A pesar de contar con un marco constitucional avanzado y la incorporación de estándares internacionales, la justicia sigue siendo inaccesible para amplios sectores de la población.
Fuente: ANF
La necesidad de una reforma judicial estructural en Bolivia vuelve a ocupar un lugar central en el debate político nacional de cara a las elecciones generales de agosto de 2025. Así lo alerta la “Agenda de Justicia y Derechos Humanos donde nadie quede afuera”, elaborada por más de 300 organizaciones de la sociedad civil con apoyo de la Fundación Construir, en una iniciativa que busca incidir en los programas de gobierno de las futuras autoridades.
El documento identifica la reforma del sistema judicial como uno de los pilares imprescindibles para superar la crisis de legitimidad, mora procesal e impunidad que persiste en la administración de justicia boliviana. Según la Agenda, “el sistema judicial permanece en un estado de crisis permanente” y no se han cumplido los compromisos asumidos en la Cumbre de Justicia de 2016, ni se ha dado continuidad efectiva a la Comisión de Seguimiento creada por Ley 898 en 2017.
Uno de los principales problemas señalados es la falta de voluntad política para asumir la justicia como una política pública estatal, con un plan estratégico de mediano y largo plazo. En su lugar, se ha optado por medidas parciales y reactivas, muchas de ellas motivadas por coyunturas como la pandemia de COVID-19, sin que estas se traduzcan en transformaciones estructurales sostenibles.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
A pesar de contar con un marco constitucional avanzado y la incorporación de estándares internacionales, la justicia sigue siendo inaccesible para amplios sectores de la población, especialmente los más vulnerables. La burocracia, la corrupción, la presión económica y política, y la falta de infraestructura son obstáculos recurrentes que impiden un acceso efectivo a la justicia.
La Agenda enfatiza que sin un enfoque diferencial que garantice igualdad de condiciones para todas las personas, no se puede hablar de una verdadera reforma. En este sentido, se propone adoptar medidas afirmativas que aseguren el acceso a la justicia de mujeres, pueblos indígenas, personas con discapacidad, poblaciones rurales, entre otras.
La digitalización del sistema judicial es uno de los desafíos centrales, pero también una oportunidad. Si bien se han dado pasos hacia la implementación de la ciudadanía digital, aún se carece de una ley de protección de datos personales que cumpla con estándares internacionales. Además, el avance hacia una justicia abierta y digital es lento y desarticulado.
Otro punto crítico es la falta de participación de la sociedad civil en la Comisión 898, encargada del seguimiento a las conclusiones de la Cumbre de Justicia. Las organizaciones proponen que se garantice su inclusión en este espacio y que se implemente un observatorio ciudadano que permita monitorear el desempeño del sistema judicial de manera transparente y accesible.
Entre las propuestas concretas se incluye la implementación inmediata de las recomendaciones de organismos internacionales como el GIEI y los Comités de la ONU, el impulso de métodos alternativos de resolución de conflictos para reducir la sobrecarga judicial, y la promoción de la accesibilidad a las infraestructuras judiciales para personas con discapacidad.
La sociedad civil también plantea fortalecer la formación de jueces, fiscales y abogados con enfoque en derechos humanos, ética profesional y herramientas digitales, así como avanzar en la reforma del Código Penal y la aprobación de la Ley Integral Contra la Tortura, actualmente en trámite legislativo.
Finalmente, las organizaciones convocan a las futuras autoridades a asumir un compromiso real con una reforma judicial integral que deje de ser una promesa electoral y se convierta en una política pública sostenida, participativa y con visión de justicia para todas y todos.