Esta práctica ha sido calificada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como violencia sexual. Amnistía Internacional también la define como tortura sexual. “Y es algo a lo cual someten con frecuencia a las mujeres que caen presas”.
Foto: Ilustrativa.
Fuente: ANF.
La Paz.- Golpes en zonas sensibles del cuerpo, privación de agua y comida, amenazas de muerte y violaciones con objetos son algunas de las torturas que aún se practican en Bolivia contra personas bajo custodia policial o en recintos penitenciarios. Así lo denuncia Emma Bravo, directora del Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal (ITEI), quien recoge testimonios de víctimas que evidencian un patrón sistemático de abusos, con especial ensañamiento hacia mujeres y grupos vulnerables.
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El diagnóstico que Bravo lanza no es nuevo, pero sí persistente. Las denuncias recogidas por el ITEI evidencian que la tortura no es un vestigio del pasado dictatorial, sino una práctica sostenida y sistemática, con nuevos rostros, uniformes renovados y la complicidad silenciosa de las instituciones que deberían prevenirla.
“Los policías aprenden muy bien a amedrentar a las personas y a ponerlas en total situación de inseguridad”, asegura la directora del ITEI en el programa de Sumando Voces. Y la violencia no termina con los golpes. Hay una modalidad que, aunque más difícil de denunciar, es recurrente: la tortura sexual.
“Comienza con los toqueteos, y eso con las mujeres es muy común. Las que caen por la Ley 1008 sobre tráfico de drogas, por ejemplo, saben y hasta creen que es lo más normal que les ocurra, porque va hasta la violación, y va hasta la violación con partes del cuerpo, con objetos”, explica Bravo. Muchas de estas mujeres no denuncian, por vergüenza, por miedo, por una culpa que el sistema les ha sembrado.
Bravo cuenta el caso de dos mujeres que, tras intentar denunciar la violación de una menor de edad, fueron ellas mismas acusadas por la Policía de trata y tráfico. “Estas mujeres fueron sometidas a desnudez forzada y a violación en el sentido de que los policías introdujeron los dedos en la vagina, so pretexto de buscar drogas”, denuncia.
Esta práctica, añade, ha sido calificada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como violencia sexual. Amnistía Internacional también la define como tortura sexual. “Y es algo a lo cual someten con frecuencia a las mujeres que caen presas”.
La dimensión masculina de la tortura sexual, aunque menos visibilizada, también existe. “¿Someten a la misma tortura a los hombres? No sabemos. Porque es muy difícil que los hombres denuncien tortura sexual. Es muy difícil, pero sabemos que existe”, dice Bravo.
El mapa de la tortura, según el ITEI, tiene coordenadas claras: ocurre bajo custodia policial, en recintos penitenciarios, en la FELCC (Policía anticrimen), en cuarteles militares, en la Escuela de Cóndores. Las víctimas no son aleatorias: son personas en situación de vulnerabilidad, marcadas por su género, edad, etnicidad, orientación sexual, situación económica o estatus migratorio. “Enfrentan invisibilidad, discriminación, acoso, violencia y encarcelamiento excesivo”, afirma Bravo.
El mecanismo es reiterado. “¿Quiénes torturan? La Policía, las Fuerzas Armadas, con la complicidad de jueces y fiscales. ¿Y cuándo se tortura? En el momento de la detención, con fines investigativos o de confesión, generalmente antes de que se presente a los presuntos delincuentes frente a la prensa”, explica Bravo.
Hay casos que ella aún recuerda: tres mujeres, detenidas preventivamente, fueron torturadas en las celdas de la FELCC, en los dormitorios de los policías. “Las torturaron para que confiesen. Y luego, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo frente a la prensa: ‘han confesado’. Pero no era verdad”.
Y si sobreviven a la detención inicial, la tortura no cesa. “Se tortura en las cárceles, cuando llegan, por factores punitivos; durante los traslados de una cárcel a otra, como forma de amedrentamiento. Y también cuando están en régimen de incomunicación”, detalla la directora del ITEI.
Bravo concluye: “De acuerdo a los testimonios que nosotros hemos recogido de diferentes épocas, esto se repite continuamente”. La tortura en Bolivia es una práctica arraigada, conocida y, sobre todo, permitida por un Estado que prefiere mirar hacia otro lado.