La detención de Aguilar, de 71 años, sobreviviente de cáncer y con una salud frágil, se dio sin orden judicial ni citación previa. Fue arrestado en su domicilio, en presencia de su familia, por más de 20 efectivos de seguridad, y trasladado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).
Fuente: ANF / La Paz
El 26 de junio de 2024 marcó un nuevo capítulo de tensión institucional en Bolivia. Un grupo de militares al mando del general Juan José Zúñiga se movilizó hacia la plaza Murillo, en un acto que el Gobierno de Luis Arce calificó como “intento de golpe de Estado”. Lo que siguió fue una serie de detenciones y acusaciones que, según el informe de la Alianza por la Justicia y los Derechos Humanos (AJDH), se alejaron de todo debido proceso.
Una de las figuras de la narrativa oficial fue Aníbal Aguilar, exasesor del Ministerio de Defensa, a quien el ministro Edmundo Novillo acusó de ser el “ideólogo” del levantamiento. Horas después de la fallida asonada, Aguilar fue detenido en un operativo policial.
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La detención de Aguilar, de 71 años, sobreviviente de cáncer y con una salud frágil, se dio sin orden judicial ni citación previa. Fue arrestado en su domicilio, en presencia de su familia, por más de 20 efectivos de seguridad, y trasladado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).
Allí, según testimonios de su hijo, de mismo nombre y apellido, permaneció incomunicado durante 18 horas, en condiciones insalubres y bajo presión psicológica. “Mi padre oyó a los policías hablar de pruebas falsas. Dijeron que usarían mensajes de WhatsApp y redes sociales para inculparlo”, relató su hijo.
Al día siguiente, el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo lo presentó ante la prensa como uno de los cabecillas del supuesto intento golpista, enmanillado y sin su abogado presente, en flagrante violación al artículo 296 inciso 4 del Código de Procedimiento Penal, que señala que ninguna persona puede ser presentada ante los medios de comunicación sin su consentimiento.
La familia denunció que no existía ninguna evidencia concreta de su participación en un plan conspirativo. “La única prueba es una fotografía de mi padre caminando por inmediaciones de la Casa Grande del Pueblo”, ironizó su hijo. “Con eso quieren justificar una acusación por terrorismo”.
El informe de la AJDH advierte múltiples violaciones al debido proceso, incluyendo la revocación arbitraria de la detención domiciliaria inicialmente concedida por falta de riesgos procesales. En su lugar, se dictó prisión preventiva por cinco meses en la cárcel de San Pedro.
“No se trata de justicia. Es persecución política”, denunció su abogado, Miguel Ramírez. “El Ministerio Público no presentó pruebas serias. No existe una sola reunión con militares ni comunicación comprometida”.
Aguilar había trabajado como Coordinador de Gestión Pública en el Ministerio de Defensa, redactando discursos y asesorando en temas estratégicos. También es pastor evangélico, docente universitario y miembro del Consejo Nacional Cristiano.
Su familia sostiene que es imposible vincularlo a una conspiración. “Es un civil. Ningún militar seguiría las órdenes de un pastor de 71 años”, dice su hijo. La Iglesia evangélica boliviana también exigió su liberación inmediata por motivos humanitarios.
A fines de junio, fue formalmente imputado por terrorismo y conspiración. Aunque inicialmente se reconoció su derecho a defenderse en libertad, la vocal Claudia Castro revocó esta medida, citando una supuesta amenaza a la vida del presidente Arce, sin evidencia alguna.
El 5 de julio de 2024 fue trasladado al penal de San Pedro, donde, según sus familiares, sufrió un deterioro físico y emocional significativo. “Está enfermo, deprimido. Mi madre le lleva comida todos los días porque no puede comer lo de la cárcel”, dijo su hijo.
La AJDH advierte que su detención responde más a una estrategia de disuasión y control político que a una investigación seria. “Todo apunta a la necesidad del Gobierno de justificar una narrativa de estabilidad en peligro”, señala el informe de la organización no gubernamental. Según la investigación de la AJDH, Bolivia cuenta con 347 perseguidos y detenidos políticos que vienen de los gobiernos de Evo Morales, Jeanine Áñez y el actual mandatario Luis Arce.
Para la organización, lo ocurrido el 26 de junio no responde a un plan golpista articulado, como asegura el gobierno. “El Gobierno no podía desconocer los movimientos. La improvisación de Zúñiga y la respuesta inmediata sugieren que más bien se trató de un autogolpe o montaje”.
De hecho, el contexto político muestra tensiones dentro del propio oficialismo. El general Zúñiga había sido destituido un día antes por declaraciones contra Evo Morales. Su aparición en la plaza Murillo podría haber sido utilizada para reposicionar al Gobierno ante la opinión pública.
El expresidente Carlos Mesa fue claro al respecto al indicar que “el verdadero golpe lo protagonizan el Ejecutivo y el Órgano Judicial contra la Asamblea Legislativa”. Evo Morales, por su parte, denunció un “golpe judicial” para evitar elecciones y fiscalización de ministros.
A juicio de la familia Aguilar, todo ha sido un montaje. “Mi padre conocía a Zúñiga solo por razones laborales. Nunca hubo reuniones conspirativas. Es ilógico pensar que un asesor civil organice un levantamiento militar”, sostuvo su hijo.
La AJDH documentó irregularidades graves en el proceso: audiencias dilatadas, presión para que Aguilar se declare culpable, y reuniones privadas entre jueces y funcionarios del Ministerio de Gobierno.
La Defensoría del Pueblo también intervino. El 28 de noviembre de 2024 emitió una resolución pidiendo al Ministerio de Gobierno que cese la exposición pública de personas detenidas y capacite a su personal sobre el respeto a los derechos humanos.
Pese a la expiración del plazo de detención preventiva el 5 de diciembre, Aguilar seguía encarcelado. Su abogado denunció presiones para que acepte un juicio abreviado bajo amenaza de prolongar el proceso judicial.
Pastores de América Latina exigieron su liberación y denunciaron las condiciones “inhumanas” en las que permanece. Iglesias Unidas de Bolivia solicitó una investigación imparcial del caso.
“El Gobierno teme lo que mi padre sabe. No quieren que hable. Por eso lo acusan de algo absurdo. Pero no nos callaremos”, afirmó su hijo. “Nos han vigilado, seguido, intimidado. Es un hostigamiento inaceptable”.
En palabras de la AJDH, el caso de Aníbal Aguilar refleja cómo se puede usar la justicia como herramienta de venganza política. “Convertirlo en chivo expiatorio busca proteger intereses de poder. La violación de sus derechos no puede ser tolerada por una sociedad democrática”.
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