Para alguien que no es abogado, la posibilidad de pensar en el derecho y sus actores desde fuera de él, no es tarea fácil. A partir de lo ocurrido esta semana con la estupidez de anular la detención de Evo, como si aquello lo eximiera de una posible comisión de un delito, y de insistir en la ilegal detención del gobernador de Santa Cruz; vanos han sido los intentos de la población en encontrar una reflexión que nos acerque a entender por qué de las particularidades de la politización de la justicia. Adentrarse en un problema que hasta el momento no encuentra respuesta, trata de la posibilidad de pensar en la politización de la justicia como un fenómeno recurrente y hasta homogéneo y natural en nuestro sistema. El análisis de la politización de la justicia y de la judicialización de la política en nuestro país, en general, nos describe causas de un fenómeno que otorga ventajas a unos y somete a desventajas a otros. En ambos casos las características particulares de estos procesos y la explicación de los mismos en general son materia de rechazo y cuestionamiento.
No importan los detalles si se priorizan los resultados, a pesar de que existen diferencias en la forma en que el poder judicial asume una politización de la justicia o, en otros términos, asume la extensión de las fronteras de lo jurídico sobre la política, se ha desarrollado sistemáticamente una justicia que no responde como un árbitro prudente, por el contrario, se ha profundizado la no relación de la función del poder judicial respecto de la política, es una justicia que busca ser rechazada, es el árbitro parcial, mira, interviene y decide, no importa si dentro o fuera de los límites legales o sociales.
El fenómeno desarrollado en cascada, se extiende con esas particularidades nocivas en la relación prebendal que mantienen los tribunales superiores con cada una de los niveles inferiores del poder judicial. Una posible relación más horizontal de los tribunales de justicia y las instancias inferiores del poder judicial se ha diluido, cada ámbito judicial genera condiciones privilegiadas de un pésimo desempeño con las que explican la imprudencia con la que se maneja la justicia. Ojalá existieran contrapesos internos y la situación del privilegio (de ejercer justicia) se constituyan en el mecanismo fundamental de preservación de las esferas de lo jurídico tal y como manda la Ley y tal y como lo demanda la sociedad. Los costos de las transgresiones son tan altos que el deterioro generalizado de la Ley con la sociedad, por impunidad de los actores de ambos lados, acrecienta la situación de crisis que vivimos. En definitiva, el involucrarse la justicia con la política supone un problema.
Es importante puntualizar que los miedos que genera la politización de la justicia, son cada vez mayores. Todos los poderes judiciales reaccionan de la misma manera ante la cuestión política porque dependen de ella. Esa relación está marcada por las características del grupo de poder, desde el interior del MAS. La justicia opera como si todos y cada uno de estos obreros judiciales preferirían demostrar que tener más poder, es preferible a ser menos por asumir una actitud prudente. Nuestra justicia tiene un elemento en común: tiene una historia de dependencia del poder político que sirve para someter a los adversarios políticos del propio sistema político, y lo que es peor, no existe una resistencia a ella.
Árbitros prudentes, los Tribunales de Justicia, se deberían caracterizar por definir limitadamente la función del poder judicial, un poder judicial preocupado por los límites de su función frente a la política. Poder judicial al cual la politización de la justicia deba incomodar y procurar mantenerse en el espacio de lo jurídico sin contaminarse con las cuestiones políticas. Se debe ser claro cuando se es resistente a intervenir en la resolución del conflicto político y definir claramente cuando el poder político no puede traspasar las fronteras de la «independencia judicial». No se debe visualizar la intervención judicial con la dependencia del poder político y en la inestabilidad de su función como producto de una estrategia de supervivencia antes que de un signo de autonomía. Por una parte, se cuestionan las posiciones partidarias de un poder judicial y que muestran fundamentalmente a los jueces sin garantías de moderación y prudencia frente a la política. Si la política es imprudente y apasionada, el derecho y sus voceros los jueces, no son la reserva de racionalidad necesaria para evitar excesos.
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La politización de la justicia no es una garantía de la vigencia de los derechos fundamentales y de gobiernos democráticos legales, no se puede celebrar mayor cantidad de laceraciones a la vida jurídica y pública, no se pueden desconocer los derechos primordiales basados en los errores de la administración de justicia como una decisión netamente política, no es posible que se ignoren consensos más amplios. La independencia del poder judicial y su rectitud y la efectividad del ejercicio de este poder no debe ser un saludo a la bandera. No es posible desconocer la importancia de impartir una justicia efectiva, recta y confiable, la última palabra no la pueden tener funcionarios incapaces simplemente por ser electos como jueces. Estas decisiones políticas, antes que jurídicas, son sinónimo de peligrosidad, sometimiento y de estupidez humana. La política y las políticas, son racionales, representan la pluralidad de intereses que constituyen la base de la democracia, por lo que no es posible que se dependa de la mano de personajes serviles antes de pensar en el estricto cumplimiento de la Ley sin tener que pagar favores o justificar políticas gubernamentales dominantes. Si se determina ajustar la Ley para favorecer al gobierno o al “jefazo”, la sociedad, está en manos de matones.