En septiembre del 2024, el Ministerio Público abrió un segundo proceso por la toma militar de la plaza Murillo que se produjo el 26 de junio de ese año, el abogado de Jorge Valda, uno de los implicados, denunció que no fueron notificados con ese caso ni con los actuados que se desarrollaron.
Fuente: ANF
Eduardo León, en contacto con la ANF, criticó el actuar de la Fiscalía y advirtió que se dejó en indefensión a su cliente porque se está vulnerando el debido proceso y el derecho a la defensa que tienen las partes involucradas en una determinada investigación.
“Contrastando con los documentos que han sido expuestos, el caso del señor Zúñiga había sido como el golpe fallido uno y se abrió un nuevo caso dirigido al doctor Valda y otras personas, denominado como golpe fallido dos. Es un segundo caso que jamás se notificó, que jamás se dijo a nadie que se estaban armando, el caso se abre en septiembre (de 2024) y hasta abril de este año tenían más de cinco meses para poder convocar a las personas, no lo han hecho”, informó el jurista.
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Tras la presentación del documental ¿Qué pasó el 26J?, elaborado por el Ministerio de Gobierno, el viernes se ejecutaron las órdenes de aprehensión que se libraron contra el abogado Jorge Valda y otros coprocesados. El material audiovisual ha sido criticado desde diferentes frentes.
A la vez, León dijo que la fiscalía maneja dos argumentos para sustentar la aprehensión de Valda; primero, hace alusión a una publicación que hizo el abogado en sus redes sociales y, el segundo, son los documentos que intercambió con Fernando Hamdan a quien patrocinó legalmente en el caso toma militar I.
“Es simplemente una opinión que el doctor Valda publicó en sus redes sociales acerca del supuesto golpe del 26 de junio del año 2024 y, en segundo lugar, el hecho de que siendo abogado del señor Hamdan había una comunicación entre ellos por el patrocinio legal le enviaba documentos, eso es normal entre cliente y abogado. Esos dos elementos han sido suficientes para que la fiscalía aprehenda al doctor Valda”, explicó.
Por otra parte, también observó que los investigadores hayan intervenido las conversaciones de su cliente mientras asumió la defensa legal de Fernando Hamdan, recordó que el artículo 25 de la Constitución Política del Estado (CPE) garantiza la inviolabilidad de la comunicación, envío de documentos a través de cualquier canal.
“Si el señor Hamdan dio su consentimiento en el primer caso, en este segundo caso el doctor Valda no dio ninguna autorización para que se intercepten sus conversaciones entre cliente y abogado. Entonces, ese elemento demuestra que los bolivianos estamos en un serio riesgo por estar en una situación de intercepción de llamadas, de comunicaciones sin orden judicial y sin consentimiento de la persona”, expresó.
Asimismo, cuestionó la forma en que actuó la policía al momento de aprehender al abogado tomando en cuenta que no fue notificado con ninguna orden, los policías estaban vestidos de civil y a bordo de un motorizado sin placa de control. Cuando llegó a la sede de gobierno recién se le comunicó con el mandamiento de aprehensión.
“Esa forma de actuar de la policía es cuestionable, son procedimientos ilegales y que son defendidos por el gobierno porque son procedimientos que ellos practican. Aprehender a las personas, presentarlas a las personas como si fueran delincuentes es vulnerar sus derechos”, manifestó.
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