido físicamente y apuntó a una “persecución política” encabezada por aliados del alcalde Johnny Fernández.
Ernesto Estremadoiro Flores
Fuente: eldeber.com.bo
En entrevista con el programa ¡Qué Semana!, que emite por EL DEBER Radio, el concejal Israel Alcócer afirmó que tanto él como la concejala Silvana Mucárcel nunca pertenecieron a Unidad Cívica Solidaridad (UCS), que decidió expulsarlos en diciembre de 2024, tras haberse distanciado de la línea del alcalde Jhonny Fernández, y que su lealtad es con Santa Cruz y no con un partido político.
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La pugna por el control del Concejo Municipal de Santa Cruz escaló en tensión y violencia, tras una serie de denuncias hechas por Alcócer, quien acusa al oficialismo local de persecución política, uso indebido de la fuerza pública y agresiones físicas, en el marco de un proceso de disputa interna que podría definir el futuro de la presidencia del órgano legislativo local.
«Fuimos invitados, no militantes de UCS. Nos sumamos creyendo que este proyecto iba a cambiar Santa Cruz, que la convertiría en una ‘Miami chica’. Pero nos decepcionamos cuando vimos cómo se agravaban las irregularidades dentro del municipio», relató Alcócer. “Nuestra lealtad es con Santa Cruz, no con un partido ni con una cúpula”, agregó.
El concejal denunció que en la última sesión del Concejo Municipal fue agredido físicamente por la diputada nacional Sandra Paz, quien según Alcócer, actuó en favor del oficialismo para forzar la salida de los disidentes.
“La diputada, que es madre de una concejala suplente e hija de un dirigente de UCS, encabezó una turba de personas que irrumpió en el Concejo, algunos incluso bajo el efecto de sustancias”, afirmó. Además, aseguró que presentará una denuncia formal ante el Ministerio Público por agresión e instigación.
La tensión se enmarca en un proceso que podría modificar la correlación de fuerzas en el legislativo municipal. De acuerdo con Alcócer, la UCS busca instalar a aliados directos del alcalde —incluyendo a familiares cercanos— en los curules actualmente ocupados por él y Mucárcel, con la meta de recuperar la mayoría y definir la directiva del Concejo el próximo 3 de mayo.
«Están desesperados por tener mayoría.nu. Nosotros no lo vamos a permitir», aseguró Alcócer.
La autoridad también acusó a funcionarios municipales de participar en movilizaciones políticas durante horarios laborales.
El proceso legal para su remoción aún se encuentra en curso. Alcócer explicó que, si bien el Tribunal Electoral registró una resolución del partido UCS solicitando su expulsión por supuesto transfugio político, dicha medida fue impugnada, y tanto él como Mucárcel continúan siendo concejales titulares según la normativa vigente.
«Nosotros no nos hemos inscrito en otro partido. No hemos cometido ninguna falta. UCS armó este caso con falsedades, sin darnos derecho a la defensa», denunció el edil.
La disputa se vuelve especialmente relevante de cara al 3 de mayo, cuando se renovará la directiva del Concejo Municipal. Si UCS logra colocar a sus representantes en los dos curules en disputa, obtendría mayoría absoluta (seis de once votos) para presidir el órgano.
De lo contrario, una coalición entre la oposición y los concejales díscolos podría mantener el control legislativo, configurando un nuevo contrapeso frente al alcalde Fernández.
«Nosotros podríamos estar tranquilos en nuestras casas. No dependemos de un sueldo, pero tenemos una responsabilidad moral con la ciudad. No vamos a ceder ante presiones ni amenazas», concluyó Alcócer.
El ambiente en el Concejo Municipal permanece tenso, con nuevas sesiones previstas para los próximos días. Todo indica que la definición del futuro político de la segunda ciudad más importante del país se librará tanto en los estrados judiciales como en el hemiciclo legislativo.