La Defensoría del Pueblo manifiesta su profunda preocupación, consternación y solidaridad con la familia de una adolescente de 15 años, quien falleció el 8 de junio de 2025, mientras estaba bajo protección estatal en el Centro de Atención a Víctimas de Trata y Tráfico de Personas del Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES) de La Paz.
Fuente: https://www.defensoria.gob.bo
Tras el conocimiento del hecho, la Delegación Defensorial Departamental de La Paz inició la investigación defensorial de la adolescente que fue acogida en el Centro el 13 de abril, tras haber sido identificada como víctima del delito de trata de personas. El 5 de junio, habría sufrido una caída desde el segundo piso cuando intentaba ingresar a su dormitorio, por lo que fue trasladada al Hospital de Clínicas, donde lamentablemente perdió la vida, el 8 de junio. El caso se encuentra en investigación a cargo del Ministerio Público.
Frente a este hecho, se recuerda que el Estado tiene la obligación de proteger integralmente a niñas, niños y adolescentes, en cumplimiento de la Constitución Política del Estado (arts. 60 y 61), la Ley N° 548 (Código Niña, Niño y Adolescente) y la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta obligación incluye el deber de garantizar entornos seguros, adecuados y con personal capacitado, más aún cuando se trata de víctimas de delitos graves.
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Los centros de acogimiento tienen la responsabilidad directa de resguardar la integridad física, emocional y psicológica de las y los adolescentes bajo su tutela; y para ello, deben implementar protocolos de atención y supervisión continua, establecer mecanismos eficaces de prevención de riesgos, y actuar de manera oportuna y diligente frente a cualquier incidente, conforme a los principios de corresponsabilidad, interés superior y prioridad absoluta.
Preocupa de manera especial que, hasta la fecha, no se hayan dado a conocer los resultados de la valoración médico forense ordenada por el Ministerio Público, ni las medidas adoptadas por el SEDEGES ante este lamentable hecho. Estas acciones vulneran el derecho a la información, transparencia y garantías procesales, más aún, tratándose de una adolescente en custodia del Estado.
En ese marco, la institución defensorial emitió requerimientos de información escrita tanto al Ministerio Público como al SEDEGES, además de establecer contacto con la madre de la adolescente para recabar elementos adicionales y verificar si existieron omisiones, negligencias o vulneraciones a sus derechos durante el periodo en que permaneció en el centro.
La Defensoría del Pueblo exige al SEDEGES La Paz un informe detallado y transparente sobre lo sucedido, insta al Ministerio Público a desarrollar una investigación pronta, imparcial y rigurosa; y recuerda a las instituciones su deber de actuar con la debida diligencia reforzada en casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia.
Asimismo, la Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso con el seguimiento activo del caso, con el firme propósito de evitar que se repitan estos hechos y se esclarezca el mismo. La vida de una adolescente no puede ni debe ser tratada con indiferencia. Su muerte, ocurrida mientras se encontraba bajo protección del Estado, interpela de manera directa a las instituciones responsables y exige una respuesta clara, firme y transparente.