Entre el acoso y el poder: Ser mujer y joven, un «error» en la política

Fuente: https://elpais.bo

Yesenia jamás olvidará esa mañana fría de enero, era el año 2015, se había despertado temprano y estaba emocionada por su primera sesión. Con sus mejores galas caminó por la plaza Murillo hasta llegar a la asamblea legislativa, la sonrisa le duró poco, pues no la dejaron entrar.

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No importó su acreditación en mano, su blusa recién planchada, ni su nombre en la lista.  Sin saber qué hacer, se quedó unos minutos parada en la puerta, y con la viveza que la caracteriza no tardó en buscar una alternativa. Llegó a la puerta de servicio, donde sí la dejaron pasar y pudo finalmente acceder a su curul. Aunque intentaron opacarla, no lograron borrar el brillo de su sonrisa. Hace tan solo unos meses era una simple estudiante de secundaria y ese día, se convertía en la diputada más joven en la historia del país.

Hoy, Yesenia Yarhui, exdiputada y exjefa de gabinete de la Gobernación de Chuquisaca, se emociona al contar su historia, al recordar esa puerta que le cerraron sólo por ser joven y ser mujer, y la infinidad de situaciones dónde intentaron callarla y no lo lograron. No es la única.

Ahora en plena gestión 2025, a cuatro meses de que se den nuevas elecciones en Bolivia, el escenario para las mujeres pareciera no haber cambiado, ¿o acaso dará lugar a que pueda existir mayor paridad?

Paridad y Alternancia

Hace unos días comenzó oficialmente la carrera electoral para elegir al próximo presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Los titulares se llenan de nombres de precandidatos, todos varones, salvo Amparo Ballivián, la única mujer, la que no figura entre los favoritos, que apenas alcanza un 1% en las encuestas, aquella que la conversación pública desconoce. Admirable ímpetu, pero los números dejan entrever que no es una opción real, que su presencia es simbólica. No compite con los precandidatos que gozan de una mayor intención de votos.

La Constitución Política del Estado en su artículo 147 y la Ley N°026 del Régimen Electoral establecen que el 50% de las candidaturas deben ser mujeres, alternadas entre titulares y suplentes. De esta manera se busca garantizar la participación femenina en el área política, ¿pero esto se cumple?

En el ejecutivo nacional la inequidad es evidente. La Presidencia y Vicepresidencia están en manos de dos hombres, Luis Arce y David Choquehuanca. En el gabinete ministerial, compuesto por 16 ministerios, solo cuatro son mujeres: María Nela Prada en la Presidencia, Celinda Sosa en Relaciones Exteriores, María Renee Castro en Salud y Esperanza Guevara en Culturas.

En la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), conformada por 166 parlamentarios (36 senadores y 130 diputados), existe una relativa paridad de género con un 49,14% de hombres y 50,86% de mujeres. Sin embargo, los principales espacios de liderazgo continúan en manos masculinas, las presidencias de las cámaras de Diputados y Senadores, por ejemplo.

Los resultados de las últimas elecciones subnacionales en 2021 reflejan una persistente resistencia dentro de las organizaciones políticas a aplicar plenamente la normativa de paridad y alternancia en la selección de candidaturas. Se mantiene la tendencia a favorecer a los hombres en los espacios de mayor jerarquía, lo que limita las oportunidades de las mujeres para postularse a cargos ejecutivos como alcaldesas y gobernadoras, así como para acceder a posiciones de poder en la administración pública. De las nueve gobernaciones en el país, ninguna es ocupada por una mujer.

Entonces, por qué, si contamos con leyes que posicionaron a Bolivia pionera en garantizar la paridad y la alternancia, ninguna mujer lidera un proyecto presidencial. Ninguna ha sido considerada “viable”. Ni joven, ni indígena, ni profesional, ni con trayectoria. ¿Por qué?

Para intentar entenderlo, entrevistamos a seis mujeres que, desde distintos niveles del Estado Nacional, Departamental y Municipal y de diversas corrientes políticas, compartieron sus historias. Todas con algo en común: han vivido la violencia política, que no es solo agresión física, es también exclusión, silencio, chantaje y desgaste, y se ensaña con quienes desafían las normas de género tradicionales.

Violencia política: Leyes que prometen, un sistema que falla

Nuestro país reconoce el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, y es una responsabilidad del Estado trabajar en su prevención y erradicarla. Así lo establece la tan afamada y a la vez cuestionada Ley 348, aprobada en 2013; donde se especifican 17 formas de violencias, entre ellas la violencia psicológica, física y también la violencia política.

Pero el reconocimiento legal no se traduce en protección real. Buscando dar una respuesta a esta problemática y tras el asesinato de Juana Quispe; concejala del municipio paceño de Ancoraimes, quien fue victimada en 2012 por ejercer sus funciones legislativas de fiscalización, nace la Ley 243 contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres. Según esta norma, el acoso político se refiere a cualquier acto de presión, persecución, hostigamiento o amenazas orientadas a impedir el ejercicio de una función política. Cuando estas acciones incluyen agresiones físicas, psicológicas o sexuales, se considera violencia política.

Un dato desgarrador, según un informe de la Coordinadora de la Mujer revela que, entre 2012 y 2022, se iniciaron 538 procesos penales por violencia política; de ellos, solo seis concluyeron con sentencia.  Lo que demuestra una clara falencia en el sistema judicial, ya que solo el 1% ha llegado a tener sentencia.

Acoso y hostigamiento: lo que no se dice, pero se siente

El hostigamiento no siempre se grita ni se denuncia, a veces, apenas se insinúa, se mezcla en el día a día con naturalidad.   Basta con una puerta cerrada, una reunión a la que no te invitan, una decisión dónde no te toman en cuenta. Una de las formas más comunes es habilitar a la suplente cuando hay que tomar una decisión polémica y el titular, varón por supuesto, brilla por su ausencia.

Janira Román, diputada por Comunidad Ciudadana en el departamento del Beni, comparte cómo la violencia política no espera a que una mujer llegue a un cargo: se instala mucho antes.

“El acoso empieza desde que estás en una directiva, en un comité, cuando apenas se baraja tu nombre como posible candidata. Lo que buscan es cansarte, desgastarte, que renuncies para ocupar tu lugar. Lo más triste es que muchas veces esa violencia viene de otras mujeres y sus esposos”, señala.

Pero esto no sucede solo en la oposición, también en el oficialismo. Jacqueline Pozo, desde su experiencia como expresidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba, la cual asumió cuando tenía 30 años, relata cómo el acoso se mezcla en lo cotidiano, disfrazado de formalidades y silencios.

“En los espacios políticos, cuando una mujer levanta la voz, molesta. Si cuestionas, si pides informes, si fiscalizas, entonces eres conflictiva. Si haces gestión, si consigues recursos, entonces eres ‘la amante’ de alguien más. El acoso viene de esos que te llaman ‘compañera’ en los discursos, pero te atacan por detrás”, relata.

En una ocasión, Jacqueline fue llevada con engaños a una reunión donde intentaron obligarla a renunciar, para que su suplente asumiera la titularidad del cargo. Aunque logró resistir y su palabra pesó como garantía, no todas corrieron con la misma suerte.

“Hubo compañeras que sí fueron presionadas hasta renunciar. Comunidades enteras fueron movilizadas para acorralarlas. Lo peor es que estas cosas no se pueden denunciar porque ocurren dentro, entre pasillos, en espacios que no están normados”, manifiesta.

Sexualización y chantaje: el cuerpo se vuelve un campo de batalla

El cuerpo de las mujeres en política no solo se observa, se vigila y se juzga. También se utiliza como arma para deslegitimarlas. La sexualización y el chantaje son formas de violencia sutiles, pero profundamente arraigadas.

Carla Bolívar, joven de 28 años, funge como asambleísta departamental por San Lorenzo, recuerda cómo usaron fotos suyas de cuando fue modelo para iniciar una campaña en su contra. “Publicaron imágenes mías que las sacaron de mi Instagram, y las usaban para decir que no tenía moral para ocupar un cargo público. Como si mi cuerpo fuera más importante que mis ideas”.

Por su parte la Directora Plurinacional de la Juventud, Pamela Salazar, también de 28 años, agrega una dimensión aún más cruda: “Ser joven y mujer pareciera ser un error en la política, algunos te condicionan el apoyo o el cargo a cambio ‘favores’. Las Insinuaciones son constantes para ocupar un espacio en la vida dirigencial y mucho más para ocupar un cargo. Si no accedes a lo que te piden, te bloquean”.

Las insinuaciones son difíciles de evidenciar, pero persistentes. Son tan frecuentes que desgastan, y en muchos casos, termina obligando a las mujeres a renunciar no solo a sus cargos, sino a sus sueños políticos.

Tecnología: El rol de las redes sociales y la desinformación

En el nuevo campo de batalla de la política, ya no es necesario un curul, con solo un par de clics y el uso de inteligencias artificiales, se pueden generar imágenes falsas, videos y audios manipulados, infinidad de publicaciones ofensivas para atacar, ridiculizar o amenazar a las mujeres. El acoso se disfraza de “meme” y se viraliza.

Marcela Guerrero, concejala en Tarija, recuerda cómo fue un blanco fácil cuando asumió un rol ejecutivo en la subcentral de campesinos. “Hacían publicaciones para burlarse de mi aspecto, memes, montajes con mi cara y cuerpos voluptuosos en traje de baño, hasta publicaciones falsas en grupos compraventa e inmobiliarias, como si yo fuera un objeto. Me inventaron tres matrimonios y cinco hijos. Les asustaba ver a una mujer, joven, campesina y preparada. Es cruel, porque lo hacen pasar como chiste, pero en realidad es violencia”.

En un estudio realizado por la Fundación InternetBolivia.org y el OEP (2021), el cual indaga sobre las experiencias a candidatas en las Elecciones Generales del 2020, muestran que el 60,3% de las encuestadas enfrentó acoso o violencia política en Internet durante el periodo electoral. Lo más alarmante es que el 90% no buscó ayuda, y el 73% se autocensuró por miedo, dejaron de hacer publicaciones en redes sociales para protegerse. Marcela nos comenta que por seguridad solo publica cosas de su vida, pero que no sube fotos de su hija, de su madre o de su familia.

Según ONU Mujeres (2022), este tipo de violencia va mucho más allá del plano virtual, como consecuencia limita la libertad de expresión y restringe también la participación pública por temor a las represalias digitales.

Para Yesenia Yarhui, el daño fue aún más directo. “Durante los conflictos de 2019, yo estaba en La Paz y comenzaron a llegarme amenazas de números desconocidos a mi celular. Me mandaban fotos de mi familia en Chuquisaca, me decían ‘sabemos dónde viven’, ‘te vamos a violar, te vamos a callar’. Es una forma de terrorismo digital. No buscan solo callarte, buscan quebrarte”.

La violencia política facilitada por tecnologías no se queda solo en la pantalla de un celular, no es solo virtual, es real y peligrosa. Se mete en la vida, en las decisiones, en la familia. Y busca una sola cosa, que las mujeres no participen más.

El desafío sigue: No deben olvidarse de quiénes son

Contar con estas leyes es un avance imprescindible, pero no suficiente. La violencia política digital, el acoso en redes sociales, la difusión de contenido falso o íntimo, entre otros, todavía no tiene respuestas claras en el sistema judicial. La mayoría de los casos no llega a ser sancionado. Algunas prefieren no denunciar por miedo a represalias o por la falta de respuestas eficaces, lo que perpetúa un círculo de impunidad.

Cuando la violencia las quiere callar, ellas responden con presencia. Cuando las redes se vuelven campo de batalla, ellas siguen hablando. Cuando les dicen que no pertenecen, ellas recuerdan que ya están ahí, que ese lugar también es suyo.

Cada una de ellas ha vivido agresiones distintas, pero hay una línea común que las une: siguen. Siguen, aunque duela. Siguen, aunque las empujen. Siguen, sobre todo, por las que vienen detrás. Ese “nosotras” es el corazón de este reportaje. Es la puerta que le cerraron a Yesenia, pero que hoy se abre para todas. No hay una sola historia. Son muchas. Y juntas cuentan algo más grande.  En medio de la violencia, las amenazas y el desprestigio, ellas están ahí. Ocupan bancas, levantan la voz, resisten en Facebook, en plazas, en sesiones. “No están solas. Nosotras estamos aquí, para que a las que vienen, no les pase lo mismo”.