La justicia argentina determinó reabrir el caso por corrupción de menores iniciado en contra del expresidente Evo Morales (2006-2019), luego de una apelación, según confirmó José Lucas Magioncalda, abogado de la Fundación Apolo.
«Continúa luego de que el juez de primera había desestimado. Apelamos y la Cámara ordenó que el archivo era prematuro y que había que avanzar en la investigación. Además, nos concedió la posibilidad de ser querellantes, de tal manera que ahora podemos ofrecer pruebas y controlar todo el proceso», declaró Magioncalda desde Buenos Aires, a El Deber.
Tras la definición de la justicia, el jurista indicó que la Fundación está en una mejor posición para impulsar la investigación contra el exmandatario boliviano, debido a que antes solo era denunciante, en cambio ahora es querellante.
Según el abogado, una de las pruebas contra Morales es la declaración de Angélica Ponce, líder de las mujeres interculturales, además se tramita la presencia de testigos, que son funcionarios que lo visitaron durante su asilo en Buenos Aires.
«Apuntamos a que declaren el propio (Alberto) Fernández y funcionarios de su Gobierno como testigos. Hay un tema que en ese Gobierno no quiso comunicar cuando tuvimos noticias de esta situación mientras Evo Morales estaba asilado», afirmó.
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Al margen de este caso, Morales tiene otro por trata de personas que se abrió en Tarija a cargo de la Fiscalía de ese departamento, delito que cometió al mantener una relación con una niña de 15 años de edad con quien procreó una hija.
Por este caso cuenta con una orden de aprehensión que; sin embargo, hasta la fecha no se ejecuta porque según el Gobierno del presidente Luis Arce se quiere evitar derramamiento de sangre, toda vez que el también líder cocalero está protegido por sus seguidores entre quienes hay “gente infiltrada” que puede desatar violencia.
Entre tanto, Morales está de proclamación en proclamción con una firme decisión de postular a la silla presidencial en los comicios de agosto de este año, pese a que hay un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que se lo impide.