Gobierno busca captar recursos ambientales tras viajes de Paz a España y Turquía


Aramayo destacó la participación boliviana en la Cumbre Iberoamericana y la COP31. Afirmó que el país puede movilizar financiamiento internacional mediante la conservación de sus bosques.

El Gobierno busca convertir la participación del presidente Rodrigo Paz en encuentros internacionales, entre ellos la Cumbre Iberoamericana en España y la COP31 en Turquía, en oportunidades para atraer recursos destinados al desarrollo económico y la conservación ambiental de Bolivia.



El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, explicó que la presencia boliviana en esos espacios forma parte de una estrategia para diversificar las fuentes de financiamiento y vincular la política exterior con la reactivación económica.

En una entrevista con radio Panamericana, la autoridad destacó especialmente las posibilidades que ofrecen los mecanismos de financiamiento ambiental y sostenible.

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Según indicó, Bolivia tiene un potencial importante para captar recursos mediante la preservación de sus bosques y otros patrimonios naturales.

“Bolivia tiene un potencial para movilizar recursos que puedan financiar la agenda de desarrollo desde estos mecanismos de financiamiento ambiental, de financiamiento sostenible”, afirmó.

Aramayo mencionó como referencia la experiencia de Guyana, país que, según explicó, logró generar alrededor de $us 1.000 millones mediante un mecanismo de financiamiento vinculado a la conservación de sus recursos forestales.

También señaló que países vecinos como Chile y Brasil movilizan entre $us 11.000 millones y $us 15.000 millones a través de iniciativas de esta naturaleza. En ese contexto, sostuvo que Bolivia busca incorporarse a esos circuitos internacionales.

La autoridad mencionó que territorios como la autonomía indígena originario campesina de Charagua podrían participar en esos mecanismos. Incluso planteó la posibilidad de que algunas iniciativas generen ingresos importantes para las comunidades que preservan sus bosques.

“Te imaginas, de pronto llegar a recibir cerca de 200 millones de dólares o más por preservar bosque, por poder lograr mantener el patrimonio”, sostuvo.

Sin embargo, esas cifras fueron presentadas como una posibilidad de financiamiento y no como recursos ya comprometidos o desembolsados para Bolivia. Aramayo señaló que los acuerdos relacionados con esta agenda fueron anunciados por el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Oscar Mario Justiniano, quien participó en las gestiones internacionales.

Salvaguardas ambientales y minería

La participación boliviana en la COP31, desarrollada en Turquía, también abrió el debate sobre la relación entre la reactivación económica, la actividad minera y la protección ambiental.

Consultado sobre las críticas a la política minera del Gobierno y al proyecto de un nuevo Código Minero, Aramayo aseguró que la posición oficial busca compatibilizar las actividades productivas con salvaguardas socioambientales.

“Bolivia ha fijado una posición en la COP 31, es decir, llevar adelante las actividades que permitan reactivar la economía boliviana, pero siempre respetando salvaguardas socioambientales, principios como la justicia ambiental”, afirmó.

El ministro sostuvo que el Ejecutivo pretende establecer mecanismos de protección para evitar que las actividades económicas generen daños ambientales. En ese marco, mencionó un decreto supremo reciente orientado a recuperar la Amazonía.

También reconoció que algunas operaciones mineras dejaron impactos negativos en determinados territorios. No obstante, pidió evitar generalizaciones y planteó la necesidad de avanzar hacia una minería con mayor incorporación tecnológica y menor impacto ambiental.

Sobre el Código Minero, confirmó que su discusión ingresó en una pausa para buscar consensos con los sectores involucrados. “El Código Minero, como usted bien dice, entra en pausa en la discusión, porque sí lo que se quiere es realmente generar consensos”, explicó.

Aramayo convocó a los actores vinculados con la actividad a presentar propuestas y alternativas. A su juicio, el desafío consiste en reducir la ilegalidad y la informalidad, mejorar los beneficios económicos para el país y garantizar una explotación responsable.

“No tiene sentido oponerse por oponerse, y parar procesos sin proponer”, señaló.

La autoridad añadió que el proyecto también deberá debatirse en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Insistió en que el objetivo del Gobierno es avanzar mediante acuerdos y no convertir la discusión en una confrontación entre sectores.

La entrevista no detalló montos de inversión ni créditos concretos suscritos durante la participación presidencial en España y Turquía.

El énfasis de Aramayo estuvo en las oportunidades de financiamiento ambiental y en la intención gubernamental de vincular la agenda internacional con una matriz productiva más diversificada.