Cuando el árbitro duda, la cancha se inclina. Y cuando ese árbitro es el órgano electoral más alto del país, las consecuencias pueden ser irreversibles. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) enfrenta hoy su momento de verdad. La ciudadanía espera certezas. En cambio, recibe silencios, dilaciones y una peligrosa pasividad frente al embate judicial que amenaza con trastocar el curso del proceso electoral.
El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé ha sido categórico: el sometimiento del TSE a la manipulación judicial sigue generando incertidumbre. No habla desde la militancia, sino desde la experiencia. Fue presidente de la Corte Suprema, del país y cabeza de una transición democrática. Cuando él advierte que el TSE no está cumpliendo su rol, conviene escuchar.
Pero lo más revelador es que esa advertencia no proviene únicamente del exterior. Desde el interior mismo del TSE, el vocal Francisco Vargas ha alzado la voz. “Ya se debería tener certeza de que los 10 frentes no van a tener ningún problema”, dijo con total franqueza, refiriéndose a la participación de las organizaciones políticas ya habilitadas. Más aún: Vargas ha considerado dejar el cargo ante el constante asedio jurídico, señalando que “si no hay garantías para ejecutar el proceso, es mejor irse a su casa”. Sus palabras no sólo revelan el nivel de presión que enfrenta el organismo, sino que exponen la falta de cohesión interna para asumir una posición firme y coherente.
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Y, sin embargo, el marco normativo es claro: no se requiere ninguna ley adicional para blindar las decisiones del TSE frente a interferencias externas. El artículo 2, inciso k, de la Ley 026 del Régimen Electoral lo establece sin ambigüedades: “Preclusión. Las etapas y resultados de los procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato, no se revisarán ni se repetirán”. Este principio no es decorativo ni optativo; es vinculante. Una vez cerrada una etapa, no puede reabrirse. Una vez habilitadas las organizaciones, no pueden ser cuestionadas por recursos posteriores.
El TSE ya ha validado la participación de diez frentes políticos, ha cancelado las personerías de partidos que no cumplieron los requisitos y ha definido el marco de competencia para las elecciones del 17 de agosto. Todo intento judicial de alterar esas decisiones es jurídicamente extemporáneo y políticamente tóxico.
Frente a esto, lo que se espera del TSE no es prudencia malentendida, ni sumisión institucional, ni apelaciones formales a otras instancias. Se espera autoridad. Se espera firmeza. Se espera que ejerza plenamente su mandato constitucional sin tutelajes ni excusas.
La democracia boliviana no puede depender de la tolerancia del Órgano Judicial ni de la buena voluntad de actores externos. El Órgano Electoral es el único competente para administrar los procesos electorales y definir sus reglas. Y debe hacerlo con determinación, sabiendo que su legitimidad está en juego.
Si el TSE no defiende con firmeza la preclusión, si permite que las reglas cambien en medio del juego, si sigue esperando que otros le concedan autoridad, no sólo pondrá en riesgo esta elección. Estará cediendo la soberanía ciudadana a intereses que no responden al voto, sino a la manipulación.
El Tribunal Supremo Electoral ha tenido un desempeño que ha generado muchas susceptibilidades en la ciudadanía. El padrón, las circunscripciones y el TREP, por ejemplo, siguen siendo motivo de desconfianza. Esta es la oportunidad para que demuestre que responde a su mandato y que merece, con hechos, el lugar que la Constitución le otorga como uno de los Poderes del Estado.
El país precisa instituciones que estén a la altura de su responsabilidad. Se requiere un árbitro que no se esconda cuando más se lo necesita.