Si los afectados no reaccionan quiere decir que allanan la vía para candidatura del líder cocalero
INVESTIGADO. El expresidente Evo Morales en una de sus presentaciones en el Trópico. Foto: ArchivoLa resolución de la jueza de Santa Cruz Lilian Moreno, quien el miércoles anuló el proceso penal que impulsa el Ministerio Público por el delito de trata de personas en contra del expresidente Evo Morales pero, en menos de 48 horas, otro juez, esta vez de La Paz, repuso la vigencia de la orden de aprehensión, es parte del “enredo jurídico”, del “teatro” y de las “maniobras” que debilitan aún más la confianza en el sistema judicial debido a resoluciones judiciales y fiscales contradictorias y marcadas de tinte político, coinciden algunos abogados. Analistas apuntan a que este lío jurídico es una “cortina de humo” para allanar la candidatura del líder cocalero y que podría terminar con la reconciliación del MAS con miras a las elecciones generales.
En menos de dos días, dos jueces de garantías constitucionales protagonizaron resoluciones que se contraponen. La primera, la jueza Lilian Moreno de Santa Cruz que en un trámite de recurso de queja por una acción de libertad que no se habría cumplido desde el año pasado, echó por tierra la imputación fiscal, la orden de rebeldía y de aprehensión contra el expresidente Evo Morales y ratificó que la investigación por trata y tráfico de personas pase de Tarija a la jurisdicción de Cochabamba, concretamente al Trópico.
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La resolución de la jueza provocó un remezón en el Gobierno, las autoridades judiciales y el Ministerio Público que de forma separada cuestionaron esa decisión y anunciaron procesos legales contra la jueza Moreno acusándola de haber cometido prevaricato. Sin embargo, el viernes, el juez de Instrucción de La Paz, Andrés Zabaleta, se pronunció con otra resolución que suspende temporalmente la determinación de Lilian Moreno y en la práctica indica que sigue vigente la orden de aprehensión.
La otra contradicción de la justicia es respecto al juez natural, el lugar donde debe radicar el proceso. La jueza Lilian Moreno anuló el proceso penal en Tarija porque considera que el juez que debe controlar la investigación es el distrito de Cochabamba donde radica el imputado Evo Morales, pero el año pasado, un tribunal del distrito judicial de La Paz, determinó que el proceso continúe en Tarija.
REPERCUSIONES
Tras conocerse la determinación de la jueza Moreno, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, reprochó esa decisión. “No compartimos la posición de jueces que permiten a ciudadanos procesados por hechos de pedofilia burlarse de la justicia. Primero nuestros niños”, publicó Saucedo en sus redes sociales.
Horas antes, el presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, anunció una investigación disciplinaria contra Moreno. “El Consejo de la Magistratura va a ser tajante, cuando una autoridad jurisdiccional evada el cumplimiento de la ley. Si esta decisión judicial ha sido en contra de la ley, tengan por seguro que este funcionario judicial va a ser sancionado”, declaró Baptista en contacto con los medios.
En Sucre, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, calificó la resolución a favor de Morales como una “payasada” y aseguró que esta acción constituye un delito de desobediencia a resoluciones judiciales, sancionado con hasta seis años de cárcel según el Código Penal boliviano.
El jueves, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, lamentó la incertidumbre que se genera sobre la autoridad judicial que controlará el proceso penal por trata y tráfico de personas en contra de Morales, después de que una jueza de Santa Cruz dejara sin efecto la imputación formal y la orden de aprehensión que estaba en curso en Tarija.
“¿Dónde queda el control jurisdiccional?, no podemos, como Fiscalía, estar en el limbo y viendo que autoridades jurisdiccionales o jueces de garantías estén emitiendo resoluciones en las cuales puedan de alguna otra manera quizás favorecer al imputado y perjudicar el trabajo de la Fiscalía”, señaló Mariaca.
“Despelote”, “teatro” y “maniobras”: Reacciones de abogados
Las resoluciones contradictorias de los jueces fueron cuestionados por abogados del país que observan “intereses políticos” que podrían favorecer al expresidente Evo Morales en su intención de posicionarse como candidato en las elecciones generales del 17 de agosto.
El abogado penalista y constitucionalista Arturo Yáñez considera que la acción inmediata en contra de la decisión de la jueza Lilian Moreno era la de la impugnación por parte de los accionados, en este caso el Ministerio Público, lo que pondría en suspenso la cuestionada determinación hasta que se pronuncie en revisión el TCP.
“Me sorprende el despelote que hay, de procesos aquí, procesos allá, cuando los abogados sabemos que cuando la acción me agravia, yo percuto, la acción en apelación. Es un enredo total, es la inseguridad en el país; presentar acciones de libertad en cualquier lugar, presentar una acción de libertad por otra persona, es la mejor prueba del estado del arte del sistema de justicia”, precisa.
Explica que el derecho constitucional es político porque hace la relación tensa entre el poder versus el ciudadano.
En su criterio, hay intereses en juego y si los “perjudicados” con esa decisión no apelan, “se hacen a los del otro viernes”, lo que están haciendo es favorecer esa resolución y que Evo Morales no tenga mandamiento de aprehensión, pueda circular libremente e intentar registrar su ‘ilegal’ candidatura ante el TSE.
“Si lo que vemos son reacciones viscerales, no de derecho, nos está mostrando que al parecer habría un charle para hacer un escándalo, pero en el fondo permitir que la resolución se cumpla y Evo Morales esté libre”, agrega.
El abogado constitucionalista Frank Campero califica como “un teatro” lo que está ocurriendo con relación al proceso de Morales y dijo que, en este caso, la ciudadanía creerá en la seriedad del proceso solamente cuando ejecuten el mandamiento de aprehensión.
“Porque, si no, es solamente un teatro para habilitar a Evo Morales como candidato, por las buenas o por las malas, o al final para que Evo y Luis Arce se den la mano”, apunta.
Por su parte, el abogado constitucionalista Jaime Hurtado sostiene que en torno al proceso contra Morales se observa un “juego de maniobras” de un proceso que empieza en Tarija, llega a una imputación y a una orden de aprehensión, que no se ejecutan, y esperan que se dé una acción de libertad en Santa Cruz por una jueza que actúa sin competencia y remite el caso a Cochabamba.
“Esta es la imagen del Órgano Judicial y del TCP, que está a los vaivenes y jalonazos de los políticos que tienen influencia; pero, finalmente, es el partido oficialista que abusa de la extrema debilidad del sistema judicial boliviano”, sentencia él.