Los empresarios cruceños dicen que ya hay una ley sobre alimentación saludable que no se usa porque no fue reglamentada; sin embargo, se impulsa una nueva que ya está en la agenda del Senado.
Fuente: Unitel
El proyecto de ley 054/2024 de Alimentación Saludable ha generado preocupación en el sector empresarial, advirtiendo que su aprobación podría provocar desabastecimiento y encarecimiento de alimentos y recordando que ya existe una ley similar (la Ley 775) que no se aplica por falta de reglamentación.
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El senador Santiago Ticona (Comunidad Ciudadana), proyectista de la ley, informó que la Directiva del Senado ha programado su tratamiento para la próxima semana y aseguró apertura a observaciones técnicas antes de su aprobación final.
Según el reporte, la norma busca reducir enfermedades no transmisibles asociadas al consumo de grasas trans, sodio, azúcares y grasas saturadas. Establece un marco normativo para prevenir riesgos alimentarios a través de sellos de advertencia, restricciones publicitarias y regulaciones en el etiquetado.
En esta línea, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) reportó que sus propuestas no fueron tomadas en cuenta pese a haberlas presentado por escrito y verbalmente en espacios técnicos, contemplando que la versión actual del proyecto no refleja la realidad productiva del país ni sus capacidades de adaptación.
Preocupación del sector privado
Desde el sector empresarial señalan que la industria ya realizó inversiones para ajustarse a la Ley 775. Esta norma, que fue consensuada, contempla el etiquetado con semáforos, incentiva la reformulación de productos y permite distinguirlos de los de contrabando; sin embargo, nunca fue reglamentada.
Además, se advierte que el proyecto de ley contempla cambios drásticos sin transiciones viables ni excepciones técnicas, lo cual generaría desinversión, pérdida de empleos formales y afectación a pequeños comercios como tiendas y pensiones, claves en la economía popular.
Otro punto crítico es el etiquetado, subrayando que estos permiten una mejor interpretación por parte del consumidor y facilitan la diferenciación con productos ilegales.
En cuanto a la publicidad, el sector empresarial cuestiona que el proyecto prohíba promocionar alimentos legales con al menos un sello de advertencia, resaltando que existe argumento razonable para establecer esta prohibición y además tipificarla como infracción.
La industria considera que limitar la publicidad de productos legalmente comercializados va más allá del objetivo de protección a la salud y contradice principios de libre empresa. Esto afectaría especialmente a las pequeñas marcas con menor visibilidad en el mercado.
Como alternativa, se propone retomar el camino de consenso seguido en otros países como Chile o Brasil, donde la industria participó en el desarrollo de regulaciones.
Los actores del sector privado instan a que cualquier iniciativa se base en ciencia, incluya a todos los actores involucrados y considere la realidad económica actual.