El vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, ha presentado un memorial ante el Tribunal Agroambiental solicitando que se declare la improcedencia de la acción ambiental directa que busca proteger al jaguar y su hábitat mediante medidas cautelares preventivas y de reparación integral por daño.
Este intento de frenar la declaratoria de área protegida no solo es alarmante desde el punto de vista ambiental —pues impediría una medida clave para prevenir los incendios forestales que año tras año comienzan en agosto—, sino que también constituye una irregularidad política y jurídica gravísima.
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Choquehuanca firma este petitorio en su calidad de Presidente de la Asamblea Legislativa, sin que exista ningún mandato expreso ni consenso parlamentario para hacerlo. El vicepresidente de la Asamblea no puede usar su investidura y representación en decisiones de esta magnitud sin una resolución, votación o respaldo institucional, porque compromete la posición de la Asamblea, pues, está usando el cargo para dar peso institucional a su posición personal, y aunque formalmente no dice “en nombre de la Asamblea Legislativa”, el solo hecho de usar su cargo como presidente nato puede inducir a error y genera una apariencia de representación institucional que no tiene base legal. Su acción es arbitraria y debe ser desautorizada públicamente por los legisladores, especialmente por aquellos que dicen defender los derechos de la Madre Tierra.
Desde el punto de vista jurídico, su memorial busca restringir el rol del Tribunal Agroambiental en la aplicación de medidas cautelares ambientales, ignorando lo establecido por la Constitución (arts. 33, 342, 347), la Ley 300 de la Madre Tierra, la ley 025 en su artículo 181 inciso 1, la ley 1333 en su artículo 108, el código procesal Agroambiental (ley 620) en sus artículos 103 y 104, y el Acuerdo de Escazú, todos los cuales permiten y exigen acciones preventivas frente al daño ambiental.
Esto no es un tecnicismo. De lo que se trata es de impedir una medida judicial que podría salvar ecosistemas enteros. De lo que se trata es de usar la institucionalidad del Estado para proteger intereses contrarios a la vida silvestre y los derechos de la naturaleza.
Que quede claro: el memorial de Choquehuanca no solo atenta contra el medioambiente, sino contra los principios mismos de la representación democrática. Que el Tribunal Agroambiental falle con independencia y con la Constitución en la mano.
Fuente: Facebook Nadia Beller