El nuevo presidente de la APSC, Marco Curi, alentó a los periodistas bolivianos a «estar atentos» ante los intentos de «perforar» la Ley de Imprenta, que garantiza la libre expresión
Fuente: El Deber
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En lo que va del año, van 10 casos de violencia contra periodistas en Bolivia, según el Observatorio de Defensores de Derechos de la Unión Nacional de Instituciones para el trabajo de Acción Social (Unitas). En 2024, el mismo observatorio documentó 247 vulneraciones a la libertad de prensa y al derecho a defender derechos en Bolivia: 150 casos contra periodistas y medios de comunicación y 97 contra personas y organizaciones defensoras.
Los datos fueron expuestos este sábado durante la celebración del Día del Periodista Boliviano y la posesión del nuevo Directorio de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz (APSC), que alertó sobre el número creciente de agresiones y amenazas sobre la libertad de expresión en el país, principalmente sobre la Ley de Imprenta (1925), que diferentes gobiernos han tratado de “perforar”.
El recientemente posesionado presidente de la APSC, Marco Curi Melgar, denunció la creciente corrupción en todos los órganos del Estado, que ha debilitado la administración de la justicia, manifestándose en formas como soborno, tráfico de influencia y obstrucción de la justicia, impidiendo el ejercicio del derecho a un juicio imparcial.
Destacó que el presente año “es muy especial” porque se recuerda el Bicentenario de la Proclamación de la Independencia de Santa Cruz, el Bicentenario de la República y el Centenario de la Ley de Imprenta, declarada Patrimonio jurídico del Periodismo Nacional y de la Democracia, en 1998.
“Esta ley garantiza la libertad de expresión de toda la población boliviana. El Directorio que asume hoy la conducción de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, tiene un compromiso ineludible de defensa inquebrantable de la ley de imprenta. Desde ya, rechazamos cualquier intento del Gobierno de perforar esta ley vigente mediante normativas engañosas. Por ello, hago un llamado a los periodistas del país a estar atentos ante cualquier arremetida del Gobierno, en su intento de manipular nuestra sagrada Ley de Imprenta», manifestó.
Durante el acto de la APSC -realizado en la Casa de Gobierno de Santa Cruz- se distinguió a la periodista de EL DEBER, Silvana Vincenti, quien fue acreedora al Premio Nacional Libertad de Expresión 2025, por su destacada carrera y por destapar una negociación de unas 60 mil hectáreas de territorio indígena Baure, en Beni, en favor de la organización ficticia “Estados Unidos de Kailasa” por 1.000 años, bajo la mirada indiferente del Estado.
Vincenti, visiblemente emocionada- fue víctima de amenazas, procesos y mensajes intimidatorios – en su discurso lamentó que la libertad de expresión “la estamos perdiendo de una manera muy cínica”, que se confirma con el cierre de medios de comunicación y la precarización de la labor periodística.
“Se acalla a la prensa con el incumplimiento de la CPE y de acuerdos internacionales como el de Escazú; con asfixia económica, con despidos disfrazados de recortes, con requerimientos fiscales, impunidad, judicialización y criminalización, con citaciones a declarar en La Paz, tratando de debilitar y destruir una instancia propia que parece que estorba, la del Tribunal de Imprenta. Se silencia y se denigra a la prensa, y con ello a la libertad de expresión, en las calles, en los paros, bloqueos, en los vertederos, avasallamientos, en Las Londras, en el predio de los Kim, y también en el Concejo Municipal cruceño”, manifestó.
Puso como ejemplo que el año pasado, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) registró agresiones a seis mujeres periodistas y, en los primeros meses de 2025, ya suman otras seis agresiones a mujeres que cumplían su labor informativa.
“La más reciente fue a la periodista Paola Cadima, que el lunes 5 de mayo protegió a dos humildes mujeres de una horda dispuesta a violentar sus derechos y actuar con absoluta impunidad durante un conflicto por la recolección de basura, en Cochabamba. En el desenlace de este hecho de violencia, Paola también fue víctima de una brutal golpiza y de vejaciones por su condición de mujer”, declaró la periodista.
Denunció también que la ANP registró más de 1.000 incidentes contra la prensa desde el año 2008, pero ningún caso llegó a una sanción a los responsables de las agresiones protagonizadas por sectores paraestatales y no estatales, con en el caso de toma de tierras de La Londras.
“Quiero honrar a los colegas que tienen sed de justicia, y asco de la impunidad. A los que se quitaron la vida por falta de fe en un mejor horizonte, fruto de una salud mental deteriorada por la normalización del estar mal, tema que, por cierto, es un tabú en el gremio (…). Los periodistas no pedimos privilegios, exigimos garantías. Queremos investigar sin miedo, sin mendigar información, sin que el espíritu crítico sea tildado de interesado o pagado”, agregó Vincenti.
Por su parte, la presidente saliente de la APSC, Maggy Talavera, se refirió a los datos de Unitas, en los que casi 30% de los 725 casos contabilizados por su observatorio en Bolivia, correspondieron a violaciones al derecho a la libertad de prensa. Sin embargo, otro hecho que preocupa a los informadores es el cierre de medios como el del diario paceño Página Siete, que dejó de circular en junio de 2023.
“Muchos nos reclaman, demandan a través de las redes que escribamos las historias de corrupción y violencia que son de dominio público, que vamos contra el poder, que acusemos, que persistamos, pero resulta que todos ellos que nos están demandando, que nos exigen, han sido incapaces hasta ahora de aportar a la iniciativa independiente que sale al mercado”, subrayó Talavera.
Fuente: El Deber