El Tribunal Agroambiental determinó que el área de perforación está fuera de la Reserva de Tariquía. El Gobierno anunció que impulsará el proyecto, cuyo potencial exploratorio se estima entre 2 y 4 TCF de gas natural.
Por Ernesto Estremadoiro Flores
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La resolución judicial, identificada como 7170/2026, fue destacada por representantes regionales y por el Gobierno, que anunció que impulsará el proyecto hidrocarburífero. La decisión reactivó el debate sobre la necesidad de recuperar las reservas de gas natural y, al mismo tiempo, garantizar la protección ambiental en la zona.
La dirigente del Comité Cívico de Tarija, Paola Mendoza consideró que el fallo permite aclarar las dudas sobre la ubicación del proyecto y sostuvo que la determinación judicial debería dar mayor certidumbre para avanzar con la exploración, sin ingresar a la reserva ecológica.
El dirigente de la Central Obrera Departamental, Roberto León señaló que la ubicación del pozo fuera del área protegida era conocida por distintos actores e instituciones desde la etapa de socialización del proyecto.
En declaraciones a Bolivia Tv, el especialista en hidrocarburos Jaime Balanza destacó el potencial económico del proyecto y estimó que, si se confirma la producción de gas, podría representar ingresos de alrededor de $us 16.000 millones para el país.
Se trata de una proyección que depende de los resultados exploratorios, la capacidad de producción y las condiciones comerciales del eventual desarrollo del campo.
El Gobierno apuesta por el potencial gasífero
El Gobierno anunció que impulsará Domo Oso-X3, al que atribuye un potencial de entre 2 y 4 trillones de pies cúbicos (TCF) de gas natural. La iniciativa fue presentada como una oportunidad para recuperar las reservas del país y reducir su vulnerabilidad energética.
La vocero de la presidencia José Luis Gálvez, se refirió al proyecto y sostuvo que el fallo establece con claridad que el área de exploración está fuera de la Reserva de Tariquía. Sin embargo, remarcó que esa condición no elimina la obligación de aplicar medidas de protección ambiental y cumplir las normas correspondientes.
También pidió que el proyecto no sea abordado desde una disputa política o ideológica y defendió su avance por la importancia del gas para el abastecimiento energético nacional.
El potencial de entre 2 y 4 TCF todavía debe ser confirmado mediante las actividades exploratorias. Por tanto, no representa una reserva probada ni garantiza que ese volumen pueda ser producido y comercializado.
Sin embargo, el fallo no puso fin a la oposición al proyecto. La gobernadora de Tarija, María René Soruco, pidió que el avance de las actividades esté respaldado por estudios técnicos y ambientales que garanticen la protección de las fuentes de agua.
También advirtió sobre la proximidad de las operaciones a cursos de agua y reclamó mayores garantías para evitar daños al entorno.
Desde las comunidades y organizaciones ambientalistas también surgieron cuestionamientos. Paula Gareca, ejecutiva de la Subcentral de Tariquía, anunció que los comunarios analizarán nuevas medidas de rechazo.
A su vez, activistas como María Nelly Coca sostienen que la evaluación ambiental no debe limitarse al punto donde se instalará el pozo, sino considerar los posibles efectos sobre las cuencas y las comunidades cercanas al bloque hidrocarburífero.
