La jueza Lilian Moreno, del Tribunal de Santa Cruz | EL DEBER
La jueza Lilian Moreno Cuéllar, que por segunda vez dictó un fallo a favor del expresidente Evo Morales, dejó su despacho tras emitir la resolución y viajó a La Paz con una licencia aprobada por el Tribunal Departamental de Justicia. La Policía sospecha que la funcionaria abandonó el país por la frontera con Perú. De momento, la aludida no se ha pronunciado.
Según reportes policiales, Moreno abordó el lunes 28 de abril el vuelo OB-681 de Boliviana de Aviación (BoA) con destino a La Paz. No se registró pasaje de retorno a Santa Cruz. La magistrada solicitó licencia por motivos personales desde el 29 de abril hasta el 6 de mayo. Tras conocerse el fallo, agentes de la Policía acudieron a su despacho y domicilio, pero no la encontraron.
El fallo de Moreno anuló la orden de aprehensión contra Evo Morales en un caso de presunto delito de trata y tráfico de personas con agravantes, lo que generó una ola de críticas de varios sectores.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, calificó el fallo como una “payasada” y advirtió que esta acción puede constituir el delito de desobediencia a resoluciones judiciales, con penas de hasta seis años. “Vamos a pelear, como siempre, con la justicia boliviana. Esta decisión es nula de pleno derecho”, declaró.
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El Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo de Justicia anunciaron investigaciones. El presidente del Tribunal Supremo, Romer Saucedo, criticó el fallo. “No compartimos decisiones que permitan a personas procesadas por pedofilia burlarse de la justicia. Primero nuestros niños”, publicó en redes.
Jueza que favoreció a Evo habría abandonado el país
La decisión judicial causó malestar y alistan acciones legales contra la jueza Moreno; Evo celebra el fallo
La decisión de la jueza de Santa Cruz Lilian Moreno, que paralizó el proceso de investigación penal en contra del presidente Evo Morales, habría abandonado el país, según la Policía, luego de las presiones por dejar sin efecto la imputación y la orden de aprehensión que provocó un remezón en el Gobierno, el Ministerio Público y el propio Órgano Judicial.
Estas instituciones anunciaron acciones legales en contra la juzgadora por el delito de prevaricato; mientras el expresidente procesado celebró esta decisión y señaló que “después de mucho tiempo siente que llegó la justicia a su favor”.
Nelson Cox, abogado de Morales, reveló el miércoles que la Justicia determinó anular la orden de aprehensión y la declaración de rebeldía dictadas contra el expresidente en el marco del proceso por trata y tráfico de personas que se sigue en el distrito judicial de Tarija.
“El día de hoy (miércoles) fue notificada la Fiscalía con un auto constitucional que dispone que toda la tramitación del caso que estaba en Tarija se lo entregue a Villa Tunari”, indicó Cox.
Sin embargo, este jueves, la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, manifestó en Sucre, donde participa de un evento deportivo nacional del Ministerio Público que esta entidad no fue notificada con esa determinación judicial.
EN EL LIMBO
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, lamentó este jueves la incertidumbre que existe sobre la autoridad judicial que controlará el proceso penal por trata y tráfico de personas en contra de Morales, después de que una jueza de Santa Cruz dejara sin efecto la imputación formal y la orden de aprehensión que estaba en curso en Tarija.
“¿Dónde queda el control jurisdiccional?, no podemos, como Fiscalía, estar en el limbo y viendo que autoridades jurisdiccionales o jueces de garantías estén emitiendo resoluciones en las cuales puedan de alguna otra manera quizás favorecer al imputado y perjudicar el trabajo de la Fiscalía”, señaló Mariaca.
La autoridad indicó que solicitó un informe a los fiscales sobre el proceso penal contra Morales y la resolución de la jueza de Santa Cruz (Lilian Moreno Cuéllar) y con esa información asumir las acciones correspondientes.
“Hemos solicitado un informe pormenorizado a la Fiscal Departamental de Tarija y en su defecto a la comisión de fiscales, con seguridad tendremos hasta mañana (viernes) y vamos a poder ampliar con el informe de la fiscalía de Tarija”, precisó.
Mariaca dijo que espera la resolución documentada que haya recibido la fiscal de Tarija en la que se ordene la remisión del cuaderno de investigaciones del caso a Cochabamba para que asuma la Fiscalía de ese departamento y el juez de turno o en el lugar donde vive el imputado (Villa Tunari).
FUNCIONARIA
Lilian Moreno es abogada de 46 años y tiene larga trayectoria en la función pública. El año pasado, postuló para ser consejera de la Magistratura. Según ABI, entre 2012 y 2016, durante el gobierno de Evo, fue jefa del departamento jurídico y, luego asumió como gerente de Impuestos en Santa Cruz.
Moreno habría salido del país, pidió permiso
La jueza Lilian Moreno, que por segunda vez dictó un fallo a favor del expresidente Morales, dejó su despacho en Santa Cruz tras emitir la resolución y viajó a La Paz con una licencia aprobada por el Tribunal Departamental de Justicia. La Policía teme que la funcionaria ya haya abandonado el país por la frontera con Perú.
Según reportes policiales, Moreno abordó el lunes 28 de abril el vuelo OB-681 de Boliviana de Aviación (BoA) con destino a La Paz. No se registró pasaje de retorno a Santa Cruz. Ella solicitó licencia por motivos personales desde el 29 de abril hasta el 6 de mayo. Los investigadores no descartan que haya cruzado la frontera hacia Perú por tierra. Moreno, argumentó que la orden de aprehensión fue emitida sin el debido control jurisdiccional y que se vulneró el principio del juez natural, ya que el proceso se inició en Tarija, a pesar de que Morales reside en Cochabamba.
Tras su fallo, la jueza denunció haber recibido amenazas y presiones antes, motivo por el cual llevó a cabo la audiencia desde un lugar clandestino por razones de seguridad.
Ministro ve “payasada” en fallo de jueza
El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, arremetió el miércoles contra la decisión de la jueza Lilian Moreno y advirtió que la autoridad habría incurrido en delitos tipificados por el Código Penal boliviano.
“Lo que ha ocurrido en el departamento de Santa Cruz yo lo catálogo, a título personal, como una payasada. Esta payasada está tipificada como desobediencia a resoluciones de acciones de libertad y resoluciones inconstitucionales, un tipo penal que tiene una pena privativa de libertad de entre dos a seis años”, sostuvo.
Del Castillo anunció que el Ministerio de Gobierno activará acciones penales contra la autoridad judicial y criticó que la decisión de la jueza intente trasladar la defensa de las víctimas al trópico de Cochabamba, lo que, a su juicio, vulnera sus derechos. Finalmente, adelantó que el Gobierno agotará todas las instancias necesarias para revertir la decisión.
TSJ exige protección de víctimas y Consejo anuncia proceso
Sobre el tema, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, remarcó el miércoles que los jueces del país tienen el deber ineludible de proteger a las víctimas de delitos, especialmente cuando se trata de sectores vulnerables como niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas con discapacidad.
“Los niños, niñas y adolescentes merecen toda la protección del Estado”, manifestó de manera enfática, al repudiar resoluciones judiciales que —según dijo— no están alineadas con este principio fundamental.
“No es posible que con resoluciones de jueces que no están comprometidos con nuestra niñez, y más aún en hechos de connotación nacional, se deje desprotegida a nuestra infancia y juventud, peor aún en delitos sexuales”, sostuvo.
El presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, informó que se instruyó una revisión del caso para determinar si la actuación de la jueza se ajustó a la normativa legal vigente. “El Consejo de la Magistratura va a ser tajante cuando una autoridad jurisdiccional evade el cumplimiento de la ley”, afirmó en una conferencia de prensa.