Fuente: ANF
En la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) una de cada cuatro personas ha sufrido hostigamiento y acoso sexual (HAS). Lo que podría interpretarse como una cifra alarmante es, en realidad, una señal del profundo enraizamiento de esta violencia en la vida universitaria.
La investigación llevada adelante por la Coordinadora de la Mujer y la propia UMSA reveló que el 24,9% de los estudiantes encuestados en 2024 —423 de 1.697 personas— reconoció haber vivido alguna forma de HAS durante su trayectoria académica.
Pero el dato más elocuente no está en el porcentaje, sino en lo que ocurre después: el 95% de quienes sufrieron no denunciaron. Guardaron silencio. Y no fue por falta de razones.
El miedo a represalias académicas, la indiferencia institucional, la falta de protocolos eficaces y el descrédito de sus relatos contribuyen a una cultura del silencio donde el agresor, casi siempre, queda impune.
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Las víctimas, en cambio, sufren múltiples impactos. Más del 53% reportaron que su rendimiento académico se vio afectado tras sufrir acoso. Algunas decidieron cambiar de carrera o incluso abandonar la universidad.
“Ella me contaba que él la masajeaba, diciéndole ‘corazoncito’ y otras cosas feas… aunque no viví acoso sexual directamente, sí sufrí psicológicamente”, testimonió una estudiante, evidenciando cómo también el entorno inmediato de la víctima sufre las consecuencias.
Las manifestaciones más frecuentes de HAS son los contactos físicos no deseados, los gestos invasivos y las miradas inapropiadas, que representan el 55,08% de los casos reportados. Los comentarios sexistas, otro 24,59%.
Aunque son menos frecuentes, también se registraron casos de quid pro quo: promesas académicas a cambio de favores sexuales, correos con insinuaciones o llamadas fuera de lugar. Estas prácticas se dan, sobre todo, en relaciones jerárquicas, entre docentes y estudiantes.
La encuesta también identificó quiénes son los agresores. El 42% de las agresiones provino de compañeros o compañeras de clase. El 22% fue perpetrado por docentes. El resto incluye ayudantes, superiores jerárquicos, personal administrativo o de mantenimiento.
Estas cifras desmontan la idea de que el acoso solo viene “de arriba hacia abajo”. En realidad, está normalizado en relaciones horizontales, donde también operan estereotipos sexistas y desigualdades de género.
“Es como si fuera parte de la vida universitaria, algo que debes soportar si eres mujer o si no encajas en lo que esperan de ti”, dijo una estudiante en los grupos focales.
La normalización de estas prácticas se traduce en una indiferencia institucional. Solo 21 estudiantes denunciaron formalmente. De ellos, más de la mitad no recibió ningún tipo de apoyo. Solo el 38% reportó haber recibido una atención adecuada.
“Sentí que era más fácil callar. Denunciar significaba exponerte a que te culpen, te investiguen más a ti que al agresor”, declaró otra joven encuestada.
Este contexto ha generado una urgente necesidad de cambio. La investigación propone la creación de la Unidad de Atención y Prevención de Violencias Universitarias (UAPVU) y un protocolo integral para atender el HAS.
Dicho protocolo, aún pendiente de implementación, plantea desde medidas de protección inmediatas hasta una ruta clara de denuncia, resolución y sanción. Incluye también acciones de sensibilización y formación para toda la comunidad.
No obstante, los cambios normativos por sí solos no son suficientes. La transformación debe ser cultural: una universidad que normaliza el acoso difícilmente puede erradicarlo sin revisar sus propias estructuras de poder.
“Yo sí te creo” es una frase que ha resonado en las aulas desde que comenzaron los procesos de visibilización. Pero en muchos casos, esa creencia aún no se traduce en justicia.
La impunidad se sostiene sobre un sistema que duda de las víctimas, que trivializa sus denuncias o directamente las revictimiza. Mientras tanto, los agresores, en su mayoría, continúan impartiendo clases o compartiendo aulas.
El llamado de este estudio es claro: la UMSA no puede seguir mirando a un costado. Erradicar el HAS es una condición para garantizar el derecho a una educación segura, libre y equitativa.