Para el analista, Manuel Morales, la detención del abogado, Jorge Valda, fue otra “metida de pata” del Gobierno, aunque estuvo “fríamente calculada” tras la fractura del Bloque de Unidad opositor. Señaló que el Gobierno también busca seguir debilitando a las Fuerzas Armadas a través de juicios y detenciones irregulares de sus miembros y exaltos mandos, para lograr sentencias mediante procesos abreviados.
Respecto a los recientes acontecimientos sobre las acciones militares de 2024, como el señalamiento a analistas como parte de una supuesta conspiración golpista, detenciones irregulares y un polémico documental producido por el Ministerio de Gobierno, el analista, Manuel Morales, apunta a que estas acciones del poder buscan retomar el sicariato judicial, infundir miedo en la población opositora y desinstitucionalizar a las Fuerzas Armadas (FFAA).
Para Morales, exrepresentante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), esos son los objetivos detrás de la reactivación del caso del supuesto golpe de Estado del 26 de junio de 2024, hechos por los cuales fueron detenidas cuatro personas, entre ellas un par de militares en retiro y el abogado, Jorge Valda Daza, quien fue posteriormente liberado en medio de polémicas por supuestas irregularidades en el proceso.
El analista calificó como una “metida de pata” estos actuados judiciales sorpresivos, aunque manifestó que la jugada política fue muy calculada porque salió inmediatamente después de la fractura definitiva del bloque de unidad opositora, el cual se suponía que debía llevar un candidato único a las elecciones de agosto.
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“Se pretende reactivar este caso de manera fallida y desafortunada. (Las detenciones fueron) otra metida de pata del Gobierno, pero muy fríamente calculada después de la división del Bloque de Unidad, con el objetivo de reactivar el sicariato judicial, tratar de meter miedo a la gente y sobre todo a sectores opositores, involucrando a personas que seguramente no tienen ninguna relación con este caso”, señaló Morales.
Según el analista, otros objetivos de esta estrategia son infundir miedo en la población de cara a las elecciones de agosto y hacerle creer que el Gobierno es suficientemente fuerte con la capacidad de ejercer persecución política en contra de sus disidentes.
Por otro lado, señaló, se busca desinstitucionalizar a las FFAA a través de mecanismos procesales “represivos e ilegales” con los que se obligue a militares detenidos declararse culpables por la vía del proceso abreviado, como ocurrió con el juicio realizado por los hechos en Senkata y Sacaba en 2019, donde varios líderes cocaleros y militares fueron sentenciados de hechos que, según Morales, no fueron sustentados.
“Esto le ha dado resultados al gobierno de Luis Arce, (pues) ha logrado obtener algunas sentencias que le dan algún viso de legalidad o de debido proceso a estas detenciones y juicios que, por supuesto, son ilegales y no tienen sentido en democracia. Ese es el otro objetivo: seguir golpeando a estructuras y miembros de FFAA mostrando su absoluta indefensión”, agregó Morales.
Morales criticó que, a casi un año de las acciones militares en Plaza Murillo, el Gobierno produzca un documental y realice detenciones de manera sorpresiva a personas supuestamente implicadas en el caso, apenas horas después de presentar el metraje, cuando en realidad el Ministerio Público tenía plazos procesales -como máximo tres meses- para investigar posibles autorías y realizar las debidas imputaciones.