En 2024 se han incrementado las vulneraciones a la institucionalidad democrática y las libertades fundamentales en Bolivia. De acuerdo con el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS, el año pasado cerró con 915 casos de vulneraciones, cifra que representa un incremento del 19% respecto a 2023 y marca un promedio de 76 violaciones mensuales, o 2,5 diarias.
Fuente: Observatorio Unitas
Fuente: Brújula Digital
Sumando Voces
Rodolfo Huallpa
En 2024 se han incrementado las vulneraciones a la institucionalidad democrática y las libertades fundamentales en Bolivia. De acuerdo con el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS, el año pasado cerró con 915 casos de vulneraciones, cifra que representa un incremento del 19% respecto a 2023 y marca un promedio de 76 violaciones mensuales, o 2,5 diarias.
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UNITAS presentó este miércoles el Informe “Libertades Fundamentales e Institucionalidad en Bolivia 2024”, un estudio que presenta datos sobre violaciones a las libertades de expresión, de prensa, de asociación y de reunión pacífica y protesta, además de la institucionalidad democrática y el derecho a defender derechos.
Según los datos, la Policía Boliviana fue la entidad con más registros de vulneraciones en 2024: 212 casos. Le siguieron las autoridades del gobierno central (182), entidades desconcentradas del ejecutivo (66), autoridades del legislativo nacional (65), persona particular (60), grupos de personas (58) y autoridades municipales (57). El 65% de las vulneraciones se concentró en los departamentos de La Paz (379 casos) y Santa Cruz (224 casos).
De las seis categorías monitoreadas, la más afectada en 2024 fue la institucionalidad democrática, con 525 casos, lo que representa el 57% del total de registros en el año. El principal tipo de vulneración fueron los actos o declaraciones contrarias al ejercicio de derechos (282 casos), seguido del acoso político (70), en su mayoría dirigido contra concejalas obligadas a renunciar por acuerdos de “gestión compartida”.
Otros puntos críticos en la categoría de institucionalidad fueron la corrupción de autoridades (48 casos) y los procedimientos no basados en la norma (48), éstos últimos relacionados con autoridades que, por acción, omisión o aquiescencia, cometen vulneraciones que contradicen la normativa vigente. El Observatorio identificó un incremento sostenido en esta categoría desde 2022, cuando se reportaban 199 casos. En 2023 se registraron 379 actos.
Libertad de prensa es la más vulnerada de las libertades monitoreadas con 150 registros (17% del total). Las agresiones físicas y psicológicas a periodistas encabezaron la lista (42 casos), seguidas por el impedimento de acceso a la información (30) y las amenazas o amedrentamientos (24).
Destaca también el salto de 1 a 11 casos de criminalización de periodistas entre 2023 y 2024. El informe desglosa estos hechos, entre los que se incluyen una sentencia constitucional que obliga a tres periodistas a eliminar imágenes de una agresión a una mujer en Santa Cruz (29/04/24), otra sentencia que ordena borrar imágenes del estado de ebriedad del secretario de Finanzas de la Gobernación de Oruro (28/11/24) o los casos de citación fiscal a periodistas para que declaren por conflictos sociales o coberturas realizadas principalmente en La Paz y Oruro.
De los 150 casos, 50% son cometidos contra hombres periodistas (75 casos) y el 20% son en contra de mujeres periodistas (30 casos). El restante 30% (45 casos) tiene como actores vulnerados a grupos de periodistas o medios de comunicación.
Sobre la libertad de expresión, esta categoría acumuló 34 registros a lo largo de 2024, una baja del 17% respecto al año anterior. Sin embargo, se triplicaron los casos de criminalización, que pasaron de 3 en 2023 a 10 en 2024. Éstos tienen que ver con hechos en los que actores políticos o instituciones públicas instauraron procesos legales por de¬claraciones o actos de fiscalización contra actores políticos, organizaciones o personas particulares.
Libertad de reunión y protesta: se registra uso desproporcionado de la fuerza
En 2024 se documentaron 95 casos de vulneraciones a la libertad de reunión pacífica y el derecho a la protesta, un aumento del 39% respecto a 2023. Más de la mitad de estos casos (53%) corresponden al uso desproporcionado de la fuerza pública, que dejó un saldo de 50 personas heridas en diferentes manifestaciones sociales. También se registraron 18 actos de represión directa y 8 casos de incumplimiento al deber de garantía de protestas pacíficas.
De acuerdo con el informe, el incremento de este último año se debe a dos factores. El primero, los casos de personas heridas en el uso desproporcional de la fuerza pública en diferentes manifestaciones sociales, principalmente en el fallido asalto a Palacio de Gobierno propiciado por agentes militares y, el segundo, los conflictos internos en la Federación Departamental de Campesinos Tupac Katari.
Libertad de asociación: prima la suplantación y división de organizaciones
La libertad de asociación presentó una reducción del 70%. Se registraron 18 casos en 2024. No obstante, el informe advierte que estos datos pueden estar subestimados por la naturaleza no pública de muchas vulneraciones.
Los casos de suplantación o división de organizaciones y la obstrucción de su funcionamiento, por parte de autoridades del Órgano Ejecutivo nacional y otros grupos de personas, son los más resaltantes en esta categoría.
Derecho a defender derechos: criminalización en aumento
El informe revela un incremento del 82% en las vulneraciones al derecho a defender derechos, que pasaron de 51 casos en 2023 a 93 en 2024. Más de la mitad de los casos (53) implican criminalización de personas defensoras, especialmente aquellas que luchan por el territorio y el medio ambiente.
Sobresale la denuncia penal instaurada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos en contra de más de 20 personas defensoras de la tierra y el territorio en Tariquía, Tarija, donde la estatal petrolera junto a Petrobras ha buscado ingresar a esta reserva nacional para actividades de exploración petrolera, pese a la re¬sistencia de comunarios que impiden su ingreso a través de una vigilia.
De los 93 registros, el 58% de las vulne¬raciones (54) se cometen en contra de hombres, frente al 18% (17) de casos en los que son mujeres las actoras vulneradas. El restante 24% (22) se comete en contra de organizaciones o grupos de personas defensoras de derechos.
BD/