Un informe clave, aplazado en año electoral
El pasado 2 de mayo de 2025, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la evaluación técnica de la economía boliviana a través del denominado Informe del Artículo IV. Este documento anual ofrece un diagnóstico integral de la situación macroeconómica, fiscal y financiera del país, acompañado de recomendaciones de política. Sin embargo, a la fecha, las autoridades nacionales decidieron postergar su publicación, reservándose un plazo de 28 días para tomar una decisión definitiva.
Este hecho no es menor si se considera que Bolivia se encuentra a menos de tres meses de unas decisivas elecciones presidenciales, previstas para el 17 de agosto de 2025. La práctica internacional en materia de transparencia económica aconseja socializar estos informes, permitiendo que ciudadanos, empresarios, académicos e inversionistas accedan a una evaluación técnica independiente sobre el estado real de la economía.
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La transparencia según la teoría económica
Desde la teoría económica, la transparencia informativa es fundamental para reducir la incertidumbre, mejorar la eficiencia de los mercados y anclar las expectativas de los agentes económicos. Modelos como los de expectativas racionales y asimetría de información demuestran que la opacidad en los datos oficiales distorsiona decisiones de inversión, ahorro y consumo, deteriora la credibilidad de las autoridades económicas y puede derivar en crisis cambiarias o fiscales.
En este sentido, informes como el Artículo IV del FMI son esenciales para proporcionar señales claras al mercado y a la ciudadanía, facilitando una lectura honesta de los desafíos económicos del país y evitando escenarios de especulación, pérdida de confianza o fuga de capitales.
Riesgos Macroeconómicos Ocultos
El informe del FMI adquiere especial relevancia considerando que Bolivia enfrenta serias restricciones externas, un déficit fiscal creciente y una sostenida caída de reservas internacionales netas. Los antecedentes de los últimos, Artículo IV advertían sobre la vulnerabilidad del modelo económico vigente, basado en un tipo de cambio fijo, subvenciones generalizadas y déficit fiscal persistente, factores que en los últimos dos años derivaron en tensiones financieras y restricciones cambiarias.
La postergación de su publicación —en un entorno de deuda pública que supera el 83% del PIB y reservas en mínimos históricos— limita la capacidad de los actores económicos para conocer la verdadera magnitud de los desequilibrios macroeconómicos. Esta falta de transparencia incrementa la percepción de riesgo país y dificulta la formulación de políticas correctivas oportunas, debilitando la credibilidad institucional y la estabilidad macroeconómica de Bolivia.
Una oportunidad para debatir con seriedad
El silencio sobre el informe refleja una estrategia política comprensible, pero institucionalmente costosa. Lo correcto sería transparentar la situación económica, asumir con responsabilidad las advertencias técnicas y, en función de ello, proponer rutas de acción viables. Bolivia requiere menos consignas y más debate informado. La transparencia económica no solo es un valor democrático, sino una condición indispensable para preservar la estabilidad y credibilidad en tiempos de crisis.
Postergar el debate técnico y ocultar diagnósticos críticos no evitará los ajustes económicos que tarde o temprano deberán realizarse. Al contrario, solo incrementará sus costos sociales, económicos y políticos. Abrir la discusión ahora es no solo una obligación ética y democrática, sino una oportunidad para recuperar confianza, fortalecer la institucionalidad y construir consensos sobre el rumbo económico que el país necesita después del 17 de agosto.
Por: Bismarck Javier Arevilca Vásquez, Ph.D.
Economista