Los campesinos de Nor Lípez (Potosí) presentaron una acción popular pidiendo la tutela de los derechos de las comunidades indígenas a la libre determinación, a la consulta previa e informada, al agua, a la alimentación y a vivir en un ambiente sano.
Fuente: ANF / La Paz
El juez Edson Villarroel Herrera concedió la tutela a los campesinos de Nor Lípez, Potosí, para que Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y el Ministerio de Hidrocarburos suspendan cualquier acción administrativa o ejecución de obras relacionadas a los convenios que firmaron con Uranium One Group y Hong Kong CBC para la explotación de litio en el Salar de Uyuni.
“Disponer que Yacimientos de Litio Bolivianos y el Ministerio de Hidrocarburos y Energías se abstengan de nuevas acciones administrativas y/o ejecución de obras a objeto de la presente acción popular hasta que se pueda garantizar el cumplimiento de las normas de protección de los derechos humanos, ambientales y de la naturaleza en específico la realización de un estudio integral de impacto socioambiental demandados en la acción popular”, leyó la resolución el juez Villarroel.
Los campesinos de Nor Lípez presentaron una acción popular pidiendo la tutela de los derechos de las comunidades indígenas a la libre determinación, a la consulta previa e informada, al agua, a la alimentación y a vivir en un ambiente sano.
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“Las autoridades demandadas, Ministro de Hidrocarburos y Energías; Presidente de Yacimientos Petrolíferos Bolivianos, y Presidente de la Cámara de Diputados, no han garantizado el efectivo ejercicio y protección de los derechos mencionados en el proceso de negociación, diseño, suscripción y tratamiento legislativo de los contratos entre el Estado Plurinacional de Bolivia y las empresas extranjeras Hong Kong CBC Investment Limited y Uranium One Group Joint Stock Company para la explotación de litio en el salar de Uyuni”, dice la acción popular presentada por los campesinos.
La audiencia se desarrolló esta jornada y el juez también ordenó notificar su resolución a la Cámara de Diputados, donde se analizan los contratos observados, para que tengan conocimiento de la medida cautelar.
Diferentes instituciones y expertos en el tema advirtieron que los contratos de litio que el Gobierno promueve no contemplan salvaguardas ante los impactos socioambientales, como la afectación a por lo menos 20 comunidades en sus actividades productivas y turísticas; el uso y contaminación de grandes cantidades de agua, en una de las regiones más secas del país.
En febrero de este año, el presidente de YLB, Omar Alarcón, afirmó que el estudio de impacto ambiental se desarrollará después que los contratos para la explotación de litio en el Salar de Uyuni sean aprobados en la Asamblea Legislativa.