En los últimos siete años, las denuncias de violaciones en Bolivia se incrementaron en un 55,6%, de acuerdo con datos del Ministerio Público. Pero estos son solo los casos que ingresan al sistema judicial. Los centros médicos deberían ser los puntos de primera respuesta para las sobrevivientes, en resguardo de su integridad corporal y el paso de inicio para una denuncia.
“Estos números no son meras estadísticas, representan vidas truncadas, sueños rotos y un futuro altamente comprometido. Detrás de cada denuncia existen historias de dolor, miedo y vulnerabilidad que claman por justicia y protección”, dijo la directora de País de ChildFund en Bolivia, Ximena Loza.
Desde las Promotoras Comunitarias de Prevención de la Violencia en Razón de Género, Marite Quisbert señaló que hay espacios llamados a dar la primera respuesta, pero que no lo hacen debido a falta de capacitación, recursos y políticas públicas. Manifestó que, por la naturaleza del hecho, los centros médicos deben ser las intendencias de primera respuesta para restaurar la integridad de la sobreviviente de violencia sexual.
“Lo que se pide es que se apliquen las rutas de denuncia de buena manera. Esto quiere decir respetar la dignidad y la decisión de las víctimas. Muchas sobrevivientes de violencia sexual han sido revictimizadas por este sistema, un sistema que no cumple los tiempos procesales cuando se trata de brindar la atención debida y las valoraciones a las víctimas”, sostuvo.
Desde la Asamblea de Derechos Humanos de El Alto, Virginia Ugarte observa que en muchos casos el personal policial incumple el protocolo y deja a las víctimas en indefensión.
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“Hay incumplimiento de deberes y de los protocolos que rigen. Tenemos ahora un caso y los policías tienen que ser sancionados porque debían cumplir”, afirmó.
El incremento de casos
De acuerdo con las Rendiciones de Cuentas y las estadísticas de la Fiscalía General del Estado, en los últimos siete años, las denuncias de violación sexual que ingresaron en esta instancia se incrementaron. No hay datos de acceso público sobre cuántos procesos llegaron a sentencia, cuántos fueron abandonados, cuántos fueron rechazados, por qué, o cuántos cambiaron de tipificación.
Según los datos extraídos, en 2018, las denuncias registradas por violación fueron 5.050. De estos vejámenes, 1.206 fueron en contra de infantes, niños, niñas y adolescentes (ver infografía).
En 2019, los casos denunciados, tanto en adultos como en menores de edad, fueron de 5.236. Para el 2020, año de la pandemia y en el que se denunció mayor riesgo para las víctimas, pero también menor posibilidad de denuncia por las restricciones, las denuncias subieron a 5.288. En esta gestión, si bien hay una leve disminución en las agresiones a personas adultas, hay un preocupante aumento en el caso de infantes, niños, niñas y adolescentes.
En 2021, los casos denunciados aumentaron a 6.365, mientras que para 2022 llegaron a 7.873, uno de los incrementos más fuertes. Desde entonces, las cifras parecen mantenerse. En 2023 hubo 7.824 denuncias y en 2024, los ingresados llegaron a 7.860.
Sin embargo, estas cifras no muestran la verdadera dimensión del problema. Por un lado, están las denuncias que, si bien ingresan, son rechazadas; y por otro, las que no llegan a la instancia judicial, ya sea por falta de acceso a las instancias de denuncia, por desconfianza en el sistema de Justicia, por una mala atención o por temor de la víctima a contar lo ocurrido.
“Con respecto al tema de violencia sexual, Misión Internacional de Justicia hizo un estudio de cuántos casos de violencia sexual son rechazados en la etapa preliminar del proceso. Son alrededor de 62 a 70 casos por cada 100 que ingresan. Por lo general, en estos casos las víctimas son las niñas y adolescentes”, dijo Quisbert.
Hospitales, primera respuesta
“Por la naturaleza del hecho, la primera instancia que tiene que atender todo hecho de violencia sexual son los centros médicos. Cuando una persona sufre semejante flagelo, lo primero que se debe reestablecer es su integridad física, proteger su cuerpo, no solo por el daño físico que haya vivido, sino también porque pueden darse infecciones de transmisión sexual, como el VIH. Tiene que haber una administración médica de emergencia”, señaló Quisbert.
El artículo 20 de la Ley 348, establece que “los servicios de salud de todos los niveles, públicos, seguridad social y servicios privados tienen la obligación de atender, bajo responsabilidad, a toda mujer que solicite atención médica y psicológica, así como reportar casos probables o comprobados de violencia contra las mujeres que atiendan”. Se califica a esta atención como una emergencia médica.
De la misma forma, el artículo 17 del Decreto Supremo 2145, instruye a que dicho personal que, en caso de detectar en la paciente signos de haber sufrido cualquier tipo de violencia, reporte el caso “de forma inmediata y obligatoria a la Fuerza Especial de Lucha Contra La Violencia (Felcv) o al Servicio Legal Integral Municipal – SLIM más próximo”.
“Pero esto no ocurre. Muchas veces, cuando una mujer víctima acude a los centros de salud, deben ocuparse de denunciar porque el médico que la atendió muy pocas veces hace la referencia del hecho de violencia y no le brinda los primeros auxilios”, explicó Quisbert.
En una leve revisión de los reportes de servicios del Sistema Nacional de Información en Salud – Vigilancia Epidemiológica (SNIS-VE), se identificó que en 2024 -en todo el país- se realizó la atención de 1.304 casos de violencia sexual. Estos se dieron tanto en un contexto familiar como en uno externo.
La cifra está muy por debajo de las 7.860 denuncias que recibió el Ministerio Público en esa misma gestión. Es decir que al menos 6.556 sobrevivientes de violencia sexual no acudieron a los centros médicos o su caso no fue reportado.
Es probable que estas pudieran asistir a realizar sus denuncias directamente al Ministerio Público o a la Felcv y que la valoración haya sido realizada en el IDIF, una institución que desde hace tiempo presenta una sobrecarga de casos.
“Si bien los centros de salud deben referir los hechos de violencia, como corresponde a la cadena de atención, para proceder a hacer la denuncia. Muchas veces los centros de salud no refieren los casos u omiten este paso. Además, malorientan a las víctimas y señalan: ya te hemos dado los medicamentos y el certificado, pero tienes que ir a hacer la denuncia y homologar, cuando ya no existe eso”, advirtió Quisbert.
Explicó que, de acuerdo con la norma, esa referencia y valoración médica que se le puede hacer en los centros médicos, ya tiene ese valor vinculante para iniciar un proceso de denuncia. El certificado que se les otorga puede ser una prueba para ser presentada ante las autoridades; ayudaría aliviar la carga del IDIF y con ello se evitaría la demora en las valoraciones a las víctimas.
Para todo esto hay muchas causas, desde la falta de inversión en políticas públicas, hasta la baja asignación presupuestaria.
“Cuando se acude a los servicios de salud para buscar atención primaria, los mismos centros no cuentan con los retrovirales, ni medicamentos para la atención de emergencia a las sobrevivientes de este flagelo”, lamentó Quisbert.
Otro de los factores es la falta de capacitación y actualización de los profesionales en salud. Si bien se plantean profesionales especializados, no hay centros de formación que capaciten al personal en la atención de víctimas de violencia sexual, en su atención primaria y en la toma de evidencias para el proceso.
En muchos casos aún se mantiene un perfil de víctima. “Muchos casos se dan cuando la víctima se encuentra en estado de inconsciencia, incluso por uso de sustancias controladas. Cuando se les hace la valoración se señala que no muestran moretones, marcas, signos de violencia, de defensa o de sometimiento, dando a pensar que pudo haberse dado un consentimiento, minimizando el hecho”, dijo Quisbert.
Hace un par de semanas, la Fiscalía General del Estado inauguró, en La Paz, nuevos consultorios para la atención y la valoración de las víctimas de delitos sexuales. Se afirmó que son refugios de esperanza para conseguir justicia.
La Policía y la Felcv
Para nadie es desconocido el caso de Nadia, la joven víctima de un vejamen sexual. Su caso y todos quienes intervinieron en el proceso de denuncia son investigados, pues se hallaron varias irregularidades, sesgos e incumplimientos de los protocolos.
Una de las principales observaciones fue el actuar de la investigadora policial, que debió recibir la denuncia y efectivizarla. Sin embargo, el proceder no fue claro. Pero este no es el único caso.
“Es muy lamentable el actuar de algunos policías que no cumplieron con el protocolo que corresponde. Ya cuando asumimos el cargo, denunciamos un caso similar y ahora tenemos otro. Una mamá nos refiere que tras conocer la violación grupal a su hija (menor de edad), buscó e hizo llegar a su casa al agresor y a la Policía. Correspondía que la Policía haga parte del caso a la Defensoría de la Niñez y detener al agresor en acción directa, porque lo tenían. Pero en lugar de eso lo soltaron. Estos policías deben ser sancionados. Cuántos casos pasan y no se denuncian; ellos dijeron a los padres: por qué no cuidan a su hija”, relató Ugarte.
La ruta crítica para casos de violencia sexual señala que la victima o un tercero puede hacer la denuncia tanto en el Ministerio Público como en la Felcv o la Policía Boliviana. De acuerdo con los efectivos del Verde Olivo que trabajan en estos temas de forma eficiente, hacer la denuncia en la Felcv podría agilizar el proceso en lugar de hacerlo en la Fiscalía.
Sin embargo, no siempre resulta. Muchas veces el personal policial les señala que realicen las denuncias ante el Ministerio Público, donde el caso puede tardar hasta dos semanas en llegar hasta la asignación de un investigador.
En cambio, si el caso es denunciado ante la Felcv y es recibido, la Policía tiene ocho horas para iniciar la investigación. Si el caso es reciente, se puede localizar al agresor y proceder con su detención en acción directa. Tal como debió ocurrir en el caso denunciado por Ugarte.
Según el estudio “Ponte en Mis zapatos”, realizado por la Universidad Católica Boliviana, Misión Internacional de Justicia Bolivia y el Instituto de Investigación de Ciencias del Comportamiento, en el 35,2% de los casos, la denuncia es dada a conocer en la Felcv, mientras que el 52%, en el Ministerio Público.
En el documento también se hace referencia a la baja coordinación entre la Policía y el Ministerio Público. En un testimonio se afirma que eso influye en la impunidad.
“Deberían coordinar con la Felcv, con la Felcc, con nosotros mismos, con los diferentes programas en los diferentes municipios, porque si nosotros actuamos y hacemos las acciones correspondientes, es porque de alguna manera estamos investigando a profundidad. Pero llega un momento en el que el Ministerio Público suelta al infractor”, señala la declaración.
