El encargado de negocios de la embajada boliviana, Carlos Javier Cornejo, informó que «en horas de la madrugada de este miércoles el señor Méndez se saltó la cerca de esa representación diplomática, tocó la puerta y con nota en mano solicitó asilo político».
Fuente: Visión 360
El Gobierno de Bolivia informó este miércoles a Panamá que el sindicalista panameño Saúl Méndez solicitó «asilo político» en la Embajada boliviana, donde recibe «protección temporal», y que este pedido «será analizado por el Consejo Nacional de Refugiados» del país andino.
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El encargado de negocios de la embajada boliviana, Carlos Javier Cornejo, informó que «en horas de la madrugada de este miércoles el señor Méndez se saltó la cerca de esa representación diplomática, tocó la puerta y con nota en mano solicitó asilo político», indicó un comunicado de la Cancillería.
El diplomático boliviano señaló que la solicitud de Méndez «será analizada por el Consejo Nacional de Refugiados en La Paz, que determinará si efectivamente el señor Méndez califica para el otorgamiento del asilo político solicitado».
Méndez, secretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), se refugió en la Embajada de Bolivia en medio de la huelga indefinida encabezada por ese gremio y de las investigaciones por blanqueo que afectan al menos a uno de sus dirigentes.
De acuerdo con la información oficial disponible, Méndez no está imputado en ningún caso judicial en Panamá.
El Suntracs lidera junto con el también izquierdista gremio de docentes del sector público una huelga indefinida y protestas callejeras iniciadas hace un mes en rechazo a una reforma al seguro social, ya vigente, y otras iniciativas del Gobierno del presidente José Raúl Mulino, quien ha acusado al sindicato de la construcción de «mafia» y de desarrollar una «agenda oculta» que busca desestabilizar el país.
Las huelgas en la educación pública y en la construcción se han desarrollado de manera irregular, al tiempo que miembros del Suntracs han encabezado protestas callejeras, algunas de ellas violentas y con enfrentamientos con la Policía que han dejado heridos y detenidos.
El martes el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop) ordenó la cancelación de la personería jurídica de la Cooperativa de Servicios Múltiples Suntracs, R.L., con el argumento de que hay al menos «14 hallazgos» que evidencian el presunto incumplimiento de controles o medidas de prevención del blanqueo de capitales.
El pasado 16 de mayo un juzgado ordenó la detención preventiva del dirigente del Suntracs Jaime Caballero por presunto blanqueo de capitales.
El abogado de los sindicalistas, Rolando Murgas, afirmó este miércoles que el caso contra Caballero carece de «base» jurídica y que en la audiencia que ordenó su encarcelamiento se vio «cómo se simula un delito de lavado».
Murgas también se refirió al cierre de las cuentas del Suntracs «por lavado de dinero o actos de terrorismo» y lo vinculó a una presunta persecución política.
En noviembre de 2023, en el marco de las mayores protestas civiles en Panamá en años contra el entonces Gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024) y contra la minería, la estatal Caja de Ahorros cerró unas 18 cuentas bancarias del Suntracs.
En febrero pasado Méndez informó que el Banco Nacional de Panamá restringió otra cuenta del sindicato que había rehabilitada en julio de 2024 por petición de Mulino, quien ese mismo mes asumió el poder para el quinquenio 2024-2029, según informaron medios locales.
Méndez, que defiende las ideas de izquierda, ha expresado su respaldo a gobiernos de esa tendencia como el de Nicolás Maduro en Venezuela y acusa a Mulino de «dictadorzuelo», fue candidato presidencial del extinto Frente Amplio por la Democracia (FAD) en los comicios de mayo de 2019, en los que obtuvo el 0,69 % de votos.
El FAD también postuló en el 2014 a Méndez como candidato a diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) pero no alcanzó el escaño debido a la escasa cantidad de votos que recibió el partido.