Mediante la Sentencia Constitucional Plurinacional 0374/2026-S2, el Tribunal Constitucional Plurinacional determinó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no debe restringir su labor fiscalizadora únicamente al patrimonio y los recursos financieros de las organizaciones políticas.
La disposición judicial establece que el ente electoral en Bolivia tiene ahora la obligación directa de realizar un seguimiento estricto al cumplimiento efectivo de los programas de gobierno presentados durante las campañas.
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Esta medida exige verificar qué planes, proyectos y compromisos asumidos por el presidente del Estado, los gobernadores y los alcaldes se encuentran en ejecución, cuáles muestran avances y cuáles permanecen sin realizarse.

Para cumplir con este mandato, el Órgano Electoral deberá diseñar los mecanismos técnicos necesarios que garanticen este control y difundir de manera transparente los resultados ante toda la ciudadanía.
