Fuente: Visión 360
La defensa de parte de los 18 acusados informó que en el juicio por el denominado Caso Senkata, la Fiscalía redujo la cantidad de testigos de cargo de 430 a solo 29. El argumento de los fiscales es que no pueden encontrarlos, pese a que en su mayoría estos son militares y policías.
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En declaraciones a Visión 360, la abogada Giomar Ávila, defensa de uno de los jefes militares acusados, sostiene que la intención de los fiscales es acortar el tiempo del juicio para lograr una condena “como sea”, sin fundamentos, porque ni la prueba documental ni la testifical sostienen la acusación por el delito de genocidio, aseveró.
“La Fiscalía ha presentado 430 testigos en total, de los cuales ya se tomó el testimonio de 29; de los cuales algunos de los que ya declararon eran supuestas víctimas y el resto militares. El argumento de la Fiscalía, para retirar de forma tan repentina al resto es que no los puede ubicar, y por eso ha decidido retirar el resto de los testigos de cargo”, afirmó Ávila.
La jurista calificó de “irresponsable” la actitud de los fiscales. En su criterio, el argumento es solo un pretexto, pues la mayoría de esos testigos de cargo son militares y policías, de quien se puede conocer su ubicación con facilidad, pues trabajan en instituciones que tienen esos datos sistematizados.
En abril, otro de los abogados de uno de los jefes militares enjuiciados, Sergio Sanjinés, detalló que se redujo a solo al 18%, la cantidad de testigos de cargo que iban a declarar, de los más de 500 ofrecidos por la Fiscalía, la Procuraduría General del Estado y los ministerios de Gobierno y Justicia, para el juicio del Caso Senkata. El hecho se debió a la “modulación” que aplicó el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto, con el fin de evitar la repetición de testimonios y la dilación innecesaria del proceso.
Asimismo, Ávila informó que se demoró cerca de cuatro meses en la revisión de la prueba documental, de la cual estima, solo el 30% fue aceptada por el tribunal.
Al momento, en el juicio, cuyas audiencias virtuales, se desarrollan de lunes a miércoles, se toma las declaraciones de los testigos de cargo del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Victima (Sepdavi).
Ávila comentó que el día martes se denunció ante el tribunal que los funcionarios del Sepdavi direccionaban el testimonio de uno de los testigos de cargo, que presuntamente ofrecía su versión desde las oficinas de esa institución.
Ante los reclamos, los jueces suspendieron dicha declaración por la evidente influencia que se ejercía sobre el testigo.
Ávila afirmó que el Sepdavi presentó más de 300 testigos, varios de ellos eran los mismos que ofreció la Fiscalía. En el caso del Ministerio de Gobierno, también presentó similar cantidad de testigos, adhiriéndose a la lista del Ministerio Público.
Para la jurista, ninguno de los 29 testigos que ya ha declarado aportó elementos que sostengan la hipótesis de los acusadores, sobre que se cometió un genocidio contra los bloqueadores en la zona de Senkata.
La acusación del caso fue presentada el 23 de octubre de 2023, por el entonces fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, quien informó que se sometería a juicio a 18 exautoridades, por el delito de genocidio. La principal acusada es la expresidenta Jeanine Añez. Junto a ella, comparecen exministros, exjefes policiales y militares.
Todos son procesados por los hechos de violencia suscitados el 19 de noviembre de 2019, en inmediaciones de la Planta de Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) – Senkata de la ciudad de El Alto, que dejó como saldo 10 fallecidos por impactos de proyectiles de arma de fuego y múltiples heridos.
Amenazas
Por último, Ávila también se refirió a las denuncias que se realizaron ante el tribunal, sobre las amenazas que hubo contra varios de los abogados de la defensa. Explicó que por mensajes de texto se los intimada para que se alejen del caso, advirtiendo de que saben dónde estudian sus hijos y donde viven.
“Esto se puso en conocimiento de lo jueces y ellos conminaron a la Fiscalía, para que inicien una investigación, pero obviamente no hicieron nada”, lamentó la jurista.