El tribunal de la ONU dictó nuevas medidas cautelares contra Caracas al considerar que sus acciones recientes agravan la disputa territorial con Guyana
Un joven conduce una motocicleta frente a un mural con un mapa de Venezuela que incluye al territorio de Esequibo, una franja de tierra gestionada y controlada por Guyana, pero que Venezuela reclama como propia, en el vecindario 23 de Enero, en Caracas. (AP Foto/Matias Delacroix, Archivo)
(Con información de EFE)
Fuente: infobae.com
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La Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyó este viernes que se ha incrementado de forma significativa el riesgo de que Venezuela ejerza control efectivo sobre el territorio en disputa de Esequibo, bajo administración de Guyana, y ordenó nuevas medidas cautelares para evitar una posible alteración del statu quo en la región.
“El riesgo grave de que Venezuela adquiera y ejerza control y administración sobre el territorio en disputa ha aumentado significativamente”, señaló la Corte.
Según el fallo, el máximo tribunal de Naciones Unidas observó que las acciones recientes de Venezuela —incluidas medidas legislativas, decretos y el anuncio de elecciones en el área— implican “acontecimientos graves que constituyen un cambio en la situación” ya evaluada en 2023, cuando se emitieron las primeras medidas cautelares en este caso.
En su decisión más reciente, comunicada a las partes por carta el jueves y difundida públicamente el viernes, la CIJ reafirmó por unanimidad que las medidas dictadas en diciembre de 2023 “deben ser implementadas de forma inmediata y efectiva”. Entre estas medidas figura la obligación de abstenerse de cualquier acción que pueda modificar la situación del territorio al oeste del río Esequibo o que tienda a “agravar o prolongar” el litigio.
ARCHIVO – El río Esequibo fluye a través del cruce Kurupukari en Guyana. (AP Foto/Juan Pablo Arraez, archivo)
Adicionalmente, por doce votos contra tres, la Corte exigió a Venezuela que se abstenga de realizar elecciones o de prepararse para organizarlas en el Esequibo, una región de unos 160.000 kilómetros cuadrados que representa aproximadamente el 70 % del territorio guyanés, incluida una zona marítima con reservas de petróleo en alta mar.
Venezuela había anunciado la realización de elecciones regionales en Esequibo para el 25 de mayo y lanzó oficialmente la campaña electoral el martes pasado, lo que llevó a Guyana a solicitar en marzo medidas urgentes ante la CIJ. La demanda guyanesa instaba al tribunal a impedir cualquier acción venezolana que buscara anexar el territorio o incorporarlo como una nueva entidad federal llamada “Guayana Esequiba”.
El presidente de Guyana, Irfaan Ali, reveló el jueves por redes sociales el contenido de la comunicación enviada por la CIJ —aunque el fallo no había sido publicado todavía— y afirmó que “una vez más, la postura de Guyana ha prevalecido; una vez más, se ha demostrado que se ajusta al derecho internacional”.
El presidente de Guyana, Irfaan Ali. (REUTERS/Kaylee Greenlee)
Por su parte, Venezuela afirmó este viernes que no reconoce ni acatará los fallos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la disputa territorial por el Esequibo: “Venezuela no reconoce ni reconocerá jamás la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, ni acatará decisión alguna que emane de este tribunal para dirimir la controversia territorial sobre el Esequibo”, señaló el régimen en un comunicado difundido por el canciller Yván Gil a través de su cuenta de Telegram.
Venezuela ha sostenido históricamente que el único mecanismo legal para resolver la controversia territorial es el Acuerdo de Ginebra de 1966, firmado con el Reino Unido antes de la independencia de Guyana. Este pacto establece las bases para una solución negociada. Sin embargo, tras más de dos décadas sin avances, Guyana presentó en 2018 una demanda ante la CIJ, que en abril de 2023 se declaró competente para analizar el caso, a pesar de los esfuerzos de Caracas por invalidarlo.
La Corte aún no ha abordado el fondo de la disputa sobre la soberanía del Esequibo. Las medidas dictadas hasta ahora tienen carácter cautelar y buscan preservar la situación jurídica hasta que se resuelva el litigio territorial iniciado por Guyana hace siete años.