En el complejo panorama político boliviano, la práctica de la afiliación forzada o engañosa a organizaciones políticas emerge como una preocupante erosión de los principios democráticos. Lo que debería ser un acto voluntario, basado en la convicción ideológica, se ha transformado para muchos ciudadanos en una imposición indeseada, generando frustración, perjuicios tangibles y una exasperante burocracia para su reversión. Los casos notorios como el de Dunn, cuya inclusión en listas de militantes fue inexplicable, y las graves acusaciones contra la agrupación Morena, liderada por la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, por presuntas afiliaciones irregulares y engañosas, no son incidentes aislados, sino síntomas alarmantes de una práctica generalizada que socava la confianza pública en el sistema democrático. Es una realidad tan extendida que, si no se ha experimentado directamente, es altamente probable que un familiar, amigo o conocido haya sentido la frustración de aparecer como militante de una organización política sin haber jamás suscrito una adhesión, o peor aún, tras haber sido inducido al error mediante artimañas.
El caso de Dunn, cuya repentina aparición en los registros de un partido político, puso de manifiesto la vulnerabilidad de los padrones y la facilidad con la que la voluntad individual puede ser ignorada. De manera similar, las acusaciones que pesan sobre la agrupación Morena, por la presunta manipulación en la afiliación de ciudadanos, han encendido las alarmas sobre las tácticas empleadas por ciertas organizaciones para inflar sus filas, sin el debido respeto por el consentimiento genuino de las personas. Sin embargo, estos casos que han alcanzado notoriedad mediática son tan solo la punta de un iceberg de irregularidades. Innumerables denuncias, a menudo silenciadas por el temor o la falta de recursos para emprender acciones legales, revelan un panorama inquietante donde la manipulación de la militancia parece ser una práctica mucho más común de lo deseable.
La Ley N° 026 del Régimen Electoral boliviano establece con claridad los requisitos y procedimientos para la militancia en organizaciones políticas. El artículo 28 exige explícitamente la «inscripción voluntaria» en el registro de militantes. Cualquier forma de afiliación no consentida o basada en engaños constituye una flagrante violación de esta disposición legal. El Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas (ROP) detalla aún más este proceso, enfatizando la necesidad de la presentación de una solicitud formal firmada por el interesado. La aparición de nombres sin la correspondiente firma o la obtención de firmas mediante subterfugios contravienen directamente la normativa vigente. Estas acciones no solo infringen la ley electoral, sino que también vulneran derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado, como la libertad de asociación (en su vertiente negativa de no ser obligado a asociarse) y el derecho a la participación política de manera libre e informada.
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Una agrupación política que recurre a la afiliación forzada o engañosa genera una molestia palpable en los ciudadanos afectados, quienes experimentan sorpresa al encontrarse afiliados sin consentimiento, sensación de vulneración de su privacidad y desconfianza hacia el sistema político. Los perjuicios incluyen la inversión de tiempo y recursos económicos en trámites engorrosos para la desafiliación, que implican solicitudes formales, esperas y posible seguimiento. Además, la afiliación inesperada puede acarrear problemas sociales o laborales si las convicciones personales difieren de las de la agrupación o si esta tiene una imagen pública negativa
La Constitución Política del Estado boliviano, en su artículo 139, garantiza la libertad de asociación con fines políticos, lo que implícitamente protege el derecho a no ser asociado en contra de la propia voluntad. La afiliación forzada o engañosa es una clara contravención de este principio fundamental. La Ley del Régimen Electoral prevé sanciones explícitas para las organizaciones políticas que incurran en irregularidades en sus registros de militantes. El artículo 135, por ejemplo, establece causales de cancelación de la personalidad jurídica por «incumplimiento grave de las disposiciones de la presente Ley». No obstante, a pesar de la claridad de la norma, la aplicación efectiva de sanciones por parte de las autoridades electorales ha sido notoriamente deficiente.
A pesar de la gravedad de los casos de afiliación forzada o fraudulenta y de las numerosas denuncias ciudadanas, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y las Cortes Electorales Departamentales (CED) han mostrado pasividad ante estas irregularidades. A pesar de tener la facultad legal para investigar y sancionar a las organizaciones políticas responsables, no han aplicado las sanciones correspondientes, incluyendo la revocación de la personalidad jurídica prevista en el Artículo 135 de la Ley del Régimen Electoral para incumplimientos graves.
La militancia impuesta es un problema que trasciende los casos previamente mencionados, revelando un patrón de manipulación de registros por diversas organizaciones políticas en Bolivia. En comunidades rurales, campesinos y líderes sindicales aparecen inscritos en el MAS sin haber firmado formularios de adhesión, según denuncias de los afectados cuyos nombres fueron incluidos en listas por dirigentes afines al partido. A pesar de las quejas y la evidencia, el TSE no ha realizado auditorías exhaustivas. En Santa Cruz, simpatizantes de Creemos denunciaron el uso de sus datos personales para afiliarlos sin autorización, recibiendo confirmaciones de militancia sin trámite previo. Sus reclamos ante la Corte Electoral Departamental tuvieron respuestas lentas e ineficaces, sin sanciones para la organización. En 2023, estudiantes de la UPEA en El Alto denunciaron haber sido engañados por activistas del FPV para firmar planillas con promesas falsas, utilizando sus firmas para afiliarlos. La Corte Electoral Departamental de La Paz archivó el caso por supuesta falta de pruebas, dejando la práctica impune.
La inacción de las autoridades electorales ante la proliferación de casos de militancia impuesta plantea interrogantes serias sobre su independencia y su compromiso con la transparencia del sistema democrático. Existe una percepción generalizada de que los órganos electorales evitan confrontar y sancionar a los partidos políticos con mayor poder e influencia para no generar conflictos políticos de gran envergadura. Esta falta de firmeza socava la credibilidad de las instituciones encargadas de garantizar la pureza del voto. Se evidencia una alarmante falta de voluntad política para implementar mecanismos ágiles y efectivos que permitan verificar las denuncias masivas de afiliaciones irregulares. Esta inacción de facto permite que las irregularidades queden en la impunidad, alentando a las organizaciones políticas a continuar con estas prácticas fraudulentas. Los procesos para investigar las denuncias son excesivamente lentos y engorrosos, lo que provoca que muchas víctimas de estas prácticas desistan de seguir adelante con sus reclamos ante la falta de respuestas inmediatas y la complejidad de los trámites.
La militancia política impuesta o fraudulenta no es un problema aislado ni un simple error administrativo. Se ha convertido en un método sistemático utilizado por diversas organizaciones políticas en Bolivia para inflar artificialmente sus bases de apoyo y ejercer un control indebido sobre los registros electorales. La persistente inacción del TSE y las Cortes Electorales solo perpetúa este fraude, vulnerando derechos fundamentales de los ciudadanos y debilitando los pilares de la democracia boliviana. Ante esta grave situación, se requiere que la ciudadanía organizada exija investigaciones exhaustivas e independientes de todos los casos de militancia impuesta, así como la aplicación de sanciones ejemplares a las organizaciones responsables. Los medios de comunicación juegan un rol crucial en visibilizar estos casos de manera continua y en presionar a las organizaciones políticas y a los órganos electorales para que rindan cuentas. Se deben implementar reformas urgentes en los mecanismos de control y verificación de los registros de militancia para evitar que más ciudadanos bolivianos sean víctimas de estas prácticas antidemocráticas. Mientras no existan consecuencias reales y efectivas para quienes manipulan la voluntad popular, los partidos políticos seguirán jugando con las reglas a su conveniencia. La democracia boliviana merece mucho más que eso: merece transparencia, integridad y el respeto irrestricto a la libre elección política de cada ciudadano. Es hora de que la inacción cómplice de las autoridades electorales cese y se garantice un sistema electoral limpio y confiable para todos los bolivianos.