Contexto y hecho relevante
El pasado 13 de junio de 2025, Bolivia fue oficialmente incluida en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), junto a las Islas Vírgenes Británicas. Esta decisión, adoptada en la plenaria del organismo celebrada en Estrasburgo, Francia responde a deficiencias estratégicas en la prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo. La medida es consecuencia directa de los resultados insatisfactorios obtenidos por Bolivia en la cuarta ronda de evaluaciones del GAFILAT en abril de 2023, y de la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades nacionales. Es importante recordar que el país, ya enfrentó observaciones del GAFI en 2011, saliendo de su lista de países con deficiencias estratégicas, recomendando reformas urgentes en 2013 tras aprobar reformas legales. Esta reincidencia evidencia la fragilidad institucional en materia antilavado. Esa lista no era exactamente la “lista gris” actual (tal como la maneja hoy el GAFI).
Causas de la inclusión
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Entre las causas principales de la inclusión de Bolivia en la lista gris se identifican las siguientes deficiencias, resultado de la inacción institucional, particularmente desde el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), entidad responsable de coordinar las acciones antilavado:
En ese sentido, el Gobierno tenia que actuar en:
- Garantizar el uso de técnicas especiales de investigación pertinentes en las investigaciones de lavado de activos.
- Implementar la supervisión basada en riesgos de agentes inmobiliarios, abogados y contadores.
- Garantizar que la información sobre el beneficiario final sea precisa y esté actualizada, y que los incumplimientos de las obligaciones se sancionen.
- Incrementar las investigaciones y los procesos judiciales por lavado de activos
Consecuencias económicas y reputacionales
Como advierte Bloomberg Línea, el ingreso a la lista gris implica:
- Mayor escrutinio en transacciones internacionales.
- Dificultades para obtener créditos multilaterales.
- Mayor cautela de corresponsalías bancarias extranjeras.
- Caída en inversión extranjera directa y acceso a mercados financieros, según estudios del FMI.
Esto impactará directamente en la banca, las remesas y la capacidad crediticia externa.
La posición del gobierno y una crítica a la inacción
El gobierno nacional respondió señalando que Bolivia habría cumplido con “más del 90 % de las recomendaciones”, culpando a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) por la falta de aprobación de leyes clave. Sin embargo, esta postura resulta insuficiente y evasiva. El Ejecutivo debía asumir liderazgo institucional, articular consensos y priorizar una agenda de transparencia y lucha contra el crimen financiero. Por tanto, Bolivia no necesita más justificaciones, sino una hoja de ruta seria, verificable y ejecutable.
Una agenda pendiente
No es la primera vez que Bolivia enfrenta sanciones o advertencias internacionales por debilidades institucionales. Lo lamentable es que, pese a las experiencias previas, se repite el mismo patrón: minimizar el problema, buscar culpables y postergar decisiones estructurales.
Por tanto, si el país aspira a salir de la lista gris en un plazo razonable, no puede permitirse nuevamente politizar esta agenda. Se requiere voluntad de Estado, transparencia, capacidad técnica y especialmente un consenso político entre todos los actores políticos en la ALP para viabilizar las normas correspondientes. De lo contrario, las consecuencias económicas serán progresivas e irreversibles.
Es así como proponemos que es el momento para exigir una reforma profunda y despolitizada del sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Bolivia no puede continuar siendo un eslabón débil en la arquitectura financiera internacional. La inacción tiene un costo, y hoy lo estamos pagando.
Conclusión
El ingreso de Bolivia a la lista gris es resultado directo de la inacción institucional y la falta de prioridad política al tema. Este es un golpe a la credibilidad y competitividad del país en momentos económicos críticos. Salir de esta condición requiere voluntad política real, una hoja de ruta transparente y supervisión internacional. Culpabilizar a terceros es estéril; actuar es imprescindible.
Por: Bismarck Javier Arevilca Vásquez, Ph.D.
Economista